La precaria alimentación que reciben los niños en colegios de Putumayo

El dinero destinado para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) sigue sin alcanzar su destino. Eso es lo que denunciaron en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, alrededor de 2.000 personas, entre rectores, estudiantes, padres de familia y concejales, que ayer salieron a las calles para pedir al gobierno que encare las irregularidades que se presentan en la ejecución del servicio de alimentación dirigido a los menores de edad que acuden a las instituciones de educación del departamento. “Cuando uno está a favor de los niños tiene problemas en el Putumayo”, señaló uno de los rectores a Semana Educación que acudió a las movilizaciones y prefirió que su nombre no apareciera.

Esta publicación tuvo acceso en exclusiva a documentos, fotografías y videos (vea el video al final de este artículo) que demostrarían la precaria situación que viven los alumnos a los que apenas les llega un plato diario de comida -a veces ninguno- compuesto por: una ración minúscula de arroz blanco; acompañado a veces (no siempre) de una proteína (carne molida o un guiso de garbanzos aguado), y un trozo de papa o una tajada de plátano. En ocasiones, los menores reciben pan y un pedazo de queso extra.

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Se trata de cantidades de alimentos mínimas con las que los estudiantes deben encarar la jornada académica de mínimo cinco horas diarias. La mayoría de estos niños desayunan antes de las siete (hora en la que deben llegar a los colegios) y regresan a sus casas a partir de las 2 de la tarde. Es decir, siete horas en las que no se benefician de una alimentación adecuada. En algunas instituciones, incluso, no se presta el servicio de alimentación, alertaron varios concejales, profesores y rectores consultados. “Se están gastando el 48% del presupuesto que reciben en la comida y el resto se queda en costos administrativos”. De hecho, prosiguen, muchos padres prefieren no enviar a sus hijos al colegio “porque no quieren que aguanten hambre”.

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El prestador del servicio, responsable de esta situación, es ‘Unión Temporal Putumayo somos Todos’. La Gobernación del departamento contrató al operador el 23 de enero de 2017 por un valor de casi 10 mil millones de pesos. El contrato, al que tuvo acceso Semana Educación, indica que ”tiene una vigencia de 78 días hábiles”.

Alimentos insuficientes y en mal estado

La polémica que rodea al prestador también concierne al tipo y estado de los alimentos que se sirven en los colegios. Otro rector de Putumayo (que tampoco quiso que su nombre apareciera en el texto) aseguró que no hay sintonía entre la elección de los menús y el sector alimenticio local. “Nos dicen que tenemos que dar arepas españolas o bolas de queso y ni siquiera sabemos qué son”, explica. Otra dificultad a la que hacen referencia es que las frutas y las verduras no las compran en esta región del territorio, por lo que con frecuencia lleguen podridas a los comedores escolares.

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La preocupación de la comunidad educativa es evidente. A todo lo anterior se suma también la disminución de  las raciones. “El año pasado recibiamos 12 kilos de arroz diarios para dar de comer a los niños, este año seis y eso se ve reflejado en los platos diarios”, explicó una profesora que prefirió mantenerse en el anonimato.

Según se recoge en el contrato entre la Gobernación y ‘Unión Temporal Putumayo somos Todos’, los alimentos deben llegar a todas las sedes de cada plantel en todo el departamento. Sin embargo, según señaló otra docente -tampoco quiso dar su nombre “porque acá las cosas son muy delicadas”-, en un principio, el prestador ni siquiera entregaba la comida, solo hacía llegar el dinero para que las directivas de las instituciones educativas compraran los alimentos. “El año pasado, el contratista anterior hacía lo mismo. El rubro era de alrededor 1.500 pesos por almuerzo y niño. Este año, ‘Unión Temporal Putumayo somos Todos’ empezó destinando 300 pesos menos por cada almuerzo”. Tras recibir varias quejas, el proveedor se comprometió a mejorar el servicio. Sin embargo, “nos empezaron a entregar menos alimentos que, además, no cumplían con los requisitos de calidad: estaban podridos. Y para colmo, los entregaban tarde”.

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Semana Educación habló con Flor Argotty, concejal del municipio Valle del Guamez, y una de las grandes críticas a la gestión del Programa de Alimentación Escolar en el departamento. “¿Cómo vamos a ser el país más educado si los niños no tienen qué comer? Esa platica se está quedando en el camino y nadie le dá la cara a los estudiantes, padres y rectores”, se preguntó. En la misma línea, Jhon Jairo Caicedo, presidente de la Federación Nacional de Personeros Estudiantiles, quien, en entrevista con este medio, alertó que las irregularidades del PAE son un atentado contra la educación y la vida. “Estamos muy lejos de ser el país mejor educado”, concluyó.

Ante las quejas y las manifestaciones, las autoridades responden con evasivas, coinciden en apuntar todas las fuentes consultadas. “Solo nos van a hacer caso cuando los niños empiecen a morir de hambre”, dijo una de las profesoras que asistió a la marcha. Semana Educación intentó comunicarse con la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez, pero no hubo contestación a los mensajes y llamadas. Su oficina de prensa confirmó que habían recibido las consultas y que responderían a las dudas de este medio. Sin embargo, hasta la fecha todavía no ha habido respuesta a estas inquietudes.

La historia se repite

Desde finales de 2015, y con un aumento significativo en 2016, los escándalos derivados de la mala gestión y ejecución del PAE se saldaron con capturas de algunos funcionarios locales y responsables de las empresas prestadoras de servicio. A esto se suman las continuas denuncias de gobernadores y Secretarías de Educación territoriales que aseguran que este programa está desfinanciado por parte del Gobierno Nacional.

El año pasado también se sucedieron numerosas irregularidades en Putumayo. Por ejemplo, la prestación del servicio inició el 15 de febrero cuando el calendario escolar había empezado el 25 de enero. Asimismo, en mayo se dejó de prestar el servicio durante nueve días hábiles. Lo mismo ocurrió el 29 de julio, y en agosto se suspendió de nuevo por otros seis días más. Por si no fuera poco, del 7 de septiembre al 6 de octubre los niños no recibieron alimentación escolar en todos los municipios del departamento, según un informe de la Contraloría General de la Nación.

El ente de control concluyó entonces que la contratación había sido inoportuna. También halló deficiencias en el cumplimiento de las normas de sanidad, en relación al mantenimiento preventivo de los equipos de cocina (estufas, refrigeradores y restaurantes escolares). “La mayoría de los equipos se encuentran deteriorados y algunos resultan inservibles”, aseguró el informe. El resultado de la auditoría de la Contraloría fue de 28 hallazgos administrativos, 16 disciplinares, y cinco con alcance fiscal de 458.3 millones de pesos.

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