El millón de panes que se robaron del programa de alimentación escolar

El robo a los dineros que debían destinarse a la alimentación de los niños en los colegios del país es quizás una de las caras más tristes de la corrupción en Colombia. El clientelismo se apropió de buena parte de las necesidades de los cerca de ocho millones de pequeños que asisten a 13.000 colegios y escuelas de 1.103 municipios del país. Por cuenta de estas investigaciones, la Contraloría abrió 154 procesos de responsabilidad fiscal por cerca de $84.000 millones. Ese es el mismo dinero que el Estado le giró en años pasados a la universidades públicas. Hoy, se estima que en ese robo podrían estar implicados 5 gobernadores, 2 alcaldes, 3 congresistas, 6 exgobernadores y 52 exalcaldes. En este capítulo del libro Grandes Hallazgos, la contraloría cuenta su versión de esta historia. 

"En un colegio de Cereté (Córdoba) 350 niños hacen fila desde las ocho de la mañana: tres operarias les entregan medio vaso de peto y una galleta de soda.

- Por qué sirven una ración tan pequeña –, les pregunta un periodista a las operarias.

- No nos puede costar más de 70 pesos por cada niño –, responde una de ellas.

^{Foto: Archivo SEMANA.}

No es claro si esa es la orden que les dieron quienes se ganaron el contrato del Plan de Alimentación Escolar, pero lo que sí es cierto es que esos $70 están muy lejos de los $971 que el Gobierno les paga a los contratistas por cada desayuno.

El relato es uno de muchos que aparecieron en los medios de comunicación cuando se comenzó a destapar el escándalo del Plan de Alimentación Escolar.

Es decir, en solo este desayuno, de ese día en ese colegio de Cereté, los del consorcio se ganaron cerca de $290.000 (descontando los $8.400 que le pagan a cada operaria). Y en total atienden 85 colegios en Córdoba. ¿Cuánto dinero se embolsillaron cada día? ¿Cuánto de los $23.000 millones del contrato con la Secretaría de Educación se fue a sus bolsillos en vez de destinarse a alimentar a los niños? La revista Semana contó en su momento que detrás de este contrato en particular estaba Leda Guerrero Ortega, una mujer de extracción humilde, cercana a Bernardo Elías Vidal, más conocido como ‘ñoño Elías’, congresista condenado por cohecho y tráfico de influencias. Llama la atención que el mismo año en que Elías es elegido represente a la Cámara, en 2006, Leda Guerrero se convirtió en empresaria de la alimentación. En ese entonces la señora Guerrero vivía en una modesta casa de interés social y apenas diez años después ya tenía a su nombre 37 propiedades.

Ese retrato resume la tragedia de la alimentación escolar en Colombia. Unos cuantos se roban la plata que todos los colombianos con sus impuestos aportan para darles comida a los niños y niñas más necesitados, mientras, en este caso en Córdoba, el 37 por ciento de los niños padece anemia y 16,5 por cada 100.000 niños mueren por desnutrición.

Para leer: El yate, los amigos y el cartel detrás de la comida de los niños de Bogotá

La primera vez en 80 años

¿Y qué tuvo que ver la Contraloría General de la República con todo esto? Desde hace poco más de 80 años en Colombia el Gobierno les da a los niños y niñas de escuelas y colegios públicos comida. Ya sea un desayuno, un refrigerio, el almuerzo o todas las anteriores.

El programa comenzó en 1936 con la creación de los restaurantes escolares. Después, en 1968, crearon el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Pero nunca, en todo este tiempo, se había destapado un escándalo de corrupción como el de ahora.

Lo más escandaloso que se conocía había sido la malversación y reventa de la bienestarina, que es un complemento alimenticio que inventó y patentó el ICBF en 1994, compuesto de cereales, soya, leche en polvo, vitaminas y minerales. En varias ocasiones se descubrió que bultos de bienestarina, evidentemente desviados de su propósito original, aparecían en fincas como alimento de cerdos, pollos y ganado.

