Doctorados en el limbo: nadie les responde a casi 500 estudiantes por sus becas

Cristina Hernández tiene 33 años y está haciendo un doctorado en derecho en la Universidad de los Andes. Su idea era irse a otro país a estudiar; sin embargo, cuando el Gobierno lanzó la convocatoria de la Beca Bicentenario a mediados de 2019, no dudó en postularse, ya que podría adelantar su doctorado en una universidad de primer nivel en Colombia.

Mil estudiantes serían los beneficiarios del programa al que se destinaron 250 mil millones de pesos. El Ministerio de Ciencia dividió a los alumnos de doctorado en dos grupos de 500 y se le asignó 125 mil millones de pesos a cada uno para cubrir los gastos de estudio e investigación en las instituciones de educación superior.

Con ansias, Cristina y todos los aspirantes del segundo grupo esperaron por algunos meses la publicación de la lista de seleccionados que inicialmente estaba programada para febrero de 2020, pero que por la pandemia se dio a conocer solo hasta mayo. Según el calendario, para junio las universidades a las que accederían los estudiantes de doctorado debían estructurar los proyectos de investigación ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías para obtener los recursos de las becas. “Recuerdo que celebré que me había ganado esa beca, porque era muy posible que el siguiente semestre estaría financiada”, cuenta Hernández con decepción, pues al día de hoy el dinero no llegó. El proceso está detenido.

Entre los aspectos para calificar la propuesta y el perfil de cada aspirante, el ministerio estableció que las tesis doctorales de profesores de universidades públicas recibirían, de entrada, 10 puntos, buscando apoyar la educación pública y el nivel de sus docentes. Algunas de las personas que no fueron seleccionadas interpusieron acciones de tutela para detener el proceso, precisamente por considerar que ese aspecto en la calificación era injusto.

“En el caso de una estudiante de Medellín, el juez de segunda instancia decidió suspender los términos de la convocatoria por un error de forma, porque el de primera instancia no notificó debidamente a la estudiante”, explica Cristina, quien asegura que eso es subsanable, a diferencia del fallo más complejo que tiene frenado el programa de becas: “Un juez de restitución de tierras de Montería decidió suspender los términos hasta tanto no decida sobre el fondo”. El documento de la medida cautelar, emitido en octubre, dice que hay suficientes elementos para conceder la suspensión del proceso, porque los derechos fundamentales de la accionante y los de los demás aspirantes estarían siendo violados.

Cristina Hernández asegura que hay precedentes judiciales con situaciones prácticamente idénticas en las que los jueces han levantado este tipo de medidas cautelares y que, aunque ellos no están obligados a conocer sobre el tema, porque la sistematización de la información en Colombia no es buena, el Ministerio de Ciencia –dice ella– sí tiene la información. “Lo que a mí me sorprende es que en este caso el MinCiencia sería el responsable de solicitar la suspensión de la medida cautelar, porque está afectando el proceso de todos”.

Por cuenta de la tutela, hay 496 estudiantes en vilo que contaban con la financiación de hasta 84 millones de pesos por persona que promete el programa para la matrícula y 3 millones de manutención, ya que es complicado trabajar y hacer un doctorado a la vez. “Ahora muchos están buscando trabajo en medio de la pandemia y a punto de retirarse de sus programas, mientras las entidades operantes están perdidas. Es una situación de total incertidumbre”.

SEMANA buscó una respuesta de parte del MinCiencia, que respondió a través de un comunicado diciendo que, por orden del juez, “ha procedido a suspender todas las actuaciones administrativas en desarrollo de la citada convocatoria”, hasta que la decisión del juez “quede en firme”. En tal sentido, el ministerio precisó que está a la espera de la decisión de segunda instancia en cabeza del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. Además, desde la cartera aseguran que comprenden la preocupación de los participantes y que su compromiso es que se incremente el número de profesionales con doctorado en Colombia. “Nuestro equipo jurídico ha venido trabajando para que dentro del marco de la ley se dé impulso a dichos procesos judiciales”, dice el ministerio, añadiendo que les avisará a los participantes una vez se levante la medida provisional de suspensión.

Sin embargo, la respuesta del ministerio deja más incógnitas que respuestas, ya que por el momento tanto Cristina como los otros aspirantes deben seguir esperando para saber si pueden continuar con sus estudios doctorales o, por el contrario, deberán buscar oportunidades en otros lugares.