La Guajira no necesita más asistencialismo

Es la primera vez que Yurima González se enfrenta a las preguntas de un periodista. Se le notan los nervios de principiante, pero responde con aplomo. La joven wayuu de 19 años se acaba de graduar como voluntaria comunitaria de Cruz Roja Colombiana en una ceremonia a la que han acudido muchos de sus vecinos de Nazareth, el corregimiento de la Alta Guajira que la vio nacer y donde vive. La llaman la capital indígena de Colombia por sus cerca de 6 mil habitantes, sumando las rancherías de alrededor.

Le costó un año recibir el título que ahora la vincula con la organización internacional. Lo agarra con firmeza como si alguien se lo fuera a arrebatar de las manos. En ese tiempo, y mientras estudiaba (lo sigue haciendo) para ser enfermera algún día, aprendió competencias ciudadanas, deberes de solidaridad y protección, nociones sobre el saneamiento del agua, la gestión del riesgo y primeros auxilios. “Hacer algo por tu comunidad es algo grande que te pone feliz, no quiero que vengan de fuera a hacerlo por mí”, asegura sonriendo detrás de su cachucha roja y enfundada en su uniforme azul eléctrico que pasa poco desapercibido.

Yurima forma parte de la primera generación de voluntarios comunitarios que capacita la Cruz Roja Colombiana en diferentes corregimientos del departamento costeño: Nazareth, Bahía Hondita y Puerto Estrella. Son 48 voluntarios en total y, al igual que sus compañeros, Yurima no cobrará por ayudar a su comunidad. Es, como dice ella, una cuestión de “responsabilidad con su pueblo, para salir adelante”.

El asistencialismo se define como la “actitud política orientada a resolver problemas sociales a partir de la ayuda externa en lugar de generar soluciones estructurales”. Es la reacción inmediata ante desastres puntuales o, como explica José Ibarra Solano, coordinador de la iniciativa DIPECHO 9, operado por Cruz Roja Colombiana en la comunidad Pescal: “darle el pescado a la persona y no enseñarle a pescar. ¿Y cuándo se acaba el pescado, entonces qué?”. El objetivo de este proyecto integral, que se desarrolla en otras 18 comunidades wayuu, todas ellas del municipio guajiro de Manaure, es el de romper con el asistencialismo que ha caracterizado la ayuda que desde hace décadas llega a La Guajira, especialmente en la temporada de sequía, y dar soluciones que trascienden las emergencias y el cortoplacismo.

El contraste es el siguiente: durante la crisis humanitaria del pasado febrero, la campaña SOS Guajira recaudó cerca de 103 millones de pesos. Pero la gran mayoría de estas donaciones se destinaron a dar asistencia alimentaria puntual y capacitación en higiene y saneamiento básico.

Foto: Julia Alegre/Semana Educación

En el caso de DIPECHO 9, con un presupuesto de 1.600 millones de pesos que aportaron la Unión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, la Agencia de Cooperación estadounidense (USAID) y la Cruz Roja Española y Alemana, se capacitaron 700 personas y se desarrollaron seis modelos productivos de agricultura y ganadería para el autoconsumo y el incremento de los medios de vida a futuro de 131 familias. Es decir, si todo va bien, los beneficiarios podrán empezar a intercambiar sus productos y obtener ganancias cuantificables por ellos mismos. También se mejoraron ocho sistemas de agua -entre pozos artesanales, molinos y jagueyes (humedales)- con capacidad para abastecer a la comunidad de 144.000 litros de agua diarios. “Todo esto está consensuado con la comunidad, no es de pronto llegar e imponer. Ellos nos dejaron entrar y trabajaron en el proyecto. Cuando hicimos el diagnóstico, esto estaba abandonado por el Estado, los chivos muertos por la sequía, el molino destruido y la gente tenía que ir caminando kilómetros para encontrar agua para tomar. Hoy abrimos una llave y sale agua, hay una huerta con auyama, frijoles, patilla, melón, maíz… y hemos multiplicado el número de chivos”, explica Ibarra.