En 2011, el Congreso decidió quitarle la responsabilidad al ICBF y trasladársela al Ministerio de Educación (Ley 1450 de 2011) con el argumento de que se querían “alcanzar las coberturas universales en el programa de alimentación escolar - PAE-”.

El Ministerio de Educación, a su vez, en 2015 decidió lavarse las manos y dijo: yo dicto la política, y ustedes señores de las entidades territoriales se encargan de alimentar a los niños de escuelas y colegios. Y así les entregó a ellos la contratación.

Tal vez no fue el mejor momento. Nadie en Bogotá, al tomar esa decisión, tuvo en cuenta que les iban a entregar estos recursos a las entidades territoriales justo cuando se estaba haciendo más sofisticado el modus operandi de la corrupción alrededor de las alcaldías y gobernaciones.

(...) La Contraloría General siempre había auditado recursos del Sistema General de Participaciones (que son casi 30 billones que cada año la Nación le gira a las regiones para salud y educación) pero no había auditado específicamente el Plan de Alimentación Escolar.

Y empezó a encontrar que era muy complejo auditar en tiempo real: llegaban a revisar las cuentas en 2015 pero los platos ya se habían comido en 2014, no tenía cómo constatar que el número de raciones facturadas sí se habían entregado a los niños o que los ingredientes que se cobraban si se habían utilizado.

-- El contralor Maya llegó un lunes y me dijo: acabo de llegar de Valledupar y me hablaron de una gente que se está robando la plata del PAE --,

Es lo que recuerda el contralor delegado para lo social, José Antonio Soto, como el punto de quiebre de la investigación sobre el Plan de Alimentación Escolar (PAE), una de las investigaciones más importantes de la Contraloría General de la República en los últimos tiempos.

Soto se refiere al contralor general Edgardo Maya, quien aprovecha uno que otro fin de semana para visitar a su madre en Valledupar y allí los amigos y la gente en general se le acerca a contarle sus cuitas.

La charla que tuvo Maya es importante porque a partir de ese momento lograron cambiar el enfoque de la investigación y al fin descubrir cómo estaban robando los recursos con los que debían darles comida a cerca de 8 millones de estudiantes de las escuelas y colegios públicos del país.

-- Maya estaba decidido. Me decía: por encima de mi cadáver se van a seguir robando esa plata. – enfatiza el contralor Soto.

Comenzaron entonces a crear nuevas estrategias para encontrar las pruebas de lo que era un secreto a voces. Lo que dio mejores resultados fue pedirles a los auditores que en las escuelas comenzaran a contar, uno a uno, los niños que en efecto recibían la alimentación y que tomaran fotos de lo que se les entregaba.

De ese ejercicio resultaron fotografías y videos que se convirtieron en pruebas importantes del proceso. Un video en particular, el de los niños de Aguachica, Cesar, sacudió al país y el caso del PAE ya no tuvo marcha atrás.

En el video se veía a un grupo de niños en una fila en el patio del colegio Sagrado Corazón y el que iba llegando al primer puesto cogía un plato con comida y un vaso lleno de jugo, sonreía y le tomaban una foto. Pero una vez cumplía con el requisito de la foto, le tocaba entregar el plato y el vaso aún llenos al niño que seguía en la fila para que repitiera la misma pose ante la cámara... y así con todos los niños. Es decir, esa no era la comida que les daban. Las fotos eran para ponerlas en el informe que se entregaba a la Secretaría. Cuando el último niño de la fila se tomaba la foto, comenzaba una nueva fila, ya sin fotos, para recibir la comida que de verdad les daban: unos trocitos tan pequeños que cabían en la palma de la mano de cada niño. Literalmente, migajas.

Las redes sociales explotaron de indignación. El video se hizo viral y se convirtió en el detonante que hizo escalar el escándalo.

El video lo grabó una profesora ¿Qué pasó con los rectores y profesores de otras escuelas y colegios que no denunciaron? ¿Cómo funciona la mente de quienes les roban de esta manera los alimentos a los niños más necesitados?

El video sirvió de ejemplo y empezaron a denunciar. Por esas mismas fechas un profesor del colegio Luis Carlos Galán, en Plato, Magdalena, publicó en redes sociales un video en el que muestra una diminuta ración de pollo y “dos deditos de jugo”. Y así circularon fotografías y videos desde varias regones.

