No hay presupuesto para la educación rural

Para llegar al colegio del municipio de Taraira, en la punta del departamento del Vaupés, los estudiantes de las comunidades aledañas navegan en una lancha de madera durante 10 días por el río Apaporis. Como no pueden continuar el viaje en la noche, levantan cambuches en medio de la vasta selva amazónica, en donde es común encontrar anacondas, jaguares y cerdos salvajes.

Esta travesía, que se reanuda en el día, la hacen solos, asegura María Quecán, licenciada en Filología e Idiomas de la Universidad Libre y docente en esta zona. Mientras sus estudiantes se suben a una lancha, ella se desplaza en un avión carguero DC-3 desde Mitú hasta su colegio, donde vive durante los cinco meses que dura el periodo escolar.

María es una docente nacida en Chía, Cundinamarca, pero lleva 12 años trabajando para la Secretaría de Educación del Vaupés en escuelas rurales. Desde 2016 su lugar está en Taraira, un municipio que limita con Brasil y donde la mayoría de población es indígena. “El transporte y la lejanía no es lo único que nos preocupa, las condiciones en las que vivimos son pésimas”, dice.

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Como la mayoría de los 274 estudiantes no pueden regresar a su casa después de terminar la jornada escolar, la institución educativa cuenta con un internado ‘improvisado’. “No hay agua potable, no tenemos lavaderos, los colchones están rotos, los camarotes son inestables. Con este ambiente los estudiantes prefieren no asistir. Y no es que sea una locura, tienen razón en no volver”, asegura.

Testimonios como los de esta profesora han estado ahí, disponibles para quien quiera escucharlos, desde hace años. Pero después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, las organizaciones sociales empezaron a presionar y hacer más visibles estos casos, que se cuentan por miles, con el fin de concretar estrategias que “garanticen la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación desde la primera infancia hasta la educación superior en el campo”, como se lee en el documento final que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado.

Es por eso que en lo que ahora se conoce como la “Colombia profunda”, donde se concentran alrededor de 11 millones de personas (cerca del 24 % de toda la población colombiana), siguen a la espera de esa transformación rural que aguardan desde Gobiernos anteriores y que implica, entre muchos aspectos, acceso a educación. Lamentablemente, el panorama no parece muy alentador.

Víctor Saavedra, ex viceministro de Preescolar, Básica y Media, cuenta que desde que el Ministerio de Educación (MEN) supo que muchos de los temas sobre educación rural estaban a punto de ser aprobados en el acuerdo de paz preliminar, se empezó a estructurar el Plan Especial de Educación Rural (PEER).

Su misión es la de garantizar la educación inicial, básica, media y superior de calidad, formar docentes, mejorar la infraestructura de las escuelas, modificar el currículo pedagógico y rediseñar la forma en que son administradas las sedes. Sin embargo, un año después de su presentación a los medios, este plan no está terminado y lo más preocupante es que no cuenta con ninguna fuente de financiación.

“El MEN conversó con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación para solicitar un crédito para su ejecución. Los dos bancos estaban muy interesados, pero el Ministerio de Hacienda decidió no darle el aval a la solicitud del crédito porque no había espacio para financiarlo. Para Hacienda, la cartera educativa debe centrarse en otras prioridades. Lo que quiere decir es que por ahora el proyecto no tienen viabilidad”, explica Saavedra.

Según Óscar Sánchez, director de Educapaz, una de las organizaciones sociales que están ayudando a construir el PEER, el proyecto tiene un costo anual de más de cinco billones de pesos, un dinero que, según él, no existe. “Quienes vemos lo que está pasando sentimos que la implementación del acuerdo, en general, está muy quedada. Se les acaba el Gobierno para jugarse la sostenibilidad de la paz porque no han podido solucionar los problemas fiscales durante estos años. Entonces, temas de fondo como la transformación de la cultura de la violencia o estrategias para generar oportunidades para los niños y los jóvenes no van a solucionarse pronto”, indica.

Ese sinsabor de que nada de lo prometido se hace realidad no solo lo perciben los expertos. Al cierre de esta edición se estaba cocinando un nuevo paro campesino desde el departamento del Cauca, encabezado por la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA) y apoyado por líderes comunales de todo el territorio que exigen respuesta sobre la ejecución de la Reforma Rural Integral que se traduce en “tierra, vías terciarias, riego, electrificación, conectividad, salud, educación, vivienda, fomento a la economía campesina, asistencia técnica, subsidios y créditos”, según se lee en su pliego de peticiones.

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En el otro extremo del país, en el departamento del Cesar, Franco Figueroa, personero del municipio de La Paz, el único lugar del Caribe en donde hay una zona de Capacitación y Reincorporación para los excombatientes de las Farc, asegura que hasta el momento el Gobierno está dejando toda la carga presupuestal en los municipios. “Muchos de los proyectos educativos que se van a desarrollar se van a financiar con el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, pero municipios pequeños como La Paz no tienen la capacidad institucional de solventar las necesidades de su población”, apunta.

