En La Guajira se perdieron más de $16.000 millones para alimentación escolar

Concluyó la Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General de la Nación al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y a los Paquetes Nutricionales financiados con recursos del Sistema General de Regalías - SGR en la Gobernación de La Guajira y los municipios de Maicao, Manaure y Uribia. Los hallazgos comprueban lo conocido y es que la corrupción le está quitando literalmente la comida de la boca a los niños del departamento.

Hallazgos fiscales por $16.792 millones de pesos es la principal conclusión del Informe final que la Contraloría General de la Nación publicó hoy y que entregó, además, al presidente de la República Juan Manuel Santos, a la ministra de educación, Gina Parody, y a la directora del ICBF, Cristina Plazas Michelsen, y se trasladó al fiscal general Jorge Fernando Perdomo, y al procurador general, Alejandro Ordóñez.

En el documento se expone que los contratistas de la Gobernación de La Guajira para 2014 y 2015 son las mismas fundaciones sin ánimo de lucro que, aún habiendo sido cuestionadas por su gestión, se han unido en diferentes consorcios para monopolizar las contrataciones.

La Contraloría concluyó que se siguen evidenciando falencias en la ejecución del PAE, aún con otras fuentes de recursos que generan contrataciones de sumas elevadas de inversión de recursos públicos.

También que hay retrasos en la ejecución de los programas, y evidentes deficiencias en las labores de vigilancia y seguimiento a la ejecución de los contratos, fallas en la supervisión e interventoría contratada.

Puntualmente, el ente de control afirmó que en el PAE se entregan raciones que no cumplen con las cantidades determinadas por el Ministerio de Educación, aún cuando se determinó que los grupos étnicos e indígenas del país reciben una minuta distinta al resto de poblaciones. Adicionalmente, identificó que se paga mayor valor por ración, y que los contratistas siguen siendo los mismos y entre ellos forman consorcios o uniones temporales.

En cuanto al programa de seguridad alimentaria a través de entregas de paquetes nutricionales se evidenciaron hallazgos relacionados con la no efectiva focalización e identificación de las familias beneficiadas. Advierte deficiencia en la supervisión e interventoría, y también que hay productos de origen venezolano que no cuentan con registro Invima, ni con el respectivo registro sanitario ni certificado de importación.

La Contraloría encontró seis hallazgos Fiscales, que se entiende como la identificación de una desviación por parte de servidores públicos o particulares que pueda haber causado un daño patrimonial de Estado. :

El primero es por $11.419 millones de pesos que corresponden al contrato No. 194 de 2015 para la operación del PAE, suscrito entre el entonces gobernador del departamento de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso, con la representante legal del Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, María Angélica Araujo Noguera, por valor de $37.910 millones. En este caso se encontró que se pagó un mayor valor por ración, es decir, que el costo presentando no corresponde a la cantidad de comida entregada a cada niño.

El segundo es por $4.920 millones. Este está relacionado con el contrato No. 503 de 2014 suscrito por el mismo gobernador, Ballesteros, con la representante legal del Consorcio Alimentemos Juntos, Ivis del Carmen Rosado Robles, por un valor de $16.470 millones para la ejecución del PAE. También se determinó un mayor valor pagado por ración.

El tercero es de $266 millones para la contratación del PAE en el municipio de Manaure, también de La Guajira. También se encontraron mayores valores reconocidos por ración de alimentación. Este es en específico para el contrato No. 086 de 2015 suscrito con la Asociación de Profesionales Luchando por La Guajira, Asoprolugua, representada legalmente por Keily Silva Brito. El contrato fue de $729 millones.

El cuarto hallazgo fiscal es de $45 millones debido a incosistencia y falta de coherencia entre los estudios previos, minuta contractual y pagos en el Convenio de Asociación No. 020 de 2013, suscrito con la Fundación Juventud Libre, por un valor de $550 millones para la entrega de paquetes nutricionales. En cuanto a este, la Contraloría pone a modo de ejemplo: en el estudio previo y la propuesta del contratista, se indica el suministro de 4 panelas a $760 pesos para 1.250 beneficiarios y un total de 8 entregas para un total de $30.4 millones, mientras que en el anexo 1, que hace parte integral del contrato, se indica 2 panelas a $760 pesos para 1.250 beneficiarios por 8 meses. Esto dá como resultado $15, 2 millones. Sin embargo, se pagaron #30.4 millones a la fundación. Esto constituye, para este caso puntual, un detrimento por ese valor de $15.2 millones.

El quinto hallazgo es superior a $109 millones está relacionado con el anterior porque es sobre el mismo convenio en el municipio de Uribia. En este caso se pagaron gastos no contemplados en el convenio.

El sexto es de $32 millones, también para el municipio de Uribia, por el Convenio de Asociación No. 019 de 2014, suscrito con la Fundación Juventud Libre, por un valor de $624.4 millones para la entrega de paquetes nutricionales. El hallazgo consiste en el incumplimiento de lo convenido.

Después de esto, queda esperar que los distintos entes gubernamentales encargados tomen acciones para frenar la corrupción en las regiones, y especialmente la que afecta a los niños y aún con más esfuerzo si es sobre su alimentación.