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Dio tan buenos resultados la metodología, que el Contralor Maya decidió crear una especie de grupo élite y dio la instrucción de hacer una auditoría en cada departamento del país.

Así entonces, fue como la Contraloría General se metió de lleno en la olla podrida del PAE. Primero, en 2015, llevo a cabo una Actuación Especial de Fiscalización en Maicao, Manaure y Uribia (Guajira). Después, en 2016, la amplió a los siete departamentos del Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre). Y luego, en 2017 se extendió a 17 departamentos más de todo el país para un total de 24.

El drama de la Guajira

El primer departamento al que la Contraloría le puso los ojos encima, cuando Maya llegó en septiembre de 2014, fue a La Guajira. El país estaba aterrado con el drama del hambre de los niños allí. Entre 2008 y 2013, murieron 278 menores por desnutrición, decían las cifras el Dane. Eso significa que en promedio, cada semana, durante esos seis años murió un niño en La Guajira por falta de alimento. Y los que no morían... sufrían: de cada 100 niños, 27 padecían física hambre.

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Los hallazgos que hizo la Contraloría eran parte de la explicación. En municipios como Manaure y Uribia los escolares no recibían todas las raciones contratadas y el operador cobraba como si las hubiera entregado. La Gobernación contrataba, por ejemplo, el suministro de 500 raciones y el contratista solo entregaba 200. En algunas escuelas les cobraban a los niños entre 100 y 200 pesos por darles la ración que debía ser gratis. Y como si fuera poco les tocaba comer en el suelo y el agua no era potable.

Y en todo el país

Con el paso de los meses nos fuimos dando cuenta de que el país todo era una caja de pandora. Por dónde se abría cualquier contrato del Plan de Alimentación Escolar se destapaban irregularidades. El contralor Edgardo Maya cada vez denunciaba un caso más atroz que el otro.

En Cartagena, por ejemplo, inflaban los precios: el kilo de pechuga de pollo que valía $7.000 lo cobraban a $40.000 ¡de un mes para otro un aumento del 471%! y el kilo de carne molida se disparó de $10.000 a $38.000 el kilo, para un alza del 280%. Pero no solo eran sobreprecios. También cobraban raciones que nunca se les entregaban a los niños. O facturaban alimentos que no aparecían en la ración: 2.800 kilos de canela por $39 millones, que nunca llegaron a las escuelas y 2,6 millones de panes, por los que cobraron $400 cada uno, pero de los cuales un millón no aparecieron.

Y así a lo largo y ancho del país. En Santander pagaron tamales a $30.000 cada uno. El contratista era una asociación de trabajadores de grúas. En Vichada, a los internados perdidos en la selva profunda, llegaban alimentos de mala calidad y en menor cantidad que la contratada. El detrimento se calculó en $4.922 millones de pesos. En la Jagua de Ibirico (Cesar), la alcaldía pagó $2.384 millones más de lo que valían la harina, lenteja, frijol, aceite, azúcar y leche, que debían ir en los kits especiales para niños desnutridos. En Arauca, mientrs se intoxicaban 300 estudiantes de tres colegios, los contratistas facturaban por comida fantasma, que supuestamente entregaron en días de permisos sindicales o en cenas en colegios donde no había jornada escolar en la noche. En el Internado de Tarapacá, en Amazonas, el contralor Maya denunció gastos escandalosos como huevos a $900, que en los supermercados se conseguían a $350; pasta para sopa de $5.050 a pesar de que se conseguía a $1.460, y panela a $65.200 que se conseguía a $38.000. En Lorica, Cereté y San Bernardo (Córdoba) se descubrió lo mismo: pago muy por encima del costo de la ración que efectivamente entregan. Y así se detectaron malos manejos en 24 de los 32 departamentos del país.

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Y eso sin contar si los alimentos estaban en buen o mal estado. En el Atlántico, la secretaría de educación puso bajo la lupa 210 muestras de alimentos de los que se estaban entregando en 94 escuelas y colegios y 158 de las muestras se rajaron en el examen (el 75%) porque tenían moho, levadura, coliformes totales y fecales, mesofilos aerobios y salmonella.