MUCHO DATO Y POCA ACCIÓN

María del Carmen Duque lleva más de 20 años en la zona rural del municipio de Trujillo, Valle del Cauca. Con la producción de su finca cafetera, préstamos y rebajas de matrícula logró graduar a sus tres hijos de la universidad. Ahora son profesionales que viven y trabajan en municipios cercanos. A sus 55 años no solo ha visto esfumarse del campo a los más jóvenes, también las promesas de Gobiernos que ofrecen oportunidades de educación y trabajo.

Carmen sabe lo que sucede y ha sucedido por años con quienes han nacido en su vereda. Ella no necesita los datos para entender que solo el 2,3 % de las personas que viven en el mundo rural disperso han realizado estudios universitarios, que solo el 10 % son bachilleres, que solo el 17 % de los menores de 6 años recibe algún tipo de atención, que de los que terminan la primaria solo la mitad llega a noveno y solo la tercera parte llega a once, y que el alfabetismo se cifra en 12,13 % en mayores de 15 años, según el diagnóstico rural del PEER. Carmen, al igual que muchos compañeros campesinos suyos, no está acostumbrada a entender su realidad por medio de las cifras. Pero sí es consciente de que algo no va bien.

En las grandes ciudades, en cambio, las organizaciones sociales, universidades e instituciones privadas y públicas sí entienden de estadísticas. Muchas de ellas buscan solucionar esta problemática y materializar la promesa de transformar el campo por medio de proyectos e iniciativas.
Uno de ellos es el Programa de Fortalecimiento de la Cobertura con Calidad para el Sector Educativo Rural PER Fase I y II (2002-2012), que fue financiado por el Banco Mundial para garantizar el acceso a la educación de los niños y jóvenes en el campo.

También está el Informe de la misión para la transformación del campo, un documento presentado en 2016 que plasma los principales problemas del campo y recomienda algunas acciones que debe tener en cuenta el Gobierno para cambiar esta realidad. Y el Diagnóstico de la juventud rural en Colombia, presentado este año por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), que nombra las causas por las que los jóvenes están migrando del campo a las ciudades.

Sin embargo, para Carmen, de poco o nada le sirvieron estos programas e investigaciones en los momentos en los que estuvo a punto de retirar a sus hijos de la universidad por falta de plata. “Este país sabe mucho de educación rural, pero nunca ha tenido políticas serias. Donde nos lleguen a echar el cuento de que el PEER se va a resolver en el próximo Gobierno, realmente sería muy triste”, dice, preocupado, Óscar Sánchez, quien además reconoce que aunque el PEER es la apuesta más madura que está en manos del Gobierno, “no es sólido en materia de maestros”.

UN INTERROGANTE QUE NADIE RESPONDE

¿De dónde van a salir los profesores que necesita el campo?, ¿cómo se va a garantizar su formación? Son dudas que el PEER no responde y hasta el momento solo se conoce una estrategia limitada a impactar las zonas afectadas por el conflicto.

De acuerdo con Nicolás López, vocero de Educación en la Mesa Social y Comunitaria del Catatumbo, tras una movilización que hicieron en la región lograron que los maestros que fueron contratados por los municipios durante el conflicto armado –ya que los nombrados por el MEN pedían traslado a zonas menos violentas– ahora puedan participar en el concurso docente que salió este año. Una especie de reconocimiento a su labor a favor de la educación de los niños en tiempos de guerra.

"Hay profesores que se gastan hasta seis horas en moto para llegar a escuelas que, en la mayoría de los casos, están en mal estado. Así no es posible tener una buena educación”, advierte López.

Finalmente, se logró sacar adelante el Decreto Ley 882 del 26 de mayo de 2017, que abre la posibilidad para que 1840 de estos maestros ingresen al sistema y permanezcan en el sector rural afectado por la guerra.

Los requisitos son básicos: puede presentarse al concurso docente desde un bachiller, técnico profesional, tecnólogo o normalista superior, hasta un licenciado en Educación o con otro título del nivel profesional universitario. Serán calificados de acuerdo con el puntaje que obtengan en las pruebas de razonamiento cuantitativo, lectura crítica, conocimientos específicos de área, evaluación de conocimientos pedagógicos y una prueba psicotécnica.

Para Franco Figueroa, personero del municipio de La Paz, el concurso docente está olvidando uno de los problemas que más repercuten en la educación rural: la calidad. “Muchos de nuestros docentes rurales no cuentan con la formación suficiente para competir con otros que sí están preparados. Antes de hacer un concurso deberían capacitarlos y profesionalizarlos”.

En cambio, muchos docentes de las zonas rurales responsabilizan al Estado por la falta de garantías para ejercer su profesión bajo parámetros de calidad, no creen que el problema sean ellos directamente.

