Profesores de la San Martín se pronuncian sobre la crisis de la universidad

“Nos ha tomado por sorpresa” es la frase que más repitieron la decena de docentes que se comunicaron con Semana Educación tras la publicación ayer en exclusiva de la noticia sobre un inminente cierre de la Fundación Universitaria San Martín por parte del Ministerio de Educación (MEN).  

‘¿A punto de cerrar la Universidad San Martín?‘

“Nunca pensamos que barajaban la posibilidad de liquidarla”, aseguran a la vez que dejan claro que eran conocedores de la delicada situación económica por la que atraviesa la institución desde antes y después de la intervención del MEN, ocurrida en enero de 2015.

Desde entonces, el Ministerio ha negado todos los registros calificados de los programas académicos de la San Martín, y sin estos una institución de educación superior no puede operar ni recibir ingresos por cuenta de las matrículas nuevas de estudiantes.

La sorpresa que manifestaron los docentes al enterarse de las intenciones del gobierno contrasta incluso con sus propios relatos sobre la situación que viven en la San Martín. Todos ellos apuntaron a que la institución arrastra deudas millonarias de las que no se ha podido recuperar, a pesar de que antes de dejar el Ministerio, Gina Parody aseguró que se estaban tomando todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los estudiantes y trabajadores. Los docentes hablaron también de impagos de sueldos y pensiones.

Jesús Arengas, abogado y representante legal de 200 trabajadores de la universidad en la sede caribe, aseguró a esta publicación que la San Martín arrastra una deuda de 650 mil millones de pesos. 400 mil millones corresponden a obligaciones laborales (pago de prestaciones sociales, salarios, liquidaciones de contratos y aportes a la seguridad social), y los 250 mil millones restantes a obligaciones con la Dian. 

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“Existen procesos por impagos de salarios y prestaciones a la seguridad social ya con sentencias ejecutorias, pero la entrada en vigor de la Ley 1749 de 2014 frenó la ejecución de las mismas. Yo creo que la universidad es inviable ahora mismo. Con la deuda estimada de la que habla la directiva, no hay posibilidad de que el gobierno le entregue los registros calificados.Y los activos con los que cuenta la fundación suman a penas unos 150 mil millones de pesos”, indicó Arengas. 

Tras conocer todos estos testimonios, Semana Educación se puso en contacto con la rectora Mayra Vieira y con Roberto Zarama Urdaneta, miembro del plenum nombrado por el MEN en 2015, para contrastar las informaciones. Ninguno de los dos quiso dar su versión sobre los hechos. El Ministerio, por su parte, indicó que por el momento no habría pronunciamiento oficial.

Juan de Dios Villegas, decano de Medicina, sede Cali

“Estamos preocupados y molestos porque llevamos casi dos años de intervención cumpliendo con todas las exigencias del Ministerio y nos siguen negando los registros calificados. Nos están ahorcando porque eso nos permite matricular estudiantes nuevos y tener ingresos. Si la intención era cerrar la institución desde un principio, no se tendría que haber incurrido en gastos dirigidos a contratar con terceros auditorías internas e inventarios, ni realizar contratos de bienes, derechos y obligaciones y de procesos de autoevaluación con empresas externas. Ese dinero se tendría que haber reservado para liquidar a todo el personal. Estamos sin estudiantes, sin recursos y con alrededor de 600 trabajadores a los que no les van a pagar lo adeudado. No se ha rendido cuentas a la comunidad educativa, ni vemos las gestiones correspondientes para garantizar la sobrevivencia institucional”.

Alma Hearn, directora del Centro de Idiomas, sede Cartagena

“Llevamos tiempo viendo cómo acaban la universidad. Hay un total desconocimiento de los derechos adquiridos de los docentes desde que el Ministerio intervino la institución. La nueva directiva nos pidió que presentáramos las acreencias laborales en las que se recoge todo lo que nos debe la institución por nuestro trabajo, y nos las negaron. Yo llevo 30 meses sin sueldo, y recientemente me informaron que cerraban el Centro de Idiomas, donde yo trabajo. Dicen que no tienen dinero para pagarnos lo que nos deben, pero hace poco firmaron contratos con terceros para el tema de los inventarios y el patrimonio.

Los estudiantes están molestos porque la calidad y el mantenimiento de las instalaciones ha desmejorado. Ya no hay profesores para todas las materias que se imparten. Los jóvenes se gradúan y no encuentran trabajo, están estigmatizados porque les dicen que salen de una universidad de garaje”.

Luis Javier Giraldo, decano de Medicina, sede Sabaneta (Medellín)

“Cuando vi las primeras actuaciones del Ministerio tras intervenir la universidad, todo indicaba que el objetivo era el de liquidar la institución. Con la llegada de la rectora Vieira se empezó a respirar un ambiente diferente: parecía que ahora sí el gobierno nacional quería sacar la institución adelante, por supuesto sin descartar los problemas financieros.

Hemos trabajado para responder a todo lo que el MEN nos ha pedido, desde el desarrollo de un plan de mejoramiento, impulsar nuevas políticas institucionales, todo. De hecho, la ministra Gina Parody en los últimos meses había desarrollado una serie de estrategias que conducían a que la universidad pudiese continuar en febrero de 2017, cuando acabase la intervención.

No está faltando el tema de los registros calificados. Muchos programas habían tenido el visto favorable antes de la intervención. Pero ahora, para volver a obtenerlos, nos están poniendo muchos obstáculos. El plenum de la universidad lo eligió el MEN, por lo que hay una responsabilidad del gobierno, y debe responder sobre su actuación".

Miguel Borges, docente del programa de Inglés, sede Barranquilla

“Hay profesores que tienen edad de retiro y jamás cotizaron pensión. Yo voy para tres años sin salario: no cobro desde enero de 2015 y ya me debían los ocho meses anteriores. Mi sueldo es de 2.600.000 pesos.

Desde que llegó la nueva directiva nombrada a dedo por el Ministerio de Educación, se deshicieron de casi 500 trabajadores y no pagaron ninguna indemnización. La respuesta que nos dan es que no tienen dinero para pagarnos, que si lo hacen el presupuesto nacional quebraría.

Los estudiantes están preocupados porque si cierran la universidad su título no va a valer nada”.