Crisis en Manaure: el caos en la operación de las salinas

Mientras las miradas en el país durante los últimos días se han enfocadas en las protestas de Buenaventura y Chocó, en otra región la tensión ya supera los 70 días y está a la espera de soluciones.

Se trata de la operación de las Salinas de Manaure, en La Guajira, una de las regiones más complejas por la concurrencia de intereses, culturas y visiones de los diferentes grupos sociales, empresariales, de transporte, sindicales, indígenas y políticos de la región. Con más de 70 días en paro, al cierre de esta edición se convocó a un tribunal de arbitramento para definir el futuro de la operación en materia laboral.

Las Salinas de Manaure son la principal fuente de empleo de la Alta y Media Guajira y de ella dependen unas 8.000 familias.

“Este ha sido un año letal: de 5 meses, 4 han sido de paro, huelga y saboteos”, asegura Luis Arciniegas, gerente de Salinas de Manaure (Sama).

Las tensiones no son nuevas y las dificultades en la operación y los errores administrativos del pasado condujeron a que Sama, en 2014, se acogiera a la ley de reestructuración empresarial. Uno de los procesos que más la han afectado tras su creación es que hay unos recursos superiores a los $5.000 millones que hoy están en el tesoro nacional, pero le pertenecen a Sama, y aún no se ha encontrado la fórmula legal para devolver esos dineros.

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La decisión de acogerse a la reestructuración llevó, además, a un proceso de invitación pública liderado por el promotor Luis Fernando Alvarado, de la Superintendencia de Sociedades, para que un privado operara las salinas. Mostraron interés más de 100 empresas, pero solo dos llegaron a la puja. Big Group Salinas Colombia (BGS), una estructura empresarial venezolana que había operado las salinas de Araya en el vecino país, se quedó con la operación. Según la compañía, para iniciar giró $3.000 millones destinados al pago de sueldos y prestaciones atrasados.

Cuando se creía que el camino estaba despejado y la normalización en la operación ya estaba dada, empezó una huelga de trabajadores que, según el líder sindical Jorge Dugand, exigía en su momento más de 70 puntos, que tenía entre los aspectos neurálgicos la prórroga de la estabilidad laboral acordada hasta diciembre de 2017 y que se garantice el pago de unos recursos superiores a los $4.500 millones que Sama quedó debiendo, antes de la llegada del operador, entre otros.

Foto: Luis Fernando Alvarado, promotor del acuerdo de reorganización de Sama.

Pero también se revivieron problemas con operaciones mineras ilegales, bloqueos de transportadores y tensiones sociales.

En declaraciones a medios locales, el sindicato advirtió que no va a levantar la huelga y exige la terminación del contrato de operación y que se les entregue a ellos la empresa. Además, no se permitió la entrega de los inventarios de la compañía al Inspector de Trabajo y al Delegado de la Comisión de Asuntos Laborales y Salariales y al cierre de esta edición se esperaba la visita de la viceministra de Trabajo, Mariela Barragán.

La presión social por la inactividad es muy fuerte, pero también sigue saliendo sal de manera ilegal. Como advirtió una persona conocedora del tema y de la región, “la situación es insostenible y pasa a convertirse en un serio problema de orden público”.

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También hay preocupación porque la protesta lleve a un bloqueo en el ferrocarril de El Cerrejón.

La importancia

¿Cuál es el atractivo de la operación? Manaure estaría en capacidad de producir un millón de toneladas de sal al año, aunque hoy está paralizada. El consumo anual de sal del país puede ser cercano a las 800.000 toneladas al año. Brinsa y otros jugadores en Nemocón y Zipaquirá producen 600.000 y el país importa las 200.000 restantes de Chile, México y el Caribe. El potencial que está viendo el operador es hacia mercados internacionales, pues la sal tiene centenares de usos y el hemisferio tiene la posibilidad de asimilar esa producción.