-- El pan venía con hongos. Los almuerzos venían con piedras, pelos y los niños nos enfermábamos--, explicaba una niña en un colegio de la Costa Caribe.

La Contraloría señaló irregularidades por $62.488 millones de pesos en las auditorías de 2016 y evidenció que más de 32,7 millones de raciones no fueron entregadas a los niños y niñas. Con esa plata se habría podido alimentar diariamente, durante dos años y medio –con desayuno y almuerzo- a más de 17 mil niños.

El modus operandi

Pero la gran pregunta es quién estaba detrás de todo esto. Y tal vez uno de los resultados más importantes de la Contraloría General –en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y que luego fue complementado por la Fiscalía y la Procuraduría- es que descubrió un cartel y un modus operandi clonado en todo el país.

-- No me cabe duda que estructuras mafiosas se han apoderado de la alimentación escolar en algunas regiones--, dijo en forma categórica el contralor Edgardo Maya Villazón.

La Contraloría descubrió que curiosamente se presentaba el mismo oferente para varias vigencias y entidades territoriales, en un primer momento se detectó en Cesar, Magdalena y La Guajira, y después en otras zonas del país.

El Ministerio de Educación, con la información que le brindó la Contraloría, elaboró un mapa con tres redes de alimentación escolar que se habían ganado jugosos contratos de más de medio billón de pesos en la región Caribe y en Norte de Santander y lo presentó al país el 22 de abril de 2016.

La telaraña del PAE

Según el Ministerio, la primera red estaba conformada por Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araújo, quienes por intermedio de seis fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas habrían celebrado contratos de alimentación escolar desde el año 2007, por cerca de $450 mil millones.

Estas operaban en Cesar, Magdalena y La Guajira. Eran una especie de fábrica de fundaciones, creaban una y luego mutaban de nombre o se mimetizaban en consorcios. Es como una misma persona cuando le descubren una máscara simplemente la cambia por otra.

El ejemplo más ilustrativo es el de la Fundación Acción Social Integral-Acsi a la que le dieron un contrato en 2016, en el César, por $17.269 millones. Pero el NIT de Acsi era el mismo de Kabala, una fundación a la que la Contraloría General le habían contado más de 5 mil hallazgos de mal servicio (entre estos, servir comida en mal estado) razón por la cual le habían suspendido un contrato de 14 mil millones de pesos, en Bolívar, en 2015.

Es decir, tras ser suspendidos en 2015 lo único que hicieron fue modificar la razón social para presentarse a la licitación de 2016 y se la ganaron –pues eran los únicos oferentes- con una calificación de 1.000 sobre 1.000.

Pero además Kabala no era su primer nombre, ya había tenido otro nombre distinto antes: se había llamado Fundación Pa Todo El Mundo.

La segunda red que identificó el Ministerio de Educación estaba integrada por Adiela Álvarez y Hugo Mario Álvarez, quienes por medio de ocho entidades sin ánimo de lucro diferentes habría celebrado contratos desde 2012 por $129.000 millones.

Uno de los nombres claves de esta red era la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano –GERS a partir de la cual se hacían consorcios con otras fundaciones y operaban en el Magdalena, Santa Marta, Aracataca y Ciénaga; en Tierralta (Córdoba), El Copey (Cesar) y la Guajira.

Y una última red identificada por el Ministerio de Educación había tenido contratos en Norte de Santander por $262.426 millones.

Unos meses después, el procurador Fernando Carrillo habló de los zares de los contratos del PAE en el país e incluyó, además de los ya mencionados en las redes, a cuatro personajes más a los que bautizaron como los ‘zares’ de la alimentación escolar. Entre ellos, la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, que había firmado 22 contratos en Santander por más de 110.000 millones de pesos; y un grupo de fundaciones entre las que estaba Vive Colombia que a pesar de haber sido inhabilitada en 2011 porque recibió tres multas del ICBF, desde el 2013 tuvo 240 contratos por más de 142.000 millones de pesos en Cundinamarca y Boyacá.

