POLÉMICA

¿A punto de cerrar la Universidad San Martín?

La institución de educación superior atraviesa por un momento clave después de años en la lupa del Ministerio de Educación. El gobierno está deliberando si la mantiene o no.

27 de octubre de 2016
| Foto: Semana

Las últimas informaciones sobre el estado de la Fundación Universitaria San Martín datan de abril de 2016, cuando la ex ministra Gina Parody presentó un balance inicial sobre el estado financiero y las medidas que se habían adoptado para su recuperación. Desde entonces, el silencio informativo ha caracterizado todo lo referente a esta institución de educación superior que el  Ministerio de Educación (MEN) intervino en enero de 2015 por irregularidades administrativas, desvío de recursos, ofrecer programas sin registro calificado y deudas millonarias. (‘Los inmensos líos de la San Martín‘)

El MEN, avalado por la Ley de inspección y vigilancia de diciembre de 2014, tomó las riendas de la San Martín y removió a todos los miembros de la directiva (incluido su fundador, Mariano Alvear), nombró un nuevo plenum y restableció las labores académicas y administrativas.

La intervención permitió, según el balance de Parody, que 8.269 alumnos retomaran las clases en diciembre de 2015 y se reabrieran programas en los 19 Centros de Atención Tutorial (CAT) con los que cuenta la fundación y en sus cinco sedes presenciales. A los 947 docentes -551 en programas presenciales, 342 en programas a distancia y 54 contratistas- y 524 administrativos se les restablecieron sus derechos y se les garantizaron las condiciones laborales, así como sus salarios. Algo que no sucedía desde hacía años. (‘Así están las cuentas de la San Martín‘)

También se logró que 3.831 estudiantes se graduaran y que otros 1.056 fueran trasladados a 30 instituciones de educación superior de todo el país para continuar con su formación, entre ellos 404 cuyos programas no contaban con registro calificado.

Todo indicaba que las medidas adoptadas por la cartera educativa daban sus frutos. Sin embargo, parece que con la salida de Gina Parody, las intenciones de recuperar la San Martín se han desvanecido. Según pudo saber Semana Educación, en el MEN circula un documento interno en el que se informa de la profunda crisis financiera de la institución que llevaría al cierre inminente de la misma. 

La decisión llega después de casi dos años de intervención dirigidos a alcanzar condiciones adecuadas de calidad en el medio plazo. Para ello, no solo se contrató a una universidad acreditada en alta calidad para brindar acompañamiento durante el proceso, también se creó una fiducia de 33 mil millones de pesos provenientes de las matrículas de los estudiantes.

En enero de 2015, el Ministerio suspendió temporalmente los trámites de registro calificado de la universidad para que esta pudiera presentar nuevas solicitudes de programas académicos y acreditar los que ya tenía en funcionamiento.

En ese momento, Gina Parody aseguró que el próximo año, es decir, en 2016, se evaluaría la decisión de volver a abrir las inscripciones “dependiendo de la viabilidad de la institución”, y añadió que “nuestra misión es continuar defendiendo los derechos de los estudiantes que confiaron en esa fundación y apoyarla dentro de las condiciones y limitaciones que nos impone la constitución y la ley”.

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A puertas de que se acabe el año, a la San Martín se le han denegado las solicitudes de registro calificado de sus programas, un aval que otorga el propio Ministerio de Educación para asegurar la calidad de la formación y sin el cual las instituciones de educación superior no pueden operar.

El porqué es una incógnita. De hecho, ningún funcionario de la cartera educativa quiso responder a las preguntas de Semana Educación sobre el tema, a pesar de que se formalizó el requerimiento a través de las vías oficiales.

Lo que sí pudo saber esta publicación por uno de los profesores de la universidad es que, al momento de publicar esta nota, la directiva de la universidad y representantes docentes estaban reunidos. También que en la noche acudirían a Presidencia para definir el futuro de la San Martín con el gobierno.