Ese el caso de Luis Rojas, profesor del municipio de Tibú, Norte de Santander, para quien, aunque la educación de la zona del Catatumbo es de las peores en el país, la culpa no es de los maestros, sino del abandono que padecen del Gobierno. “A las escuelas no llegan los recursos, los docentes no son contratados en los tiempos académicos, entonces no tienen tiempo para dar todo el contenido correspondiente. A esto le sumamos el conflicto armado, la infraestructura, los materiales didácticos, los computadores. Ven la educación del campesino como un cero a la izquierda”, apunta. En la Institución María Auxiliadora, ubicada en medio de los municipios de Dagua y la Cumbre, en el Valle del Cauca, estos problemas son resueltos por la misma comunidad.

El rector Rubén Darío Cárdenas, ganador del premio Compartir al Mejor Rector con el proyecto ‘La escuela, un proyecto de transformación cultural‘, ha logrado que los campesinos vean la escuela no solo como un espacio para generar conocimiento, sino también para formular alternativas que solucionen cuestiones como la alimentación y el transporte.

“Nosotros formulamos una propuesta para ser solucionadores de nuestros propios problemas: el Programa de Alimentación Escolar lo resolvemos con nuestras propias huertas y vacas. También tenemos el programa La Escuela en Casa, para que los niños que viven muy retirados de la institución puedan trabajar en casa con sus padres y regresen a la escuela cuando puedan con el trabajo resuelto. De esta forma el aprendizaje no se detiene, porque el saber no está encapsulado solo en los maestros”, plantea.

Para lograr que en 2015 la institución María Auxiliadora estuviera entre las 10 mejores del país en las pruebas Saber, Cárdenas ajustó el lineamiento curricular y los estándares básicos de competencias con la realidad de sus estudiantes. Es decir, que al no seguir al pie de la letra lo que desde las ciudades creen es lo mejor para el campo, su colegio logró colarse entre los mejores.

EL CAMPO SABE CUIDAR DE SÍ MISMO

Frente a la lentitud y la desorganización en la implementación de los acuerdos de paz y a la espera de que programas como el Plan Especial de Educación Rural sean aprobados por el Congreso, la ruralidad está buscando la manera de construir paz sin la ayuda de terceros.

Nadie sabe mejor que ella, construir entre comunidades para sacar adelante un territorio. Hoy, el ejemplo más sorprendente lo están dando los más jóvenes. Los mismos que llevan años sin educación ni trabajo digno, pero que con fuerza y determinación dan la pelea por su región.
Silfredo Fuentes es un joven de la zona rural de Córdoba que hace parte de la Red Nacional de Jóvenes Rurales, una plataforma que reúne a 2700 líderes juveniles de 27 departamentos para construir lazos entre ellos y entidades públicas y privadas.

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Cuando Silfredo no está en China o en reuniones en Bogotá con empresarios y ministros exponiendo proyectos con los que intenta que los jóvenes vean el campo como una gran empresa, se queda en su vereda trabajando una tierra de la que nunca piensa irse.

Esta visión la comparte con otros de los miembros de la red como Walter Montoya, de Puerto Salgar, Cundinamarca; Michael Camacho, de La Dorada, Caldas, y Jorge Alean, de Sahagún, Córdoba. Todos ellos tuvieron la oportunidad de participar en XpoJovenES 2017, un espacio en el que compartieron sus ideas de negocios construidas de la mano de otros jóvenes de cada región.

“La educación superior no puede ser más un puente migratorio a la ciudad. Un joven rural que migra a estudiar difícilmente vuelve, por lo tanto se desconecta totalmente de su actividad productiva, se rompe su vínculo con el territorio. Por eso estamos tratando de conseguir todo el apoyo posible para acabar con la fuga de cerebros”, explica Silfredo.

Una de las ideas que tiene esta red nacional es llevar más universidades a las regiones para que respondan a las dinámicas de desarrollo rural. Una realidad que se supone va a empezar a funcionar en la nueva y primera sede de la Universidad Nacional en el departamento del Cesar, con la que se buscará cerrar la brecha educativa que mantiene rezagada a esta región respecto a otras del país.

Y es que de los 12.500 bachilleres que se contabilizan en esta zona del territorio, solo el 30 % accede a educación superior. Los demás buscan estudiar carreras técnicas o tecnológicas o se quedan deambulando en las calles.

Esta sede estará ubicada a 12 kilómetros de Valledupar, en el municipio de La Paz, un lugar afectado por el desplazamiento forzado y el conflicto armado. “Es un gran paso para la gente que vive en el campo porque ahora van a tener una muy buena universidad muy cerca a los corregimientos”, apunta Héctor Duarte, líder comunal del municipio.

Pero para el personero Franco Figueroa, pensar que los campesinos del Cesar van a lograr ingresar a una universidad pública con la educación básica y media que reciben en el momento es muy ingenuo. “Si no hacemos nada con la educación que se imparte en el colegio, un joven campesino no va a tener el conocimiento para ganar una prueba de admisión en la Nacional”, concluye.

Este artículo hace parte de la edición 29 de la revista Semana Educación. Si quiere informarse sobre lo que pasa en educación en el país y en el exterior, suscríbase ya llamando a los teléfonos (1) 607 3010 en Bogotá o en la línea gratuita 01 8000 51 41 41.

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