Educación superior pública y gratuita: ¿Un sueño posible?

La educación superior pública gratuita es una de las demandas históricas de los movimientos estudiantiles en el país. En los paros o protestas es usual ver pancartas y escuchar arengas exigiendo medidas para que Colombia avance en ese camino.

Si bien en el imaginario de muchos la propuesta está ligada a los movimientos de izquierda, en las últimas semanas el Gobierno y políticos de distintos extremos han coincidido en ella. “Una gran compensación social sería la universidad pública gratuita hasta el estrato tres, con prevalencia de la enseñanza virtual”, dijo el expresidente Álvaro Uribe.

Desde el otro espectro político, el senador Gustavo Petro respondió que para lograr ese objetivo habría que hacer una inversión en educación sin precedentes; aseguró que para cumplir esa promesa el presupuesto del sector no debería aumentar 3 billones de pesos al año, como creció de 2020 a 2021 al pasar de 44,1 billones a 47,2 billones, sino alcanzar un incremento de 13 billones anuales.

Y es que el país necesita seguir avanzando en el acceso a la educación superior. De acuerdo con los antecedentes de la matrícula en instituciones universitarias, 40 por ciento de los cerca de 690.000 estudiantes del grado once que salen anualmente no tendrán posibilidad alguna de continuar sus estudios universitarios.

Al revisar la cifra por edades, se estima que en el país hay cerca de 4,3 millones de jóvenes entre 17 y 21 años, de los cuales apenas 52 por ciento estudia algún programa de pregrado.

Si hay algo en lo que las dos orillas políticas coinciden es que para este objetivo son necesarios más recursos. Razón por la que el Gobierno quiere conseguir el dinero para extender la gratuidad en la educación superior hasta el estrato tres a través de una nueva y polémica reforma tributaria.

Las preguntas de fondo alrededor de esta propuesta son ¿qué tan viable es garantizar esta educación gratuita?, ¿qué tanto costaría financiarla?

Para el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, quien asumirá en los próximos días la presidencia del Sistema Universitario Estatal (SUE) –asociación de las universidades públicas del país–, esta iniciativa no es nueva y se viene presentando desde hace un par de años. “Desde el SUE hemos demostrado que es una propuesta viable”, asegura.

Explicó que, de los 680.000 estudiantes en universidades públicas, 71 por ciento pertenece a estratos uno, dos y tres, por lo que destacó el impacto que tendría cumplir esta promesa. En ese sentido, Torres precisó que 48 por ciento de los recursos de las universidades del SUE son propios, los cuales equivalen a 3,5 billones de pesos al año. De estos, alrededor de 1,1 billones corresponden a las matrículas, y, de ellos, un poco más de 850.000 millones provienen de pregrados.

“Las matrículas en universidades públicas tienen un valor que oscila entre 380.000 y un millón de pesos para los jóvenes de algunos estratos”, indica el rector. Asegura que las cuentas para cumplirles a los jóvenes de esos estratos son claras: se debería ayudar anualmente a las universidades con al menos 800.000 millones de pesos para ofrecer gratuidad a ese segmento de la población.

“En los semestres de pandemia ha quedado claro que la gratuidad sí es posible, se destinaron recursos adicionales y muchas universidades lo lograron”, agrega.

Cabe recordar que el Gobierno ya beneficia a muchos estudiantes con matrícula gratis, dado que las universidades públicas reciben a los alumnos elegidos por Generación E. Este programa ayuda a cerca de 80.000 bachilleres destacados en las pruebas Saber 11 para ingresar a la educación superior cada año.

La meta del Gobierno en el cuatrienio es apoyar a 320.000 jóvenes con este programa, y, de lograr su objetivo de financiación, 70 por ciento de los 680.000 alumnos de universidades públicas lograrían la misma gratuidad todos los años.