La transformación rural, cada vez más cerca

En la historia reciente del país no se había tenido tan presente la ruralidad como ahora. Un Acuerdo de Paz, que reformará el sector agrario, y un Plan Especial de Educación Rural son solo algunas de las apuestas que el gobierno ha trazado para darle relevancia al campo. Sin embargo, aunque el país está volviendo la mirada a esta zona del territorio, su población busca la manera de dejarlo atrás.

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Al analizar diferentes ámbitos que inciden en el desarrollo rural, la situación es crítica. Por un lado, el campo está lejos de tener una buena educación. Según la encuesta de Calidad de Vida 2013 del Dane (la última de la que se tienen datos a este respecto), el bajo logro educativo en los hogares de lo que se denomina la dispersa rural (montañas y potreros) alcanza el 83,6 %, mientras que en las cabeceras municipales, este dato se sitúa en el 42,8 %.

A esto se suma que existe una escasa matriculación de los estudiantes provenientes del campo en las universidades. De acuerdo con Alejandro Venegas, director de Fomento del Ministerio de Educación (MEN), solo el 1 % de las matrículas universitarias que se registraron en 2016 proceden de la ruralidad. En el caso de la básica primaria, aunque el acceso está garantizado, existe un fenómeno silencioso que está acabando con las aulas rurales. Desde 2006 hasta la fecha se han clausurado 2.713 escuelas rurales, la mayoría por falta de estudiantes.

Una de las razones que, según los expertos, explicarían estos cierres de instituciones educativas es el éxodo de los campesinos a las grandes urbes por razones económicas. “El riesgo de que el café deje de existir por el mal precio, el cambio climático y la falta de relevo generacional incide en la migración de las familias que han sobrevivido solo de este cultivo y que hoy se han visto afectadas económicamente”, sentenció el gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, en el Primer Foro Mundial de Productores de Café celebrado en junio, en Medellín.

Las cifras hablan por sí mismas. Si hace 50 años Colombia era un país rural con el 70 % de su población localizada en el campo, hoy la realidad está invertida, como aseguró en un entrevista a Semana Educación el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. Solo 12 millones de personas habitan en las zonas rurales en la actualidad y de esos, cinco millones viven en la rural dispersa. Para Eduardo Aldana, exrector de la Universidad de los Andes y exmiembro de la Misión de Sabios*, tanto la educación como las formas de cultivar se están transformando.“El cambio climá- tico ha llevado a los campesino a cultivar de otras maneras. Lo mismo sucede en la educación. Si hay pocos estudiantes, deberíamos tener un plan para que los niños no dependan de un aula para aprender”, explicó a esta revista. 

Foto: Tatiana Rojas

No hay estudiantes

Como pudo conocer Semana Educación, aunque en el país se han cerrado 2.713 escuelas rurales desde 2006 por la falta de estudiantes, otras han empezado a abrir su puertas tras la firma de la paz con las Farc y de cara a un nuevo contexto de posacuerdo. La institución educativa La Cumbre, por ejemplo, ubicada en la vereda de Samaná, Caldas, fue reactivada en 2017 tras varios años sin matrículas debido al éxodo de los niños y sus familias que huyeron de los efectos del conflicto armado en esta parte del territorio.

Lo mismo ha sucedido en otros municipios del departamento, como Palestina, Viterbo, Salamina y Neira, en los que el regreso de sus comunidades ha obligado a reactivar la actividad académica.

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Sin embargo, esta no es la lógica imperante. La realidad es que cada vez son más las escuelas rurales que se ven forzadas a clausurar. Las cifras más altas se registran en el Cesar, con 88 sedes rurales cerradas desde 2010 hasta 2016 y otras 12 cerradas temporalmente desde 2014 a 2017, y Caquetá, con 83 y 105, respectivamente. Estas escuelas podrán volver a funcionar si aumentan la matrícula a más de siete niños por sede en caso de que el problema haya sido por baja cobertura, como sucede en la mayoría de casos.

El Valle del Cauca tampoco está exento de este fenómeno, según el secretario de Educación, Odilmer de Jesús Gutiérrez, en el departamento hay más de 60 sedes cerradas y otras más que están muy cerca de hacerlo. Es el caso de la escuela Santo Tomás de Aquino, ubicada en la vereda El Dinde, zona montañosa de Riofrío, que solo cuenta con siete estudiantes.