Otro de los aportes del proyecto fue el de formar a los wayuus para gestionar sus gastos y ganancias. Educación financiera para que “no se dejen estafar”, para que no “vendan la gallina a 20 mil pesos si solo en el transporte hasta el mercado de Riohacha se gastan esa cantidad”. Una combinación de infraestructura y conocimiento.

Foto: Julia Alegre/Semana Educación

Tras 18 meses de trabajo, ahora toca esperar los resultados. Por un lado la medición mes a mes y, por otro, con el paso de los años. “Es ahí donde uno puede ver el grado de apropiación del proyecto, en el largo plazo, y el compromiso de la comunidad con su propia supervivencia”, indican los responsables de implementar DIPECHO 9.

-Lo complicado es cambiar su imaginario. Debemos educar al niño para no castigar en el futuro al hombre. Pero eso lleva tiempo.

-¿Por qué?

-Ellos tienen una cultura muy cerrada, son perezosos porque se han acostumbrado a que les regalen todo. Y así tampoco. El gobierno de acá no ayuda: vienen a hacer diagnósticos, se llevan la plata y luego no vuelven. Las ONG’s tampoco llegan.

-¿Y porqué la comunidad no protesta?

-Porque no está en su cultura hacerlo y muchos de los que se llevan la plata son autoridades locales, indígenas.  

Choque cultural

Edelmira Estrada vive en la comunidad wayuu de Paraíso, en Uribia, Alta Guajira. A sus 36 años, lleva uno capacitándose en primeros auxilios y saneamiento de agua junto con otras mujeres, todas indígenas como ella. Ahora que ya ha aprendido lo básico, recorre una vez al mes las rancherías próximas dando charlas sobre la importancia de limpiar los tanques de agua y lavarse las manos para evitar enfermedades. “Doctora, le digo algo: de pronto nos ayuda que nos traigan comida, pero si me traen comida de un momentico se me acaba. Las capacitaciones nos ayudan mucho porque una enseñanza, eso se queda con nosotros, para yo trasladársela a mis hijos”, afirma, y se detiene. Uno de sus cinco hijos, el menor de tres años, le tira del wayuushein rosa (vestimenta típica de las mujeres wayuu) que lleva puesto para llamar su atención. Le reprende en wayuunaiki y el niño se calma. Entonces ella retoma su antigua posición y fija los ojos como clavos. Pero la conversación cambia de rumbo inevitablemente.

-¿Qué está pasando en La Guajira con los niños?

-Mire, doctora, es que no a todas las comunidades nos prestan ayuda para salir adelante, no nos capacitan. Gracias a Dios aquí en Paraíso tenemos un centro de salud. Un niño se muere por desnutrición o de enfermedad porque no puede llegar a un centro de salud.

-A ustedes no les gustan que los ‘alijunas‘ les digan cómo criar a sus hijos, ¿verdad?

-No doctora, mi pueblo es un pueblo sano. Trabajamos a nuestra manera, conseguimos nuestra comida y mantenemos nuestra familia y a los hijos a nuestra manera. Vivimos felices y nuestros niños viven felices.

Foto: Julia Alegre/Semana Educación

‘Alijunas‘ es como llaman los wayuus a los que no son indígenas. Los guajiros, en contestación,  les llaman ‘paisanos‘. “Pasa con los paisanos que por su cultura el plato de comida que consiguen es para el cabeza de familia, el hombre, y de ahí pa’ abajo. Si llega a los niños bien, sino no comen”, explica uno de esos alijunas, Roger, a los mandos de una camioneta que pasa con dificultad las trochas encharcadas que separan cualquier punto que se quiere alcanzar por tierra en la Alta y Media Guajira.  Se pone a tararear un vallenato de Diomedes Díaz que suena en la radio mientras “sigue trilla”, el rastro en la tierra de otras llantas de carros. Es el único GPS que existe para desplazarse por tierra en esta zona del departamento. No hay asfalto ni señales.  

