El problema de la educación incluyente en Colombia

La educación inclusiva según la Unesco es “la mejor solución para un sistema escolar que debe responder a las necesidades de todos los alumnos”. Este sistema permite que los niños y jóvenes de grupos vulnerables (población con necesidades especiales, minorías étnicas, escolares de zonas rurales entre otras) interactúen en aulas generales con métodos de enseñanza y materiales que favorezcan el aprendizaje de todos los estudiantes y promuevan una sociedad más dinámica y abierta a las diferencias.

De acuerdo con Inclusión Internacional, federación mundial que se dedica a la difusión de contenido sobre educación inclusiva en Latinoamérica y el Caribe “La educación inclusiva requiere de cambios en la aproximación a las diversas características de los estudiantes y en las prácticas educativas, pero ante todo, en repensar actitudes fundamentales acerca de la educación y de la educación de aquellos estudiantes que han sido excluidos o marginados por diversas causas” .

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Al mismo tiempo, la educación inclusiva no debe confundirse con la educación para estudiantes con necesidades especiales ya que no se fundamenta en la medicina para formar sus estrategias pedagógicas sino en la construcción de modelos de enseñanza orientados a proporcionar herramientas, desarrollar habilidades y comportamientos necesarios en la cotidianidad. Estudios académicos afirman que la educación inclusiva tiene beneficios para la sociedad al generar más oportunidades y entornos más equitativos.

Para que el sistema sea exitoso, el Centro de Ciencias sobre la Educación Inclusiva (CSIE) insiste en el trabajo colectivo del gobierno, las directivas escolares y los colegios para construir los mecanismos de financiación, capacitación docente y adecuación de espacios para una comunidad educativa local.

Sin embargo, las garantías de acceso a la educación a un alumno discapacitado son restringidas en gran parte del territorio nacional debido a la falta de preparación de los centros de formación y profesores para admitirlos en sus aulas de clase, los altos costos que representan para un núcleo familiar los institutos especializados de enseñanza y la relación preexistente en su contexto local. Prueba de ello son las sentencias T-488/16 y T-523/16 que piden garantizar un servicio educativo de calidad a menores afectados con síndrome de Asperger y déficit de atención y trastorno de hiperactividad.

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Aunque está en marcha un proyecto de decreto para reglamentar la educación inclusiva en el país, una demanda a la Corte Constitucional interpuesta por Lucas Correa Montoya, experto en derechos de la población con discapacidad, reabre un tema al que no se le presta atención. En la demanda solicita revisar el modelo de educación propuesto para las personas con necesidades especiales. En su criterio, la normatividad existente no favorece la inclusión de los niños y jóvenes con necesidades especiales sino que produce el efecto contrario: segregación y discriminación. 

Como medida de una reestructuración efectiva la magistrada que aceptó el recurso legal, Cristina Pardo, solicitó a varias instituciones y entidades entre las que destacan la Unicef y la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial (Fides) responder un cuestionario para aclarar en qué casos la discapacidad necesita métodos educativos especiales y las medidas que se requieren para mejorar el modelo educativo que se debate.

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