Investigan dos exministras de Educación por presunto manejo irregular de $559.853 millones para construir colegios

En 2015, el gobierno de Juan Manuel Santos trazó un ambicioso plan: convertir a Colombia en el país más educado de América Latina. Para ello, apostó en grande por el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (Pnie), cuyo propósito estratégico era aplicar la jornada única escolar. Ante el déficit de aulas, calculado en más de 51.000, decidieron construir 30.600.

El Ministerio de Educación Nacional decidió administrar el mega proyecto a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (Ffie), una cuenta especial sin personería jurídica creada para gerenciar recursos. La idea era que los municipios o departamentos pusieran el 30 por ciento del costo de las obras y el gobierno nacional el 70 por ciento restante. Ese dinero quedaría disponible en el Ffie, que se encargaría de contratar las obras.

Para la operación, dividieron el país en ocho regiones. El contratista de cada una se comprometía a hacer las obras (construcción de nuevos colegios, mejoras o ampliación de planteles existentes) que fueran solicitando los municipios dentro de su zona de influencia. En total, el fondo juntó 3,28 billones de pesos, de los cuales la Nación puso 2 billones y los municipios y departamentos el 1,2 billones restante.

Sin embargo, lo que empezó como una buena iniciativa en la que se recaudaron grandes recursos para invertir en la infraestructura educativa, tan necesaria en el país, comenzó a generar desconfianza entre los gobernadores y alcaldes por la mala gestión y la falta de veeduría, por lo que fueron múltiples las denuncias por los atrasos y abandonos de las obras con el pasar de los años.

Una evaluación del Ministerio de Educación a la ejecución de los proyectos contratados, con corte a julio de este año, revela que el 69 por ciento de estos –es decir, 320 obras– están en riesgo alto y 55 en riesgo medio alto. Otro 10 por ciento (166) se encuentra en riesgo medio, o sea tienen un atraso menor al 10 por ciento, pero van avanzando y con seguimiento permanente de las interventorías.

A raíz de este panorama, y de las diversas denuncias recibidas, la Contraloría inició una investigación. Inicialmente el ente de control identificó algunas irregularidades relacionadas con los sobrecostos y las demoras que aumentan el precio de las obras, así como la disparidad en las aulas contratadas, pues por el mismo valor en unos lugares entregan algunas muy elaboradas y en otros, unas muy sencillas y sin adecuaciones.

Esta semana la Contraloría anunció que abrió un proceso ordinario de responsabilidad fiscal contra 65 personas, entre ellas las exministras de Educación del gobierno Santos, Yaneth Giha y Gina Parody, por cuantía de $559.853 millones de pesos, por irregularidades relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura educativa para la jornada única escolar, financiados con recursos públicos manejados a través del Ffie, cofinanciados por 165 entidades territoriales. 

Estos recursos estaban destinados a la construcción de 541 proyectos de infraestructura educativa en todo el país, tanto colegios nuevos como ampliaciones de existentes. De los 541 proyectos priorizados por el Ffie, 311 son objeto de investigación dentro de este proceso de responsabilidad fiscal y los 230 restantes que se encuentran en una fase muy inicial.

Según el reporte de la Contraloría, a junio de 2019, se encuentran terminadas 102 instituciones educativas, con 2.193 aulas, de las cuales apenas se han entregado 15, que corresponden a solo 230 aulas, para administración y puesta en funcionamiento por parte de las entidades territoriales.

De acuerdo con el ente de control, con los $559.853 millones de pesos de este detrimento patrimonial podría financiarse la construcción de 123 colegios de 24 aulas de clase cada uno, con su biblioteca, laboratorio de física y química, laboratorios de multimedia y bilingüismo, escenarios para presentaciones artísticas y zonas deportivas, que equivalen a un total de 2.952 aulas de clase nuevas, para atender 118.080 estudiantes.

"El proceso de responsabilidad fiscal permitirá determinar quiénes deberán resarcir el daño patrimonial provocado, tomando la versión de funcionarios públicos y contratistas vinculados, para determinar qué sucedió y el monto definitivo del detrimento", señala el Contralor General Felipe Córdoba.

Además de las dos exministras de Educación, también están vinculados otros miembros de la Junta Administradora del Ffie, entre quienes está el vicerrector de Desarrollo, Eduardo Behrentz, 40 contratistas de obra e interventoría y dos sociedades fiduciarias.

Cifras de la investigación

La indagación preliminar que dio lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fue adelantada durante seis meses por un equipo conformado por 7 ingenieros civiles, 3 contadores, 3 economistas y 3 abogados sustanciadores. Entre los principales hallazgos se destacan:

• De 311 instituciones educativas investigadas por la Contraloría hay 71 abandonada, que representan un detrimento de $79.814 millones
• Por costos desproporcionados de interventoría hubo una afectación fiscal por $22.425 millones.
• 223 instituciones educativas pagaron mayores valores por metro cuadrado. Esto representó un detrimento de $270.309 millones
• Por gastos administrativos sin pertinencia ni eficiencia, asociados a la Unidad de Gestión del Ffie hubo una afectación fiscal por $43.345 millones.