El negocio del Programa de Alimentación Escolar

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) está siendo un quebradero de cabeza para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) desde que en diciembre de 2014 decidiera fortalecer esta política como parte de la estrategia de implantar la jornada única en todas las instituciones educativas oficiales del país. Con esta decisión se trató de asegurar la permanencia de los niños en el sistema escolar, combatir las altas tasas de deserción y “mejorar la capacidad de atención de los estudiantes y, por ende, sus procesos de aprendizaje”, como se indicó en ese momento. 

Sin embargo, preocupa que lo que se concibió como uno de los proyectos estratégicos del MEN en asistencia a menores ha pasado a ser un lucrativo negocio para algunos entes territoriales y prestadores de servicios de alimentación.

Semana.com se hizo eco la semana pasada de un video en el que se evidenciaron las irregularidades en la suministración de alimentos en la institución Sagrado Corazón del municipio de Aguachica (César) por parte de la Fundación Provenir y la empresa Acción Social Integral. Sin embargo, este es sólo el último caso de anomalías que aqueja al PAE.

Una fuente del MEN, que pidió que su nombre no se difundiera, aseguró a Semana Educación que el problema es la falta de control que hay sobre los recursos que el Ministerio destina a las secretarías y en qué se lo gastan.  “Ahí hay un mar de corrupción. Ese es un tema tan sensible, porque acá en Bogotá se toma una decisión para que se baje algún contrato y allá (en las regiones) se paran los departamentos. Es muy difícil intervenir”.

Y es que, el monto que se destina para la implementación de los PAE no es cosa menor. En 2014, el Gobierno giró un total de 1.175.579 millones de pesos a las 95 entidades territoriales certificadas. Un año más tarde, el presupuesto fue de 821.139 millones de pesos.

Este año las gobernaciones y alcaldías ya han recibido 574.000 millones de los 674.000 millones que el Gobierno destinó para el programa de alimentación en 2016. La disminución de recursos responde a la expedición el pasado 16 de septiembre del Decreto 1852 por el que se cambió la lógica de la asignación de recursos del PAE. Se pasó de una financiación completa por parte del Ministerio a una “responsabilidad compartida” entre el MEN, el Sistema General de Participaciones, regalías y la Secretarías de Educación.  Sin embargo, como aseguraron voceros de la cartera a esta publicación,

Hace menos de un año, en agosto de 2015, un informe de la Defensoría del Pueblo encontró irregularidades en la prestación de servicios asociados al Programa de Alimentación Escolar en 13 municipios de Atlántico, Chocó y La Guajira. Más exactamente en Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, Quibdó, Unguía, Yuto, Alto Andágueda, Malambo, Caracolí, Puerto Colombia y Tubará.

En ese momento, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, aseguró que existían “casos de corrupción graves”, además de una ausencia de infraestructura pertinente para prestar el servicio: “no hay donde dar los alimentos ni donde prepararlos”.

En el caso de La Guajira, por ejemplo, el ente encontró que los niños debían pagar hasta 200 pesos por su almuerzo en algunas instituciones educativas. Por su parte, la cartera que dirige Gina Parody recalcó el problema de falta de correlación entre el número de comidas que se reparten  y el número de matrículas de estudiantes oficiales, que asciende a 64 mil: la primera cifra cuadriplicaba la segunda. Se evidenció una desviación de recursos por valor de 49 mil millones de pesos que manejaba un operador independiente.

La misma fuente del MEN que prefirió no dar su nombre reveló a Semana Educación que algunas comunidades indígenas son también un núcleo de corrupción. Esto es debido a la autonomía de la que se benefician a la hora de administrar los colegios: “el Ministerio transfiere los recursos a las comunidades y ellos los administran. Ahí hay corrupción. Y son recursos muy grandes de hasta 50 millones de pesos”.

Un portavoz de la Defensoría aseguró a esta publicación que las irregularidades en La Guajira no se han solucionado todavía. De hecho, “estamos terminando un nuevo informe con hallazgos sobre el estado del PAE en el departamento y otros temas relacionados con la situación de los niños”.

Chocó es otro de los departamentos donde se descubrió un incumplimiento de los estándares del programa. Fungescol, una de las tres entidades encargadas de gestionar e implementar el PAE, recibió 4.863 millones de pesos en el primer trimestre de 2015 por parte de la Gobernación del departamento para un servicio de alimentación que duró apenas 45 días.

La Defensoría interpuso una denuncia penal contra la empresa por “precarias condiciones de almacenamiento y manipulación de los comestibles”. En el momento de publicar esta información, los responsables del ente no sabían en qué situación estaba la demanda.

En Arauca más de 300 niños intoxicados

La última polémica relacionada con la alimentación de estudiantes sucedió en Arauca. Más de 300 niños de cinco instituciones educativas oficiales resultaron intoxicados por, al parecer, y de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, ingerir alimentos en malas condiciones.

Por esta razón la entidad solicitó la apertura de una investigación al operador Unión Temporal Vital 2016, encargado del suministro de la comida.

El viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Víctor Saavedra, instó a las autoridades pertinentes (contraloría y procuraduría) que investiguen estas y otras irregularidades en la instalación de los PAE. También a las Gobernaciones y entes territoriales que refuercen la supervisión y seguimiento de las operaciones.

“Hay que desvertebrar esas mafias”, declaró un portavoz del MEN a Semana Educación. Sin embargo, se necesita una mayor implicación de las gobernaciones y alcaldías a la hora de “supervisar lo que están haciendo con su plata” en el día a día.  Si bien  el ministerio “realiza un monitoreo y vigilancia continúo” del estado de los PAE, “los balances se hacen al final del año, y es ahí donde nos damos cuenta que hay irregularidades”. En otras palabras, cuando ya han ocurrido.

PARA EL DEBATE

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