El Gobierno recrudece la política de contratación con colegios privados

“Hemos pedido en numerosas ocasiones a las entidades territoriales que redujeran las matrículas contratadas y estos reclamos no fueron atendidos”. Con esta frase Víctor Saavedra, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, explicó a Semana Educación las razones que han llevado al Ministerio a aprobar el Decreto 1851 del 16 septiembre de 2015.

Por medio de este, se regula la contratación de servicio educativo por parte de las entidades territoriales, una modalidad a la que se acude cuando la oferta oficial no es suficiente para dar cobertura a los niños cuya educación la financia el estado.

Así, se ordena a las Secretarías de la región no contratar colegios privados que estén por debajo del percentil 20 de los resultados de las Pruebas Saber.  La medida afectará a un total de 90.000 niños y 296 colegios en todo el país, que serán reubicados en colegios oficiales o en privados por encima del citado porcentaje.

En los últimos años la cartera que dirige Gina Parody ha tratado de controlar esta modalidad por dos cuestiones. La primera, como explicó Saavedra, por una cuestión de calidad: “se están contratando colegios privados peores que los colegios oficiales. Lo que hicimos es fijar unos mínimos de calidad”.

Segundo, para acabar con la politización de este tipo de contratos: “muchos de los establecimientos tienen una relación con los políticos regionales, lo que provoca que no haya un plan para reducir este modelo contractual que debería ser tomada como una medida excepcional”.

Según cifras oficiales, Colombia gasta 1,25 billones de pesos en este modelo de contratación del servicio educativo. El ministerio gira ese dinero, incluido en el sistema general de participación, a las entidades territoriales, que son las encargadas de administrar el presupuesto.

Beneficios multimillonarios

 “Esto se convirtió en un negocio. Lo que no tiene sentido es que si usted tiene oferta oficial, contrate colegios privados”, indicó a esta publicación Carlos Reberón, director de Cobertura de la Secretaría de Educación de Bogotá.

Por cada niño, las entidades territoriales reciben de promedio 2.500.000 pesos. “El valor depende de la ciudad, de si el menor es urbano o rural”, explicó Víctor Saavedra.

En el país existen 638.000 estudiantes sujetos a esta modalidad. La ciudad que más niños agrega es Cali, con algo más de 25.500. Por detrás, Medellín y Bogotá, con 13.000 y 7.200, respectivamente.
De acuerdo con Saavedra, la puesta en marcha de esta medida “va a suponer un problema en todas las ciudades, pero en Cali va a ser particularmente grave”.

La capital vallecaucana tiene la matrícula contratada más alta del país según datos oficiales, para lo que se destina un presupuesto de 131 mil millones de pesos del Estado. En 2003, había 7.825 niños estudiando bajo servicio educativo contratado. Este año, la cifra aumentó hasta los 100.624 (cerca de 93.000 menores más). De estos, 25.527 estudiantes están matriculados en colegios privados que no superaron el perceptil 20 en las últimas Pruebas Saber.

“Nos preocupa porque el estancamiento de la calidad en la ciudad en los últimos diez años coincide con un aumento de la matrícula contratada”, explicó Saavedra. La oficial decreció de 198.000 estudiantes a 179.000 en el periodo 2003-2015.

En entrevista con el País de Cali, el secretario de Educación de la ciudad, Édgar Polanco, explicó que “es una situación muy difícil, porque hay que definir cómo hacer para que esos 30.000 estudiantes no se queden sin clase”. Semana Educación trató de ponerse en contacto de forma telefónica con el político, pero no hubo respuesta.
 
Problemas de comunicación

Mientras el Ministerio de Educación confirmó a esta publicación que los colegios privados afectados en todo el país por el nuevo decreto son en total 296, algunas entidades territoriales todavía desconocen la cifra que les corresponde en sus respectivas regiones.

Ese es el caso de Bogotá. La Secretaría de Educación de la ciudad no cuenta con un listado de las entidades  educativas con las que no podrán contratar servicio a partir de ahora. También ignora el número exacto de niños a los que afectará la medida.

“Lo sabremos el 11 de diciembre que recibiremos los resultados finales de conformación del banco (donde se incluyen los colegios que si pasan las nuevas exigencias de calidad que prevé el Decreto). Nosotros veníamos disminuyendo la educación contratada con privados, y fortaleciendo los controles de calidad. Tenemos cerca de 70.000 cupos oficiales, por lo que reubicar a los niños no va a ser un gran problema”, indicó Carlos Reberón.

Otra de las críticas que se ha generado desde las entidades territoriales es el tema de la celeridad con la que el Ministerio ha aprobado la medida, a pesar de que las conversaciones para su materialización se remontan a varios años atrás.

“Es muy corto respecto a toda la logística que hay que hacer para reubicar a los niños”, explicó Raberón. Para él, esta falta de previsión va a afectar al tema de la calidad. Y es que, con el fin de cumplir los tiempos del Decreto, se corre el riesgo de acabar reubicando a los menores en colegios oficiales que no cumplen con los más altos estándares de calidad.


PARA EL DEBATE

¿Qué opina usted de las medidas que tomó el Ministerio de Educación y de la forma de manejarlo con las entidades territoriales?

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@JuliaAlegre1