| Foto: Carlos Julio Martínez

EDUCACIÓN

Polémica por aumento en la financiación de las universidades Nacional y Distrital

Aunque todas las bancadas del Concejo de Bogotá respaldan la estampilla para financiar a estas instituciones, no todas están de acuerdo en el porcentaje que se debe cobrar.

2 de septiembre de 2017

Gracias a la Ley 648 de 2001 todos los contratistas del Distrito debían pagar durante 15 años el uno por ciento del valor bruto del contrato para financiar la Universidad Distrital. Como el cobro del tributo finaliza este año, y para evitar la desfinanciación de esta institución, en enero de 2017 el Congreso aprobó la ley 1825 para alargar la vigencia del impuesto, que comúnmente se conoce como estampilla, pero con una importante modificación: la Universidad Nacional obtendría el 30 por ciento de los recursos.

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La decisión se tomó porque la mayoría de los estudiantes de la Universidad Nacional, sede Bogotá, son de la ciudad. De esta manera, los recursos obtenidos de la estampilla se dividirán de la siguiente manera: el 70 por ciento para la Universidad Distrital y el 30 por ciento para la Universidad Nacional, sede Bogotá. El cobro se realizará por 30 años una vez entre en vigencia y se espera recoger 2.5 billones de pesos.

Si bien la Ley fue aprobada por el Congreso, el Concejo de Bogotá debe reglamentarla y establecer el porcentaje que se les cobrará a los contratistas del Distrito durante los próximos 30 años. Las universidades esperan aumentar el tributo del 1 al 1,5 por ciento, cuestión que apoya la mayoría de los concejales salvo algunos de Cambio Radical y la bancada del Centro Democrático.

Los recursos provenientes de la estampilla, permitirán que ambas universidades sean sostenibles, mejoren su infraestructura, tengan capacidad para educar a más jóvenes y fortalezcan su investigación.

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Para el vicerrector de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional, Jaime Franky Rodríguez, contar con estos recursos es importante: "en nuestro caso particular podríamos recuperar buena parte de los edificios que requieren reforzamiento estructural y rehabilitar los declarados bienes de interés cultural, buena parte irán a la modernización de los laboratorios, Esto podría soportar la investigación y generaría una ciudad más competitiva en el futuro”.

Los concejales que se oponen al 1.5 por ciento manifiestan que esto podría generar una mayor carga tributaria en los contratos del distrito y sería riesgoso. “Lamento que algunas agremiaciones solo piensen en intereses particulares. Tenemos una deuda social con la educación superior muy grande, con el 1.5 por ciento de recaudo se puede mejorar la educación y la cobertura que beneficiará a los cerca de 411.000 jóvenes que en este momento ni estudian, ni trabajan. Esto también es responsabilidad social”, manifestó el concejal Jorge Torres, del Partido Verde uno de los ponentes del proyecto.

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Un mayor recaudo ayudará a ambas universidades a ampliar su cobertura y tener mejor infraestructura para el desarrollo de la educación y la investigación, está es una apuesta que generará retorno a futuro y beneficiará miles de jóvenes. Sin embargo, los debates recién empiezan y las universidades se encuentran en vilo.