Era evidente entonces que tenían claro un modus operandi pero también, y es lo preocupante, que no valen ni multas ni inhabilidades porque saben bien como disfrazarse, camuflarse o reinventarse.

Y normalmente son contratos hechos a la medida de uno de los contratistas. En el 88% por ciento de los contratos del PAE evaluados por la Contraloría, en la región Caribe, solo participó un oferente.

¿A dónde va esa plata?

Pero más allá de los nombres y de las redes, el gran interrogante es ¿a dónde va ese dinero? ¿Se queda en manos de unos personajes inescrupulosos que tuvieron ‘la suerte’ de ganarse ‘la lotería’ y quedarse con los jugosos contratos de la alimentación de los niños? ¿o van también a otros bolsillos?

El exsenador Musa Besaile, que obtuvo el mayor número de votos en 2014 y hoy está en la cárcel, le contó a la Corte Suprema como se hacía la repartición de lo que él llama la “mermelada” burocrática. Explicó que desde 2010 a la hora de repartir las entidades entre los congresistas las tenían clasificadas como entidades A, B, C y D. Siendo A, la más apetecida, en materia de contratos y cargos. Y –atención al detalle- solo una de todas las entidades del Gobierno Nacional era considerada clase A por los políticos clientelistas y corruptos y esa entidad era el ICBF. Para ese entonces, el Programa de Alimentación Escolar, entre otros, dependía de este instituto.

La frustración en 2017

Sin embargo, a pesar de todo el escándalo y de que se destapó todo este modus operandi, la gran frustración ha sido que para la vigencia de 2016-2017 la Contraloría encontró que se repetían de nuevo las mismas prácticas viciadas denunciadas un año atrás.

--No hay derecho a que después de los malos manejos que venimos denunciando desde 2015, en las auditorías de 2017 se hayan repetido las irregularidades--, se lamentó Maya Villazón.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Cartagena, bajo la administración de Manuel Vicente Duque. Llegó abril y aún no habían comenzado el Programa de Alimentación Escolar. Acudieron a la figura de urgencia manifiesta, que permite saltarse la licitación pública para contratar a dedo los 23.427 millones de pesos. Y para darles desayuno y refrigerios a los niños contrató una firma de Nariño (Redcom) ubicada a 1.420 kilómetros de distancia.

Y así como en Cartagena también se repitió la historia en otros lugares. La administración de la gobernadora Rosa Cotes Vives, en Magdalena, pagó $600 de más por cada almuerzo (los contrató a $2.300 y los pagó a $2.900) y pagó por 44 días de almuerzos que en realidad no se entregaron. Como si fuera poco contrató de manera directa con la Corporación Gestión de Recursos Social y Humano (GERS) por más de 17.000 millones de pesos. GERS no solo es la misma que aparecía en una de las redes muy cuestionadas por el Ministerio de Educación si no que un año antes se había visto cuestionada luego de conocerse un video viral en el cual aparecían los alimentos que suministraban a los niños: una papa partida por la mitad y una trocito de pollo.

Y en Amazonas, a pesar de las advertencias y denuncias de la Contraloría también se repitió la dosis. Se cobró cada ración a 4.005 pesos, pese a que meses antes la había cobrado a 1.984 pesos y en otro contrato se encontró que se pagó por cada 15 kilos de mantequilla 110.500 pesos, cuando el contratista la adquirió a 65.000 pesos.

Los resultados

No es usual que un Contralor General logre ver fallados sus propios hallazgos antes de terminar su período de cuatro años. Incluso es común que no logre dejarlos en la fase de imputación. En el caso de la contraloría de Edgardo Maya se logró romper esa tendencia e imputó cargos a los implicados en 16 procesos en 11 departamentos. Incluso fue más allá y emitió fallos en los departamentos de Atlántico, Casanare, Cauca y Cesar.

En total, la Contraloría avanzó en 154 Procesos de Responsabilidad Fiscal, por cerca de $84.000 millones. Entre los presuntos responsables figuran 5 gobernadores, 6 exgobernadores, 2 actuales senadores y 1 representante a la Cámara, 2 alcaldes, y 52 exalcaldes.