La cierto es que, sea por una cuestión u otra (o por las dos), la cifra de menores de edad wayuus muertos en el departamento en 2016 asciende a 81, alertó a menos de un mes de acabarse el año la Asociación Shipia Wayúu. Las autoridades de los organismos internacionales que trabajan en la zona buscan que se deje de hablar de La Guajira por sus niños muertos y la corrupción que la caracteriza. Pero el tema lo impregna todo: ni siquiera los propios wayuus esconden su preocupación ante el abandono gubernamental y la mala gestión de los líderes locales de los que son objeto.

“Hay muchas necesidades, sobre todo de salud: no hay centros sanitarios por acá cerca y uno se demora mucho en desplazarse porque no hay vías. Nosotros hemos aprendido primeros auxilios y vamos a poder atender de forma básica las urgencias, pero se necesita más”, comenta Otto, de unos treinta y pico año de años. Él es otro recién graduado como voluntario comunitario de Cruz Roja en el corregimiento de Bahia Hondita, Alta Guajira. Muestra el título que lo acredita y no puede esconder su emoción: las arrugas de los ojos se acentúan como si fueran trochas cuando habla de que ahora podrá cambiarle la vida a su gente, a su pueblo wayuu. Pero entre tantas palabras de agradecimiento y felicidad, se le escapa un suspiro que se torna desasosiego: “Hay que buscar la forma de salir de acá porque no hay trabajo, no hay incentivos ni nadie a quién acudir”, se lamenta. Otto es guía turístico y socio de un hospedaje en Punta Gallinas. El precio por persona y estancia de tres días, con tour incluido, es de unos 450.000 pesos. De esos, Otto recibe menos de 20.000.

Foto: Julia Alegre/Semana Educación

La inversión que no se ve

En La Guajira hay un refrán que dice “pueblo chiquito, infierno grande”, porque la corrupción se lo está llevando todo. Entre el 2012 y el 2014, el departamento manejó 678.225 millones de pesos a través del sistema de regalías. Solo el 2,71 % de ese dinero se destinó para obras de infraestructura de pozos y tanques. En el caso de la partida de presupuestos generales que se le asignó para 2016, este ascendió a 415 mil millones de pesos para una población de 957.797 habitantes de las que el 32 % no goza de acceso a agua potable.

La excusa de la sequía de los últimos cinco años ya no es válida. La lluvia llegó hace cuatro meses y todavía se niega a abandonar la región: los pozos tienen capacidad hasta junio y el terreno árido y “pelao” está cubierto ahora por un manto verdoso. La Guajira es fértil, aseguran voluntarios de Cruz Roja, pero faltan recursos, capacitación y acompañamiento para explotarla.

“No hay trabajo para el padre de familia y eso es una problemática también para los niños. Tenemos que mirar cuáles son esas alternativas para que los padres trabajen. Aquí solo hay artesanía, pero para salir de acá hasta Maicao cuesta platica”, explica Juan Lucas Ruiz, docente wayuu en el IE integral rural de Puerto Estrella y recién graduado como voluntario comunitario de Cruz Roja en este corregimiento situado en el oriente más recóndito de Uribia, a los pies del Caribe.

Su profesión de maestro le ha valido el respeto de su comunidad. Es un líder y se nota porque no puede dar dos pasos sin que alguno de sus vecinos se le atraviese para hablarle o felicitarle por su nuevo título, conquistado a sus 45 años.

Enseña ética y valores y cultura a niños de sexto a noveno. Quiere que aprendan a ser buenos compañeros, “a ayudarse los unos a los otros”. Reconoce que la situación es dura, que “los políticos en tiempo de campaña ofrecen todo pero cuando están en el poder se olvidan”. Pero él siempre "está en la lucha", dice, “ahora con más conocimientos y formación para ayudar a mi gente”, concluye.