¿Cómo educar para no formar futuros corruptos?

La corrupción en el país ha sido noticia en los últimos días por la coyuntura de Odebrecht y Estraval. Pero estos no son casos aislados. En Colombia, la corrupción se manifiesta de muchas formas, solo que algunos sucesos no tienen tanta repercusión. Por ejemplo, nombrar a personas cercanas para ostentar cargos públicos y, a cambio, sumar su apoyo o financiar campañas políticas y recibir contratos en retribución.

Sin embargo, también hay que recalcar los hitos positivos que han caraterizado al país en la lucha contra la corrupción y que brindan algo de luz ante la naturalización de este tipo de actos y delitos. Colombia es uno de los pocos estados del mundo que mete sus políticos en la cárcel. Lo hizo con el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno y con Juan Francisco “Kiko” Gómez exgobernador de La Guajira. De hecho, parece que la clase política está despertando de su letargo y cada vez son más las figuras que denuncian esta tendencia de sus compañeros de profesión a “robarse la plata”. Claudia López y Sergio Fajardo son dos ejemplos de esta lucha.

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La corrupción es una característica que identifica a Colombia y a varios países de Latinoamérica. “En Estados Unidos y Canadá, en general, hay un sentido ético por lo público, y puede que haya lobby y otras formas de hacer política, pero la mayoría de la gente, los contratistas, no van por los recursos públicos”, señala Ángel Pérez, docente e investigador infantil.

También la incidencia del narcotráfico, que en los ochenta vio su punto máximo y permeó a una gran parte del Estado y de la sociedad, justificaron durante mucho tiempo la creencia de que el dinero fácil e ilícito era el camino. Según el padre Vicente Durán Casas, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana, el narcotráfico es un fenómeno complejo que se traduce en que “muchos jóvenes, generaciones, han aprendido que son normales ciertas prácticas, aunque no sean sociales o públicamente reconocidas, pero se asume que eso es así y no puede ser de otra manera”.

Evidentemente un gran número de personas que accede a los cargos públicos ha estudiado en los mejores colegios y universidades, no solo en el país sino en el exterior. “La educación y la cultura llevan a la gente a los nichos de la política, y estos están copados por la corrupción”, asegura Edgardo Villamil, docente de la Universidad Nacional y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. Tener acceso a la mejor educación en Colombia supone la posibilidad de entrar en unas redes de amistad, de compartir espacios e intereses, donde se generan complicidades, se hacen favores. “Los grandes acuerdos de corrupción se dan, en buena medida, en clubes”, sostiene Villamil.

El papel de la educación

Pensar en el otro, ponerse en sus zapatos, no es habitual en gran parte de la sociedad colombiana. Por esto mismo no se valora lo público y, por lo tanto, esos que no piensan en el bien común y tienen cargos políticos se roban el dinero. Para Diego Cagüeñas, director del Centro de Ética y Formación Académica del Icesi, algunos actos, aunque no sean considerados tan graves, explican de alguna manera por qué lo público no nos importa: la persona que no deja dormir porque pone la música a todo volumen en las noches entre semana; el que se pasa el semáforo en rojo porque tiene afán, y ese afán está por encima de la seguridad de los demás. “Hay una incapacidad de entender qué es vivir en sociedad. Compartir cosas con los demás implica una serie de sacrificios y dejar de ser siempre uno la prioridad”, asegura.

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La gente debe entender por qué ciertas cosas no se deben hacer, y para eso se deben fortalecer las competencias ciudadanas, las habilidades socioemocionales, que son fundamentales para la convivencia. Las instituciones educativas tienen una responsabilidad y, aunque no son las únicas encargadas de formar a la persona en valores, tienen una tarea principal en formar ciudadanos respetuosos y tolerantes. “Desde el colegio y la universidad se debe fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de ponerse el lugar del otro, hacerse responsable de las conductas propias”, asegura Cagüeñas.

Las familias también juegan un rol clave en esta configuración de personas respetuosas. “Cuando los papás les enseñan con su ejemplo a sus hijos que es permitido mentir, que es permitido engañar, que es permitido sacarle el cuerpo a la ley, ir en contravía cuando no hay policía o parquear donde está prohibido, se asimila que eso es así en todo. Como no me ponen sanción, se puede hacer”, sostiene Durán Casas.

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En caso contrario, el niño aprenderá que el fin justifica los medios y entonces, cuando crezca y esté en una empresa, en la vida pública, en la política, pondrá en práctica ese proceder: que cuando tiene un objetivo y quiere lograrlo, no hay límites, todo es permitido. “Eso se aprende desde niños, cuando se convive con los demás y se interactúa con lo público. Es en ese instante cuando se debe enseñar con el ejemplo, más que con palabras y con discursos.

Ángel Pérez considera que no se pueden hacer lineamientos curriculares y es difícil educar en competencias ciudadanas si no se logra, primero, que las facultades de educación formen bien a sus maestros. Para él, el Ministerio de Educación (MEN) debería desarrollar un programa que forme en competencias ciudadanas a estudiantes y docentes y que cuente con la opinión de expertos que puedan ir a instruir en las escuelas sobre esta materia. “Las decisiones del MEN deben bajar a las secretarías de Educación, de ahí a los colegios, por esa vía a los maestros y por esa vía a los estudiantes y padres de familia. Falta liderazgo del Ministerio”, concluye.

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Para Cagüeñas el problema central es que la formación en ética cada vez es más relegada de la formación profesional. Los estudiantes pasan por la universidad y nunca se plantean preguntas específicas sobre los dilemas en que cada una de sus carreras se enfrentan. Entonces salen a ejercer su oficio y no tienen ningún tipo de herramientas, más allá del sentido común, para enfrentar problemas propios de ser contador, ser abogado, o ser médico. Se deben volver “a modernizar las profesiones, que los estudiantes tengan la capacidad de preguntarse cuáles son algunos de los retos morales, éticos, propios de su profesión, antes de graduarse”.

¿Qué dicen los números?

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo en días pasados: “El 50 % de los condenados por corrupción no pagan cárcel, el 25 % reciben casa por cárcel y el otro 25 % pagan menos de dos años”. Por su parte, el contralor Edgardo Maya estimó en 40 o 50 billones de pesos las pérdidas del país por corrupción.

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Si bien es difícil hablar de números, pues estos varían según las declaraciones de unos y otros, es claro que la corrupción le quita mucha plata al país, retrocede obras y embolata recursos que se dejan invertir en sectores como el de educación. En un comunicado de la Contraloría General se expone que en 24 departamentos que han recibido recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) se han presentado “irregularidades con incidencia fiscal que totalizan 62.481 millones de pesos”.

Por otro lado, está la versión de expertos y empresarios que evalúan el nivel de corrupción del país por medio del Índice de Percepción de la Corrupción 2016 (IPC), publicado por Transparency International a finales de enero de este año. El IPC muestra que en Colombia hay una percepción de 37 puntos sobre 100 (0 es la mayor percepción de corrupción y 100, la menor) lo que indica que no hay confianza en el sector público. Colombia se ubica en este ranking en la posición 90, dentro de una lista de 177 países evaluados.

En estudios recientes elaborados por Transparencia por Colombia, 90 % de los empresarios colombianos aseguran que se ofrecen sobornos en los negocios. Se calcula en un 17 % lo sobornos sobre el valor de los contratos y más del 50 % de los encuestados consideran que la financiación de las campañas políticas es una forma de sobornar. Efectivamente, la corrupción se lo está llevando todo.

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Este artículo hace parte de la edición 21 de la revista Semana Educación.