La Fiscalía por su parte capturó a 93 personas en 12 departamentos, y ya imputó cargos a 57 personas, en departamentos como La Guajira, Atlántico, Chocó, Amazonas, Magdalena, Huila y Bolívar.

La Procuraduría, en 2017, tramitó 152 procesos disciplinarios, 45 de ellos investigaciones formales.

Y en 2018 se siguieron sintiendo los efectos de la investigación: la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) descubrió un cartel de 28 empresarios que durante 10 años manipularon la contratación del PAE en Bogotá. La SIC probó que por medio de presiones y tutelas eliminaron a la competencia, logrando incidir en 21 procesos por 1,5 billones de pesos del PAE, que deberían beneficiar a 750.000 niños de Bogotá.

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Esta investigación de la SIC es interesante porque muestra por una parte hasta donde llegan los tentáculos de los contratistas. El caso salpicó a Germán Trujillo Manrique, esposo de la exgobernadora del Huila Cielo González, y el mismo que ya estaba en casa por cárcel por otro caso ya mencionado del PAE en Santander, el de las facturas de tamales a 30.000 pesos a nombre de un taller de grúas.

Y de otro lado, porque muestra también que el poder de los contratistas en algunos casos va más allá de los funcionarios de turno. Una de las empresas implicadas es Mauro’s Food, que también participó en el ‘carrusel de la contratación de Bogotá’ durante la alcaldía de Samuel Moreno. El poder de estas empresas era tal, dice la SIC, que enviaban mensajes con párrafos completos para incluirlos en pliegos licitatorios.

Entre el 2013 y el 2017, el Programa de Alimentación Escolar manejó en todo el país recursos por 3,7 billones de pesos.

El PAE contó, por ejemplo, en 2016 con recursos superiores a 1,7 billones de pesos. Un monto significativo si se tiene en cuenta que para distribuirlo a 8 millones de niños equivale a $212.500 por estudiante.

Pero los problemas del PAE –que se extiende en 1.103 municipios del país a través de 13.000 instituciones educativas–van más allá de los casos de corrupción que se han denunciado.

Se juntaron todos los males. Los contratistas de la peor avaricia que no tienen escrúpulos a la hora de dejar a cientos de miles de niños sin alimentos con tal de llenar sus bolsillos de billetes y la deficiencia de un Estado que en 80 años no ha logrado tener una infraestructura clara y un modo de operar que permita salvaguardar de los corruptos la comida de los niños y niñas.

La reforma que se hizo en 2011 y 2015 que le quitó el Plan de Alimentación Escolar al ICBF y lo dejó en manos de las alcaldías y gobernaciones, a pesar de las buenas intenciones que pudo haber tenido, se chocó con dos realidades complicadas: una, la ineficiencia y falta de experiencia de las administraciones de turno, y dos, los carteles y minicarteles de la contratación expertos en quedarse con los recursos del Estado local. En total, 52 de las Entidades Territoriales Certificadas (el 41%) presentaron una gestión antieconómica de los recursos del PAE, lo que implicó no sólo un mayor valor pagado por ración, sino el pago a favor de operadores y contratistas por raciones no entregadas.

Uno de los principales propósitos del traspaso del PAE al Ministerio de Educación era reducir los índices de deserción escolar porque se partía del supuesto de que al aportarles la alimentación necesaria a los estudiantes se garantizaba su permanencia. Sin embargo, no se ha logrado. Según las cifras de deserción escolar, el PAE no alcanza a impactar ni en un 1% los indicadores de permanencia educativa en todo el país.

Todo esto, como dijo el contralor general, Edgardo Maya, confirma la necesidad de revisar el Programa de Alimentación Escolar de forma integral.

