¿Una clase en colegios y universidades puede evitar la corrupción?

El problema está más que diagnosticado: al año, Colombia pierde 50 billones de pesos anuales a causa de la corrupción, de acuerdo con la Contraloría, o una suma que equivale al 4,8% de su Producto Interno Bruto, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. A través de contrataciones amañadas, sobornos, carruseles y todo tipo de estrategias posibles, el dinero que debería estar destinado al servicio público se queda en unas cuantas manos.

Desde las pasadas elecciones, la lucha contra los corruptos, se convirtió en una prioridad del país. Más de 11 millones de personas votaron a favor de la consulta anticorrupción y el presidente y todos los partidos políticos adoptaron este objetivo como su bandera. Sin embargo, cuando se ponen sobre la mesa las estrategias y acciones que se pueden tomar frente a ella es cuando empiezan las diferencias.

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El partido Liberal, en cabeza de su presidente, César Gaviria, radicó un proyecto de ley que, entre varias acciones que promueve, incluye la educación como una herramienta de esta lucha contra la corrupción.  

El proyecto propone incluir en los pensums de universidades y colegios mecanismos pedagógicos para enseñar a los estudiantes el respeto por los recursos públicos. Para el Partido Liberal, la discusión debe abordarse también desde la educación si de verdad se quiere cambiar el chip.

“En desarrollo de su autonomía, los establecimientos educativos adecuarán sus Proyectos Educativos Institucionales para el cumplimiento de lo preceptuado en esta ley, en relación con la enseñanza de la historia de Colombia como disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las Ciencias Sociales, así como de la formación en cuidado de los recursos públicos de manera transversal, que elabore el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de formar mejores ciudadanos que aporten a la construcción de una convivencia pacífica en medio de las diferencias respetando y cumpliendo la ley y cuidando los recursos públicos”, dice la iniciatia.

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Además de la cátedra, el proyecto propone poner en funcionamiento el programa Escuela para Padres y Madres, para acercar a la familia a los procesos formativos que se llevan en instituciones educativas (públicas y privadas) de preescolar, básica y media. De ser aprobado, los planteles educativos tendrían que incorporar esta formación en el plan de estudios y el Ministerio de Educación se encargaría de regularlo. 

La pregunta que surge es: ¿qué tan efectiva puede ser esta medida, para superar unas prácticas que hoy en día están enquistadas en nuestro sistema político? ¿choca la iniciativa con los proyectos que presentó el presidente luego de convocar a todos los partidos en un pacto contra la corrupción?

“Todo esfuerzo pedagógico que se haga, toda política pública que se expida, toda legislativa que se apruebe, en función de contribuir a la lucha contra la corrupción, es bienvenida”, afirma el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino, quien opina que no importa de qué sector político vengan las ideas lo importante es que contribuyan a atacar el problema.

Una perspectiva favorable también tiene Camilo Enciso, director del Instituto de Estudios Contra la Corrupción, la corrupción está incrustada en diferentes niveles y capas de la sociedad y tiene que ver con la forma que tienen los colombianos para entender la vida y operar en la cotidianidad. “Siempre hay alguien dispuesto a buscar como meta el enriquecimiento personal a expensas del bien público”. Esto tiene que ver con el concepto de ciudadanía, que según él, es muy frágil.

“Desafortunadamente en muchas ocasiones no nos han educado para ser ciudadanos, para que entendamos que no solo tenemos derechos, sino deberes. Es la razón por la que en parte somos indolentes frente a los asuntos públicos”, señala.

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Fortalecer la ciudanía: el problema de fondo

Sin embargo, ya en el sector educativo, a pesar de las buenas intenciones que se le reconocen a la iniciativa, no hay consenso sobre su verdadera utilidad.

Para Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani, la idea que ha hecho carrera de crear cátedras educativas para superar problemas sociales es una táctica fallida, dañina y en la que llevan muchos años enfrascados los congresistas y el MEN.

“Bajo esta lógica apareció la cátedra de urbanidad para enseñar buenas costumbres y tiempo después, la de Constitución para que se conocieran los alcances de la Constitución de 1991. Cuando se hicieron evidentes los altos niveles de embarazo en adolescentes, se creó la de sexualidad y más recientemente la de paz. Y así fue con la de uso del tiempo libre y la de emprendimiento, entre muchas otras. Ahora vuelve la idea fantástica de una cátedra contra la corrupción. Y una vez más, va a fracasar. Mágicamente, se crean las cátedras, pero no aparecen programas de formación de docentes, los lineamientos curriculares diferenciados por ciclos, no se confrontan las ideas con la comunidad académica, ni se escriben los textos orientadores, entre otros. Por ello es relativamente común que cada institución educativa haga lo que a bien le convenga en cada una de estas cátedras”, explicó De Zubiría.

De igual forma. Ramón Maya, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, cree que las cátedras poco pueden hacer para combatir fenómenos actitudinales como la corrupción, en parte porque es una acción puntual para enfrentar un problema estructural.

“Creo que una cátedra por sí misma no sirve de nada. El sistema educativo es sinérgico y cultural: el currículo incluye programas, planes de estudio, relaciones externas e internas, prácticas deportivas, espacios culturales, idas a la biblioteca, salidas a los museos. A vos no te forma que te den clases. Lo que te forma es el impacto de una práctica investigativa que ofrecen, en parte, los docentes”.

Por ello, Maya considera que para que tuviera algún impacto real esta cátedra que propone el Partido Liberal debería involucrar toda una manera de vivir, de ser en la escuela. “Creo que esto se combate a través de una reforma del concepto de ciudadanía. Tendríamos que ser más autónomos, más participativos”.

Y para lograr eso el decano considera que el Estado debe mostrar voluntad política. Es decir, invertir en educación, en mejorar el perfil docente y, sin duda, hacer que la familia haga parte del plan de estudios.

“No es hacer las cosas por cumplir. El sistema educativo juega una parte importante en la lucha contra la corrupción. Para formar ciudadanos más conscientes el docente debe ser tratado de forma distinta, para que la relación entre profesor y estudiante enriquezca la ciudadanía. Creo que el Estado debe empezar por ahí”.

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Crear un área de valores sólida que incentive y reflexione de manera sistemática sobre las competencias ciudadanas es, también, lo que propone De Zubiría: “Debe ser un área que toque múltiples temáticas como la expresión valorativa, el conocimiento de sí mismo, la sexualidad, el respeto a la diferencia, la empatía, el proyecto de vida, y formar maestros en las nuevas competencias éticas y ciudadanas”. Según el pedagogo, solo así tiene sentido la educación para combatir la corrupción.