Para ello, BGS solicitó ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) una concesión portuaria que representaría inversiones superiores a los $15.000 millones, siendo una de las estrategias más importantes para recuperar las salinas. Además, estima inversiones en los próximos dos años por unos $53.000 millones en ese complejo.

La compañía asegura que se encuentra cercada para el desarrollo de la operación, “porque el interés de muchos es apropiarse de las 950.000 toneladas que se han acumulado desde el inicio de la operación, cuya comercialización es imposible sin el puerto, pero que representan un atractivo para todos los que se benefician del desorden”, dice Ismael Enrique Arciniegas, vicepresidente de BGS.

Uno de los principales acreedores es la Agencia Nacional de Minería (ANM) que reclama cerca de $4.000 millones en regalías, reconocidos en la reorganización. En este sentido, para formalizar la actividad, se creó el registro minero que tiene un certificado expedido por la ANM, y eso hace que se pueda controlar la venta de sal cuya producción es ilegal. Pero la medida no ha sido suficiente, pues sigue saliendo producto sin autorización.

La discusión

De cara al futuro, la situación pasa por el interés de los gremios de retomar el control de la operación, una eventual renegociación y la vida legal de la reestructuración de Sama.

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Arciniegas, de Sama, asegura que vienen trabajando en el campo contable para consolidar las cifras que debe la empresa y cuál debe ser la contraprestación. Según sus cuentas, grosso modo, los pasivos concordatarios suman más de $7.000 millones, los posconcordatarios unos $3.500 millones y el pasivo laboral es superior a los $4.000 millones. De acuerdo con él, la cifra podría acercarse a los $16.000 millones.

“El flujo de caja que presenta el operador señala que, a partir de 2018 –cuando ya deben tener puerto construido–, deben estar vendiendo más de un millón de toneladas. Con esas cifras claras pudiéramos renegociar el acuerdo y llegar a un monto en la contraprestación del contrato para cumplir los compromisos”, señala Arciniegas.

Sin embargo, para la empresa, la situación no es tan clara. “Renegociarlo es muy difícil porque el problema no está en que la remuneración de Sama sea muy baja sino que está en la operación ilegal y los costos del transporte, que están cartelizados. A eso se suma que, sin puerto, no podamos sacar las cantidades necesarias o las que están en expectativa”, dice Arciniegas, de BGS.

Para Alvarado, promotor del acuerdo, es necesario modificar el contrato con BGS para adaptarlo a la realidad de hoy y sobre ese flujo estructurar el acuerdo de pagos.

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Según él, la situación legal frente al acuerdo de reestructuración de Sama es delicada, porque el plan de pagos fue declarado nulo por la Superintendencia de Sociedades hace más de dos años, por cuanto no se estableció pago de intereses para los fondos de pensiones y cesantías en el acuerdo.

“En la medida en que no exista un modelo financiero estructurado sobre una nueva realidad económica y financiera hoy, no puede haber acuerdo de reestructuración y desde hace dos años estamos en las puertas de la liquidación de Sama. Es la única concesión minera adjudicada por ley y si se liquida se extingue la concesión”, dice. ¿Qué hacer? Para Alvarado, es indispensable que la ANM como acreedor mayoritario pueda conceder los plazos y se compadezca del flujo de caja que se genere en la operación porque es la única fuente de recursos. “Estaban a 5 años y posiblemente se necesite más tiempo”, agrega.

Frente al interés de retomar la operación por parte de los jugadores de la región, para Arciniegas, de Sama, no es viable. “Desde la gerencia le hemos dicho a la comunidad que es un contrato que podemos mejorar. No es posible salir a decir que vamos a operar el centro, porque, ¿con qué recursos? Para explotar la sal hay un costo de sostenimiento que mensualmente se aproxima a $500 millones. No podemos administrar directamente, toca a través del operador que tiene el músculo financiero”, advierte.

No solo el futuro de la operación de las Salinas de Manaure está en riesgo, también el de gran parte de La Guajira. El Gobierno tiene que buscar mecanismos que permitan la sostenibilidad del negocio, con transparencia y eficiencia.

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