En medio de todas estas desalentadoras noticias, se abrió un rayo de esperanza en Bogotá. El Programa de Alimentación Escolar (PAE), liderado por la secretaria de educación María Victoria Ángulo, no solo logró una cobertura universal con alimentos de buena calidad, sino que también ayudó a la Superintendencia de Industria y Comercio a descubrir el cartel que llevaba más de 10 años enquistado o abusando de la administración distrital, y como si fuera poco ganó un premio en Holanda “como modelo de transparencia, por su voluntad de innovar y de ser pionero en las comprar públicas”.

La misma secretaria Ángulo que se convirtió en Ministra de Educación y tiene en sus manos el gran desafío de trasformar el Plan de Alimentación Escolar.

Para leer: Las pistas sobre el nuevo Programa de Alimentación Escolar que prepara el gobierno

... Nota importante:

Los procesos del Plan de Alimentación Escolar se encuentran de la siguiente manera en la Contraloría General de la República al momento del cierre editorial de este libro:

En 25 de las 31 Gerencias Departamentales de la Contraloría, se encuentran en curso 154 Procesos de Responsabilidad Fiscal, cuyas cuantías ascienden a la suma de $83.874 millones, de los cuales se han imputado 17 procesos por más de $7.802 millones.

Tan sólo del departamento de La Guajira, y de sus municipios, se encuentran en curso 15 procesos, que ascienden a $20.474 millones, lo que representa más del 24% del valor total de los procesos del P.A.E. Le sigue el departamento del Cesar, con 14 procesos que suman $9.368 millones, que representan el 11% del total.

Dentro de los 154 Procesos, se encuentran involucrados en calidad de Presuntos Responsables, los actuales Gobernadores departamentales:

1. a) del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, a la que se le llevan 4 Procesos por

cuantía total de $1.744 millones; b) de Nariño, Camilo Ernesto Romero Galeano, al que se le lleva un proceso

por $470 millones; c) del Cesar, Francisco Fernando Ovalle Angarita, a quien se le lleva

también un proceso por $2.451 millones; d) del Chocó, Jhoany Carlos Palacios Mosquera, al que se le adelanta un

proceso por $644 millones, y; e) del Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez, con un proceso por más de $292

millones.

También han sido vinculados 6 exGobernadores de los departamentos de:

6. i) Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez; ii) Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis; iii) Arauca, José Facundo Castillo Cisneros (sólo a él se le siguen 3 procesos por más de $6.367 millones, de los cuales uno ya fue imputado por más de $1.186 millones); iv) Cesar, Luis Alberto Monsalvo, y; v) La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso (se le llevan 2 procesos por más de $16.339 millones, ambos procesos declarados de impacto nacional), y; vi) Se destaca el caso del ex Gobernador de Santander, Ricardo Alfonso Aguilar Villa, a quien se le lleva un proceso por la suma de $3.923 millones, y recientemente se posesionó como Senador de la República.

Además del señor Aguilar Villa, otros actuales Congresistas a quienes la Contraloría les lleva procesos por el PAE, con ocasión de su ejercicio anterior como Alcaldes municipales, son los señores Erwin Arias Betancour, actual Representante a la Cámara por el departamento de Caldas, a quien se le sigue un proceso por su gestión como Alcalde de La Dorada, por $248 millones; y el actual Senador de la República, Didier Lobo Chinchilla, a quien la Contraloría por su gestión como Alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, le sigue 2 procesos por $769 millones y $399 millones, relacionados con irregularidades en el PAE.

Dentro de las imputaciones descritas, en procesos adelantados por nuestras Gerencias Departamentales se destaca la imputación que involucra al ex Alcalde del Distrito de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, a quien se le imputó una cuantía de $1.206 millones.

En las Gerencias de Atlántico, Casanare, Cauca y Cesar, ya se han emitido fallos con responsabilidad en primera instancia, que totalizan $2.940 millones, dentro de los que se destacan el proceso en el que se afectó la Gobernación del Cesar, por $1.722 millones, y la del Casanare, por $1.097 millones.

Se destacan igualmente 3 fallos de Impacto Nacional, por recursos del PAE que manejó el ICBF en los departamentos de Sucre y La Guajira, en cuantía total de más de $2.797 millones".

*Este es un capítulo del libro Grandes Hallazgos, publicado por la Contraloría General de la República el pasado miércoles.