Qué hacer con los colados en TM: ¿pedagogía, sanción o escarnio público?

Saltan por encima de las registradoras o ingresan por las puertas de acceso a los articulados. Nada detiene a las más de 70.000 personas que a diario entran a Transmilenio sin pagar el pasaje, ni siquiera las famosas puertas ‘anticolados’. Tienen cierre hermético, son más robustas y costosas que las tradicionales de vidrio –valen 4,3 millones de pesos– y cuentan con una alarma que se dispara al detectar cualquier bloqueo, pero no son suficientes.

Lo comprobó una foto viral de una mujer que con su pie obstaculizaba el cierre de una de las nuevas puertas de la estación Calle 57, en la avenida Caracas. Y es que invertir en infraestructura no basta para frenar a los colados que, según cifras oficiales, en 2014 le representaron al sistema pérdidas por 1700 millones de pesos mensuales, unos 20.000 millones al año. Eso, por no hablar del costo humano: en 2014 ocho personas fallecieron al intentar escabullirse en alguna estación y dos más, este año.

Entonces ¿qué hacer con los colados? Algunos medios de comunicación y hasta el mismo alcalde Gustavo Petro optaron por el escarnio público, con la esperanza de que el dedo acusador de familiares, amigos y vecinos los persuadiera de hacerle ‘conejo’ al sistema. Liliana Jara, especialista en Psicología Clínica Comportamental, apoya este método.

“Actuamos para lograr una recompensa o evitar un castigo. Entonces, si los infractores no reaccionan ante los estímulos positivos, hay que sancionarlos, con la cárcel o una multa, o mejor aún, hay que publicar sus nombres y sus rostros en las redes sociales para que dejen de colarse por temor al escarnio público o a la segregación social”, dice Jara.

En contraste, los académicos apuestan por la pedagogía, más que por el rechazo público o el aislamiento. Aplicarlos es válido, dicen, pero son insuficientes para evitar que un mal comportamiento se repita en el tiempo. Para José Stalin Rojas, director del Observatorio de logística y movilidad del Centro de investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, “la experiencia de Mockus demostró que en sus inicios Transmilenio era apreciado por los ciudadanos y se veía como un símbolo de Bogotá, pero ocurrió el fenómeno de la ventana rota. Cuando se perdió el referente ético del alcalde, empezamos a tolerar comportamientos inadecuados dentro del sistema y se llegó a la situación actual”.

Y es que entrar al sistema de transporte masivo sin pagar es un signo de un problema más grave: el deterioro de la cultura ciudadana. Una palabra muy de moda por estos días, que va más allá de recurrir a mimos, payasos o ‘flashmob’ dentro de las estaciones y no se construye de la noche a la mañana. Se trata de cumplir las normas sin tener un policía al lado.

Clara López, aspirante a la Alcaldía por el Polo Democrático, coincide con esta posición. “No faltará quien pida cárcel para los colados. La sociedad no puede resolver con código penal lo que no ha logrado con educación”, publicó en twitter. En contraste, Francisco Santos, precandidato por el Centro Democrático, aseguró que los colados son “un síntoma del cáncer de la falta de autoridad en la ciudad. Con un cuerpo especializado de seguridad se puede resolver el problema pero se requiere un sentido de autoridad del alcalde”, declaró.

La duda es si hay un suficiente pie de fuerza para que la Policía asuma la tarea de vigilar y capturar a los miles de colados que a diario asaltan el sistema y de paso el bolsillo de los contribuyentes que, al ser insuficiente el recaudo de pasajes, mantienen a flote el sistema con sus impuestos.

Otra propuesta, también con un enfoque punitivo, surgió en el Consejo de Bogotá y prevé que la Policía Metropolitana expulse del sistema a los infractores y los sancione con trabajo comunitario en parques, colegios, estaciones y rondas de limpieza en ríos y humedales.

En las redes sociales también se ha discutido sobre imponerles multas a los colados, entre diez y cincuenta salarios mínimos legales diarios, y hasta se ha hablado de detenerlos 24 horas en las UPJ y demandarlos por daño en bien ajeno.

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