Continúa el cobro de bonos en colegios privados

Ingresar en una institución de educación privada requiere de mucha solvencia económica. Además del costo de la matrícula, los útiles, muchos colegios obligan a los padres a pagar un bono adicional que oscila entre los 8 y los 16 millones de pesos. Semana Educación conoció el testimonio de varios padres que denunciaron la forma en la que los colegios evaden la ley que les prohíbe añadir este tipo de sobrecostos a las matrículas.

Los colegios privados podían hace unos años recibir aportes de los padres de familia al momento del ingreso de estudiantes nuevos a través de asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro. Se trataba de un cobro que supuestamente iba destinado a garantizar la calidad en la educación.

A través de la Ley 115 de 1994, el Ministerio de Educación (MEN) entró a regular esos cobros, al ser considerados excesivos. “No está permitido que las instituciones cobren tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de matrículas y pensiones”, indica el documento legal.

Con la entrada en vigencia de la norma, los colegios privados cambiaron la forma de recaudar dineros extraordinarios con el fin de evitar ser amonestados. Según pudo saber Semana Educación tras hablar estos padres, al estudiante que es aceptado se le exige realizar una inversión a nombre de una fiducia que se constituye a favor del colegio. A los tutores del niño se le garantiza que si el estudiante se retira por algún motivo o termina su actividad escolar le estos recursos le serán devueltos.

La fiducia es un tipo de contrato por el cual una persona le transfiere a otra uno o más bienes para que los administre por un tiempo determinado, en beneficio de él mismo o de un tercero.

Con esta modalidad de pago, los dineros no ingresan directamente en las cuentas del colegio, sino que son los rendimientos producto de su manejo los que quedan a favor de la entidad. Una laguna legal asociada a la Ley 115 de 1994 que les reporta beneficios.

¿Es legal?
Desde el punto de vista jurídico, este manejo de los recursos no incurre en una ilegalidad. Para los padres consultados, no es aceptable que como requisito para ingresar a una institución se solicite una suma de dinero tan elevada como un supuesto aporte o inversión. Y aunque se fije como condición la devolución de los recursos al inversionista.

Es requisito obligatorio
Los padres deben acreditar una solvencia económica suficiente para cubrir los gastos del colegio y una forma de hacerlo es a través de la inversión que realizan al momento de efectuar la matrícula.

El problema para los padres es que los dineros invertidos no sirven para amortizar deudas futuras. Es más, cuando se efectúa la devolución de los recursos a los inversionistas, es la misma suma que fuera entregada inicialmente. Es decir, no obtienen ninguna ganancia, tampoco intereses.

¿Quién vigila a las instituciones?
Las Secretarías de Educación son las encargadas de vigilar y controlar que los colegios privados cumplan con lo estipulado en la ley. También son las responsables de fijar las sanciones necesarias para que estos casos no se sigan presentando.

Al respecto, la Secretaría Distrital de Bogotá (SED) señaló que actualmente existen 38 demandas en proceso frente al tema de costos de matrícula y útiles inútiles. Sin embargo, todavía y en lo que va de año no se han registrado denuncias por el cobro de bonos. Los responsables de la SED hicieron un llamado para que las familias materialicen sus quejas por internet, en las direcciones locales o en atención al ciudadano.

Para estar enterado sobre las noticias de educación en Colombia y el mundo, síganos en Facebook y en Twitter.