Directivas y profesores de colegios, obligados a informar sobre casos de abuso sexual contra estudiantes

Ante los recientes casos de abuso sexual en entornos escolares, el Gobierno nacional expidió un protocolo para proteger a los menores de edad de actos que afecten su integridad personal y el cual será socializado con los entes territoriales de manera que pueda ser aplicado de manera inmediata.

El documento se conoce días después de hacerse públicas una serie de denuncias por parte de alumnas y exalumnas del colegio Marymount en Bogotá y que llevó al retiro de su rectora, quien habría estado encubriendo comportamientos indebidos de profesores del plantel hacia las estudiantes, con el fin de evitar un escándalo para el establecimiento educativo.

La consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, destacó la expedición del protocolo por parte del Ministerio de Educación y anunció que será puesto en conocimiento en las diferentes regiones del país con el propósito de ser implementado rápidamente en los entornos escolares y evitar que se sigan presentando este tipo de situaciones.

“Desde la Consejería trabajaremos decididamente para articular a los actores de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas, Adolescentes, gobiernos territoriales, gestoras y gestoras sociales, con la idea de que estas decisiones, que se toman desde el Gobierno nacional, se materialicen en las regiones del país”, señaló la titular de ese despacho.

En ese sentido, se emitió una directiva dirigida a gobernadores, alcaldes y sus equipos, así como a los directivos y docentes de las instituciones educativas oficiales y privadas, con el propósito de que el protocolo se aplique integralmente y que instituye, entre otros puntos, establecer rutas de atención eficaces cuando se conozcan denuncias de abuso sexual.

El documento señala, igualmente, la obligatoriedad de directivas y profesores de los establecimientos educativos de denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes toda conducta o indicio de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes”.

De acuerdo con el documento, las principales orientaciones que brinda para la prevención y atención de violencias en entornos escolares son:

- El desarrollo de acciones preventivas a través de estrategias pedagógicas que fortalezcan las competencias ciudadanas y socioemocionales, la educación para la sexualidad y el fortalecimiento de los procesos de participación y de las acciones de cuidado y protección con las familias, así como la consulta periódica del registro de inhabilidades por delitos sexuales contra la libertad e integridad de niños, niñas y adolescentes, cuando se lleven a cabo los procesos de selección del personal administrativo y docente.

- En el marco de la Ley 1620 de 2013, cada institución educativa del país debe actualizar los manuales de convivencia anualmente e incluir protocolos de activación de rutas intersectoriales en casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, que definan tiempos, responsables y acciones.

- Los comités de convivencia escolar deben informar a la comunidad educativa sobre los canales de recepción de situaciones que afectan la convivencia escolar y deben registrar esta información en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (Siuce).

- Da un papel de liderazgo al rector del establecimiento educativo, como presidente del Comité, y le asigna el deber de interponer la denuncia ante las autoridades judiciales cuando a ello haya lugar.

- Tanto los directivos como el cuerpo docente de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales tienen la obligación de “denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes toda conducta o indicio de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de la que se tenga conocimiento”.

- El restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes se debe realizar de manera inmediata, oportuna, prioritaria y con celeridad, priorizando el derecho a la salud, para lo cual se debe coordinar con las entidades prestadoras del servicio de salud de su jurisdicción, las instituciones y/o personal especializado, para la atención integral a la víctima.

“Se necesita del compromiso y de la corresponsabilidad de cada actor desde su rol, familia, sociedad y Estado, para que este mandato no se quede en el papel, sino que se lleve a la práctica; primero, para prevenir cualquier tipo de violencia, y segundo, si se presenta un caso, facilitar que la denuncia llegue a las autoridades correspondientes, con la idea de que quienes comentan este tipo de crímenes tengan una pena ejemplarizante”, señaló la funcionaria.

Agregó: “Desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque estamos comprometidos con la eliminación de las violencias contra las niñas, niños y adolescentes; en este sentido, fijamos esta prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo con la definición de una estrategia intersectorial para disminuir y aportar en la eliminación de esta problemática”.

“Seguiremos trabajando de manera articulada e intersectorial para avanzar en los desarrollos normativos y el fortalecimiento de los entornos que garanticen que niñas, niños y adolescentes puedan vivir una vida libre de cualquier forma de violencia”, indicó.

Finalmente, la consejera presidencial hizo un llamado al país para trabajar conjuntamente por la protección de la niñez.