Para Luisa Fernanda Marín, profesora de la institución, la probabilidad de que el próximo año no pueda continuar formando a los estudiantes por no completar el cupo que exige el MEN —mínimo siete para las escuelas nuevas— es muy alta. “Nadie puede garantizar que los campesinos regresen a trabajar en las fincas. Es una realidad: la gente joven quiere vivir en la ciudad”, alertó.

Para Ángel Pérez Martínez, máster en Políticas Públicas con énfasis en Pobreza y Educación de la Universidad de Michigan, “el Ministerio está obligado a garantizar el derecho a la educación así sea a cuatro niños”. Según el experto, hay otra realidad que no puede dejarse fuera del debate: los escasos recursos que se destinan para la educación rural. “No es sostenible poner a un maestro bien costoso a enseñar a cuatro niños”, señaló.

Falta de inversión

La dificultad de acceder a muchas escuelas en zonas apartadas de la urbe es otro de los problemas que, según los expertos, desalientan a las familias a mandar a sus hijos a estudiar y provocan que muchas instituciones deban cerrar sus puertas. En el año 2010, el Ministerio de Educación realizó un diagnóstico sobre el estado del transporte escolar con la ayuda de la firma C&M. Se identificó que el medio más utilizado es el transporte vehicular (buses, microbuses y automóviles).

En la región Pacífica y los Antiguos Territorios (rodeados de selva y les hacen falta vías), los niños hacen uso del transporte fluvial, como la lancha automotor. En algunas zonas de difícil acceso, los entes territoriales contratan desde un jeep y una chiva hasta una moto para transportar a los estudiantes desde la casa hasta las escuelas. De hecho, los gobiernos departamentales están obligados a garantizar el transporte escolar.

Los recursos que se destinan para este apartado se sacan del aporte para educación de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) solo después de haber financiado las prioridades de gasto del sector. Es decir, los entes deben buscar otras vías para financiar el transporte, ya que la mayoría de recursos se van en el pago de nómina docente.

En relación con la alimentación escolar y según el MEN, todas las instituciones educativas de las zonas rurales deben ser seleccionados para la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La realidad es que, aunque en el campo se debe cubrir el 100 % de los estudiantes matriculados, se priorizan solo los que están en jornada única. 

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En distintos departamentos se han registrado denuncias sobre la deficiente implementación de este programa, como sucede en la zona rural de Cúcuta, donde varios padres de familia del corregimiento Buena Esperanza se quejaron de que había más de 1.000 niños que no recibían el servicio en las condiciones requeridas. El rector de la institución, William Antonio Galvis, reconoció que el gobierno no mira lo suficiente al campo: “Hace falta más inversión en infraestructura, mobiliario deportivo y atender las verdaderas necesidades de la población”.

Se buscan docentes nuevos

En la investigación de la Fundación Compartir ‘La situación de la educación rural en Colombia, los desafíos del posconflicto y la transformación del campo’ se evidenció que uno de los principales problemas de la educación rural es la falta de docentes licenciados por áreas específicas y con un conocimiento adecuado de las pedagogías de educación flexible dispuestos a trabajar en el campo.

Algunos profesores que han trabajado en veredas de la zona rural de Manizales aseguraron a Semana Educación que deben desplazarse por lugares agrestes durante horas para llegar a sus escuelas y que carecen de materiales didácticos de apoyo y elementos mínimos con los que trabajar.

Por esta razón, según confirmaron algunos secretarios de Educación departamentales, los maestros no están dispuestos a ejercer la docencia en estos lugares. “Tenemos una problemática grave en el Cauca, porque los profesores no quieren ir a municipios remotos como Caloto o Piendamó, sino que quieren estar cerca de Popayán, lo que hace que muchos se nos vayan a ejercer a otros lugares”, señaló el secretario de Educación de Cauca, Alexander Girón.

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Afirmaciones con las que el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Carlos Rivas, no está de acuerdo. “Es una falsa creencia. Son los profesionales de otras carreras que no tienen formación pedagógica los que rechazan los puestos que se les asignan”.

Sin embargo, en un análisis realizado por el MEN en el documento ‘Colombia, territorio rural: apuesta por una política educativa para el campo’, también se confirma que la insuficiencia de docentes suele deberse más a la concentración de los estos en las cabeceras municipales que a la falta efectiva de recursos humanos.

