Colombia, rezagada en la compra de textos escolares para colegios públicos

La pandemia ha presentado innumerables retos para el sector educativo, específicamente en Colombia, en donde hay aproximadamente 10 millones de estudiantes matriculados en preescolar, primaria y básica secundaria, de los cuales el 81 % están en colegios públicos y el 96 % de los municipios del país no tiene acceso suficiente a Internet o a un computador.

La brecha educativa entre lo público y lo privado, en la cual los estudiantes de los colegios oficiales obtienen en promedio menor puntaje global que los colegios privados en la prueba requisito para la entrada a la educación superior, requiere medidas inmediatas por parte de las instituciones estatales dado que en estos meses los colegios han estado cerrados.

Por esta razón, desde la Unicef y la Unesco se ha hecho un llamado a los gobiernos para invertir en los denominados “paquetes educativos” con acceso a esos contenidos (digital, radio, televisión o impresos) que permitan interacción y retroalimentación por parte de los maestros, más en medio de esta pandemia.

Desde la Cámara Colombiana del Libro llamaron la atención de que Colombia no invierte al igual que en otros países en la dotación de elementos didácticos que sirvan en los colegios públicos.

Cifras de la entidad indican que en 2019, antes de la pandemia, en Colombia la industria editorial facturó $798.838 millones, de los cuales 33,4 % correspondían a libros didácticos, categoría en la que están los textos escolares. Le siguieron libros de interés general con un 38,3 %, los del subsector técnico y científico con un 21,4 % y el subsector religioso con un 6,9 %.

A pesar de esto, las compras públicas de textos escolares no son significativas, pues en 2019 el monto alcanzó los $33.636 millones, comprados a la industria editorial. Este valor representa el 4,2 % de las ventas del sector editorial, cifra muy distante del 40 % y el 50 % que representa la venta de la industria editorial al Estado en otros países de América Latina.

Según la Unesco, “la cantidad de dinero que un país destina a materiales y recursos didácticos es un buen indicador de su compromiso de ofrecer una educación de calidad para todos”, lo cual reitera Unicef-PNUD en el documento “Covid-19 y educación primaria y secundaria: repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y el Caribe”.

Allí señala que se debe asegurar la disponibilidad de textos y materiales educativos necesarios para continuar con los procesos de aprendizaje.

Esto es especialmente importante para los estudiantes más pequeños, que requieren materiales para escribir, colorear y manipular. En la medida en que se reabran las escuelas, estos materiales se podrán entregar en los momentos de presencialidad.

De lo contrario, se hace necesario planear para enviar materiales a los hogares, como lo han hecho varios países durante la emergencia, puntualiza.

Recientemente, en el mes de agosto, por solo mencionar un caso puntual de la región, el gobierno mexicano realizó la entrega de 161 millones de textos escolares para los 36 millones de estudiantes que cobija la educación pública en este país.

Esto, aunque no es novedad en México, ya que es una política pública que el Gobierno dote de textos escolares a toda la población estudiantil, sí llama la atención debido a las particulares circunstancias de este año y a los retos que tuvieron que enfrentar para su entrega en todo el territorio.

Para Enrique González Villa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, ‘lectura’, ‘libro’ y ‘bibliotecas’ son palabras clave en la construcción de cultura y educación y para ello es indispensable que, desde el Gobierno nacional, haya una política clara para la dotación de materiales y recursos educativos en las aulas.

“Estos meses nos han demostrado que los estudiantes deben contar de manera permanente con las herramientas necesarias, no solo en el aula, sino también en sus hogares. Esta es la oportunidad para que desde las instituciones públicas se tomen medidas para garantizar que todos los niños en el país cuenten con los recursos educativos básicos, que nos permitan cerrar esa brecha entre lo público y lo privado, que, con esta situación, no ha hecho más que incrementarse”, dijo González, quien pidió que el asegurar la disponibilidad de textos y recursos educativos sea una política de Estado.