Negocio salado

El pasado jueves 9 de mayo, en la Casa de Nariño se llevó a cabo una reunión encabezada por Catalina Crane, alta consejera presidencial para la Gestión Pública y Privada y miembros de los ministerios de Comercio, Minas e Interior. El tema era uno solo: analizar el futuro de la empresa Salinas Marítimas de Manaure (Sama), cuya situación es crítica.

Desde finales de 2010, la empresa cayó en un bache provocado por el caos administrativo. “No existe información contable anterior al mes de septiembre de 2012… la sociedad no cuenta con una relación actualizada, detallada y discriminada de las obligaciones vencidas…”, señala, entre otros reparos, un documento que se dio tras la visita de funcionarios de la Superintendencia de Sociedades a la compañía en abril de este año.

Por si fuera poco, a partir de marzo de 2011 Sama (cuya composición accionaria está en tres asociaciones indígenas –Sumain Ichi, con 36%; Waya Wayuu, 30%, y Asocharma, 10%– y el municipio de Manaure, con 24%, tras la cesión que les hizo el Gobierno a mediados de la década pasada) no ha cumplido con obligaciones, como por ejemplo el pago de regalías, que ascienden a unos $1.600 millones, tampoco ha renovado la póliza minero ambiental que se venció en agosto de 2012 –de la que se derivaron multas– y no ha pagado la inspección de fiscalización, entre otros incumplimientos.

Pero, además, la sociedad tampoco ha atendido el compromiso estipulado en la escritura de constitución, según el cual debía contratar a más tardar el 1 de julio de 2006 a un operador privado para desarrollar las labores de explotación de las salinas. Según Francisca Freyle Mengual, alcaldesa de Manaure, en la escritura se condiciona a que si en determinado tiempo no han contratado al operador, el Estado retomaría la administración, “como en efecto lo hizo en 2009. Pero los indígenas demandaron y el fallo fue a favor de ellos”, dice.

De hecho, la tarea de administración del centro salinero de Manaure la asumió Fiducoldex en 2009, como uno de los últimos encargos que hizo IFI Concesión Salinas antes de su liquidación, hasta 2011, cuando la junta directiva de Sama decidió dar por finalizado el contrato de encargo fiduciario con Fiducoldex y manejar directamente la operación.

¿Por qué una actividad empresarial que podría ser muy parecida a cualquier otra, escala a niveles de la propia Presidencia de la República? La gravedad de la situación radica es que este centro salinero representa la infraestructura de producción de sal más grande del país, con capacidad para generar 500 millones de toneladas al año y unos activos que podrían superar los $60.000 millones. Pero además tiene un alto impacto social: de él dependen laboralmente cientos de familias indígenas de esta región de la Guajira.

Así las cosas, el Gobierno está ante una encrucijada. Los incumplimientos podrían llevar a la caducidad del contrato de concesión, que revertiría al Estado, o buscar una salida para garantizar la supervivencia de la empresa y empleo y bienestar para la región.

Hasta el momento, la Agencia Nacional de Minería (ANM) ha aplicado la excepción que está consagrada en el artículo 115 del Código de Minas, en la que se señala que puede imponer multas para no declarar la caducidad del contrato, por razones de interés público.

En qué va

Sama sigue en un proceso complejo. De acuerdo con la alcaldesa, la administración pasada de la firma –en cabeza de Jorge Ibarra– dejó desequilibrada la empresa y con “contratos de suministros lesivos para la compañía. Hoy estamos analizando la posibilidad de desmontarlos. Sama vive un embargo que la tiene en las peores condiciones financieras”, dice la funcionaria. Además, avanzan procesos judiciales contra Ibarra.

“Esa pregunta hágasela a Mandrake”, responde Juan Walberto Barros, el nuevo gerente de la empresa, al consultársele por los resultados financieros de la compañía en los últimos años. “Ahora estamos en el trabajo de recuperar la empresa –agrega–. Hoy tenemos cuatro cristalizadores en producción que representan unas 120.000 toneladas y cuatro más en proceso de adecuación que entran a final de año. Nos garantizarían unas 250.000 toneladas”.

A finales del año anterior se abrió el proceso para operar el centro salinero. “Solo se presentó un concursante y al final se retiró porque consideró que no había garantías. Hemos recibido otras visitas y se van, prometiendo volver, pero no hay nada concreto”, agrega Barros.

La Alcaldía de Manaure y la actual administración de Sama están muy interesadas en que llegue un operador. “Necesitamos un operador privado que venga a invertir y que el Gobierno nos acompañe en dar las garantías”, dice la alcaldesa Freyle.

Los inversionistas no se han convencido. “El proyecto nos seducía. Lo que no nos gustaba era lo que lo rodeaba”, dice uno de ellos. Según él, la sal es de alta pureza, pero la infraestructura está en situaciones lamentables. “Es un despelote”, agrega.

Además, añade que hay varias exigencias difíciles de cumplir. Adecuar los canales implica una inversión cercana a los US$10 millones; el uso del puerto es obligatorio pero su situación es muy precaria; exigen que el transporte de sal por tierra se haga con las cooperativas de la zona, cuyo costo está casi diez veces por encima de la tarifa normal. “Pero tal vez lo más difícil es que se trata de una zona complicada, donde poner a las tres asociaciones de acuerdo es muy difícil”, añade.

¿Qué salidas hay? Sama solicitó en febrero pasado ante la Superintendencia de Sociedades que fuera admitida en el proceso de reorganización empresarial, situación que hoy está siendo analizada. Otra salida que se estudia jurídicamente es que el control de la empresa sea asumido por dicha Superintendencia, le permita reestructurarla e, incluso, facilitar la llegada de un operador privado.

En las próximas semanas se conocerá el futuro de la compañía, que vive un presente muy amargo. En manos del Gobierno y la nueva administración está la decisión para que este no sea un negocio salado.