Actualmente, esta deficiencia de profesores se resuelve con incentivos para que desarrollen su labor en el campo, como ayuda a la vivienda, transporte, alimentación, prima salarial o formación a nivel de posgrados. Recientemente se firmó el Decreto de Ley 882 de 2017 para nombrar 1.840 nuevos docentes en las zonas afectadas por el conflicto armado en el marco del Acuerdo de Paz. Este decreto crea, por única vez, un concurso especial de mé- ritos en el que podrán concursar desde bachilleres hasta educadores. Según Rivas, este concurso dará prioridad a los que ya tienen experiencia en este tipo de zonas, si viven en una de ellas o si son víctimas del conflicto armado.

El campo está cambiando

En las zonas rurales apartadas de los cascos urbanos, la mayoría de escuelas funcionan bajo el modelo pedagógico escuela nueva, un método que surgió en la década de los setentas para incrementar la cobertura de los niños de primaria asegurando que no tuvieran problemas por ausentarse en las épocas de cosecha, que es cuando deben ayudar a sus padres. Los menores aprenden desde religión hasta matemáticas con un solo docente y en un mismo salón a partir de cartillas educativas.

La última evaluación de impacto de este modelo fue realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 1997 y, aunque la vigencia de estos resultados no puede trasladarse a la actualidad, ese año se demostró la efectividad de la escuela nueva para mejorar los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber, así como un descenso de las cifras de deserción.

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Desde 2007, la matrícula de escuela nueva ha tenido una tendencia a la baja según el MEN. “La situación es preocupante, porque cuando llegué hace seis años a dictar clases en la escuela María Peregrina García, en la vereda La Sonadora, en el municipio de Salónica, Valle del Cauca, tenía 34 estudiantes y no había dónde sentarlos. Este año empecé solo con cuatro estudiantes, y ahora solo tengo siete, porque las familias que viven por aquí se mueven mucho buscando las las cosechas de café, advirtió William Berrio, docente de la institución. Para que esto no se mantenga, según Eduardo Aldana, exrector de la Universidad de los Andes, es importante comprender que el campo está cambiando. “Ahora, las comunidades deben ligar la educación con la tecnología para que los jóvenes no migren a las ciudades. Debemos quitarnos la idea de la pequeña parcela por una pequeña fábrica rural”, indicó.

Bajo esta premisa, Aldana creó el Instituto de Innovación Regional en el sur del Tolima, entidad privada sin ánimo de lucro que apoya a los jóvenes en carreras técnicas. También han empezado a nacer asociaciones creadas por los mismos campesinos para enseñar emprendimiento en el campo desde otra perspectiva, como ‘Nueva Generación, Andinápolis’, impulsada por Alexánder Rojas, un joven tecnólogo en Agropecuaria Ambiental del municipio de Trujillo, Valle del Cauca. El objetivo de esta iniciativa es brindar oportunidades a los estudiantes que salían del colegio y que no podían ingresar a una universidad.

Con el apoyo de la Fundación Internacional Americana (IAF) están dictando talleres para que los jóvenes entre 14 y 28 años creen sus propios modelos de negocios rurales. “Decidimos formular un proyecto para que 300 jóvenes que viven en municipios del Valle del Cauca tuvieran voz y voto en sus comunidades y pudieran generar empleo sin salir de sus comunidades”, explicó Alexánder Rojas a Semana Educación. Estos nuevos empresarios tuvieron la oportunidad de crear sus propias Iniciativas Productivas Agrícolas (IPA). A cada uno se le proporcionó un presupuesto para crear 30 proyectos enfocados en avicultura, porcicultura, cafés especiales, ganadería, piscicultura, artesanías, entre otros. “Queremos darles una razón para no irse de su comunidad”, concluyó este joven.

Aunque la discusión sobre la necesidad de una recuperación integral del campo ya se está dando, aún no es claro cómo se va a proceder para que los productores, el gobierno, la empresa privada y, sobre todo, la academia mejoren la calidad de vida de los campesinos. Los retos son exponenciales, pero desde los pequeños rincones del país ya hay jóvenes, docentes, acadé- micos y políticos desarrollando estrategias para lograrlo. 

Este reportaje hace parte de la edición 26 de la revista Semana Educación que acaba de salir al mercado.  Si quiere informarse sobre lo que pasa en educación en el país y en el exterior, suscríbase ya llamando a los teléfonos (1) 607 3010 en Bogotá o en la línea gratuita 01 8000 51 41 41.

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