Muchos manuales de convivencia discriminan

La Corte Constitucional le exigió al Ministerio de Educación Nacional que garantizara que la escuela fuera un espacio libre de discriminación, en particular, con la comunidad LGTBI. Desde entonces, se empezó a trabajar en el diseño de una cartilla sobre educación sexual, titulada Ambientes Escolares Libres de Discriminación, que explicaba los conceptos de género y sexo. La cartilla, además, proponía actividades, talleres, y charlas, para la comprensión y la inclusión de la diferencia. Por otra parte, se elaboraron preguntas orientadoras, con el objetivo de que las instituciones educativas revisaran los manuales de convivencia. 

Sin embargo, desde que se conoció la iniciativa, se despertó una gran polémica. El procurador, Alejandro Ordóñez, el senador Álvaro Uribe Vélez, la senadora Vivian Morales, entre otros políticos, expresaron su molestia con todo tipo de adjetivos. Además, algunas asociaciones de padres, organizaciones católicas y evangélicas, se han pronunciado duramente contra el proyecto. El argumento central es que el Ministerio Educación aprovechó el fallo de la Corte, para imponerles comportamientos e ideas homosexuales a los heterosexuales, y obligarlos a seguir sus directrices. Según aseguran muchos padres y colegios, la cartilla viola la autonomía institucional y el derecho de las familias a educar.

En Colombia, las instituciones educativas construyen los manuales de convivencia, autónomamente. Entonces, se han quejado porque supuestamente el Ministerio de Educación les exige hacer modificaciones. La situación generó movilizaciones, discusiones en el senado, y un sin fin de publicaciones en los medios de comunicación, que han polarizado al país. Los comentarios en las redes sociales suelen descalificar a la ministra Gina Parody por toda su gestión y describen a las prácticas homosexuales como “aberraciones enfermas”, critican a los medios, y al mal manejo de la información. Otros críticos moderados sostienen desde Facebook, que respetan a la comunidad LGTBI, “creen en sus derechos y en la pluralidad”, sin embargo, aseguran que “no van a permitir una imposición a las familias y a los colegios”.

El problema del argumento es que la autonomía no puede violentar los derechos de los otros, ni discriminar, como ocurre en algunas instituciones educativas. En el Manual de Convivencia del Colegio Guillermo Carey de Barranquilla, por ejemplo, se consideran <faltas graves> “llegar al colegio bajo los efectos de alcohol y las drogas, acosar sexualmente y ser homosexual”; en un colegio de Valledupar, la Institución educativa Manuel Hernán Cuello, es una falta grave “Presentar y accionar comportamiento de lesbianismo, homosexualismo u otras conductas aberrantes dentro o fuera del plantel”. En Cartagena, entre los objetivos de las clases de educación sexual del Colegio Camino del Coral, está “identificar las causas que conllevan al homosexualismo, la metrosexualidad, el lesbianismo, la drogadicción, el aborto y la prostitución”, como si se hubiesen propuesto enlistar una serie de males.

En Colombia hay un gran desconocimiento y miedo por asumir la sexualidad, heterosexual y homosexual, y en lugar de enseñar se pretende castigar. Los manuales de convivencia de otros colegios están llenos de frases que censuran la sexualidad con términos como “actitudes obscenas”, “los comportamientos degradantes”, y prohíben “los comportamientos lascivos”, que “promueven e incitan a la homosexualidad”.

Los críticos moderados de la iniciativa, que respetan a la comunidad LGTBI, pero que desaprueban una imposición por parte del Ministerio, la Corte Constitucional, o cualquier responsable, deberían preguntarse por los riesgos que acarrea defender la autonomía absoluta, que se siente libre de llamar “aberraciones” a las preferencias sexuales de los niños. Los colombianos pueden y deben discutir si están de acuerdo o no con cómo se implementa la educación sexual en los colegios; pueden reflexionar si el género es una construcción histórica o no, o si se construye culturalmente la sexualidad. Y si quieren, pueden entablar las más serias discusiones académicas. Sin embargo, la discusión teórica en últimas es irrelevante y postergable. Lo importante en el momento, si respetan la Constitución Política y los Derechos Humanos, es acabar la discriminación y la exclusión en los manuales de convivencia.