Las dudas que el “mastergate” plantea sobre la educación en España

Con la polémica surgida por la situación del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, a quien se acusa de haber plagiado su tesis doctoral, se ha puesto sobre la mesa de nuevo el tema sobre la rigurosidad con la que se expiden títulos académicos en las universidades españolas.

En España, Sánchez no es el único político involucrado en este escándalo, y la universidad Camilo José Cela, que le confirió el título, no es la única institución educativa en problemas.

La más afectada, de hecho, es la Rey Juan Carlos. Su Instituto de Derecho Público cuenta con varios egresados a quienes, siendo funcionarios públicos, se les ha investigado por copiar, citar mal o falsificar sus títulos de posgrado. Desde marzo de este año el instituto adscrito a la universidad está en la mira por haber emitido títulos "VIP" a cambio de favores políticos. 

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En él estudiaron Cristina Cifuentes, ex presidenta conservadora de Madrid y Carmen Montón, ex ministra de sanidad socialista, funcionarias que dimitieron de sus cargos en medio de sospechas sobre sus títulos. Así mismo, Pablo Casado, presidente del Partido Popular y compañero de Cifuentes, también cursó su master en la Rey Juan Carlos y dentro de poco la Fiscalía de esta nación decidirá si inicia investigaciones por inconsistencias sobre cómo obtuvo su grado.

La situación que permea la política española lleva a cuestionar cómo se está dando la relación entre universidad y Estado. Por el momento, todo apunta a que la Rey Juan Carlos "presuntamente se había convertido en un chiringuito para regalar posgrados a gente VIP", comentó a AFP Cristina Monge, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Zaragoza."De alguna forma era un trato bueno para las dos partes: la universidad se rodeaba de alumnos ilustres, y por otro lado estos alumnos tenían un título", agregó.

Según señaló Monge, con estos casos se percibe que España está sufriendo de “titulitis” y “locura de másteres y posgrados”.

Según registró AFP, estos no son los únicos casos con presuntas irregularidades. Son tantos que la Rey Juan Carlos ha decidido clausurar el Instituto de Derecho Público. El rectorado está investigando los currículos que manejaba la unidad adscrita a la universidad y sospecha que lo que pudo pasar fue una posible malversación de fondos.

Además, El País publicó este jueves que Enrique Álvarez Conde, catedrático del Instituto e implicado en el caso Cifuentes, se habría pagado a sí mismo sobresueldos irregulares que oscilaban entre los 10.000 y 22.000 euros al año desde las cuentas de la entidad.  Según el medio español, Conde también hizo transferencias a hijos y parientes y utilizó la tarjeta de crédito del Instituto para pagar factura de supermercados, restaurantes, cafeterías e incluso su cuenta en Spotify.

Los casos y las evidencias sobre Conde apuntan a que existía una red organizada al interior del Institut y, tal como expresó Cristina Monge, no se descarta que sigan apareciendo más casos en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos.

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*Con información de AFP