Alivios a costos en universidades para evitar deserción estudiantil se retomarán la próxima semana

La pandemia del coronavirus no solo les cerró las puertas físicas a los estudiantes en colegios y universidades y obligó a la educación virtual, sino que produjo un crecimiento en las cifras de deserción.

La educación pasó de la presencialidad a la virtualidad y poco a poco se ha venido recuperando la asistencia de los estudiantes en las aulas, aunque esta medida sigue siendo parcial debido a que las cifras de contagios siguen preocupando y la vacunación apenas arranca.

Hasta este viernes se han registrado 2.290.539 personas contagiadas y 60.858 fallecidas por la covid-19 en Colombia, mientras que 589.208 han sido vacunadas, de acuerdo con el reporte más reciente del Ministerio de Salud.

No obstante, la pandemia no solo ha producido la deserción de estudiantes universitarios, también han influido en el fenómeno costos pecuniarios que deben asumirse tras el inicio de las clases. Por eso, en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca reglamentar esos costos adicionales a la matrícula.

La iniciativa se encuentra pendiente para tercer debate en la Comisión Sexta del Senado, que retomará su estudio la próxima semana al reiniciarse las sesiones del Congreso de la República.

Los autores de esta propuesta son Martha Villalba (Partido de la U), Milene Jarava (Partido de la U), Emeterio Montes (Partido Conservador) y Ciro Rodríguez Pinzón (Partido Conservador), quienes señalaron que con la iniciativa se busca beneficiar a estudiantes de instituciones de educación superior (IES) tanto públicas como privadas, eliminando las barreras de acceso a la educación superior.

Según la congresista Martha Villalba, “esta es una iniciativa legislativa que busca reglamentar todos los costos pecuniarios para que nuestros jóvenes puedan culminar sus carreras profesionales y así mejorar y avanzar en mejorar su calidad de vida, eliminando barreras injustificadas y garantizando la eficacia del derecho a la educación”.

En el caso de las IES públicas, el proyecto contempla que el valor de todos los costos pecuniarios y aquellos destinados a mantener un servicio médico asistencial para los estudiantes se fije teniendo en cuenta una evaluación socioeconómica previa, la cual deberá informarse al Ministerio de Educación para efectos de inspección y vigilancia. En el caso de las IES privadas, estas no podrán incrementar el valor de estos rubros en más de un 10 %.

De otro lado, el articulado del proyecto establece que las IES públicas y privadas fijarán el plazo para efectuar el pago de la matrícula ordinaria, el cual no podrá ser inferior a veinte días calendario, a partir de la entrega del respectivo recibo. Además, que el incremento para la matrícula extraordinaria no podrá exceder el cincuenta por ciento (50 %) de la inflación del año inmediatamente anterior.

Sobre lo anterior, la congresista agregó que “los problemas socioeconómicos son la principal razón de abandono en las instituciones de educación superior en el país. Entre las causas más comunes que vemos con respecto a la deserción están los bajos ingresos familiares, el desempleo, la incompatibilidad entre trabajo y estudio, y la falta de apoyo familiar”.

Lea aquí el texto del proyecto:

Al justificar la necesidad de que se pruebe la iniciativa, la ponencia revela cifras preocupantes sobre los efectos de la deserción dependiendo del estrato social de los estudiantes.

⦁ El 48,3 % son de estrato 2, el 36,7 % se ubicó en el 3, el 10,8 % en 1 y solo el 4,2 % corresponde al estrato 4.

⦁ Otro elemento a tener en cuenta es que el sostenimiento económico de los desertores depende ostensiblemente de su familia (el 86,7 %), y como los estratos 1 y 2 dependen más de una economía informal o empleo disfrazado, sus ingresos, además de ser exclusivamente para subsistir, no son constantes, de modo que siempre están expuestos a la incertidumbre de no generar los suficientes.