“No es un tema de recursos, es un problema de gestión”, vicepresidente de Fomag

En diálogo con Semana Educación, el vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Jaime Abril Morales, se refirió las acciones que se tomarán para mejorar el servicio de salud de los docentes, uno de los aspectos que generan mayor inconformidad en el gremio de profesores.

Semana Educación (S.E.): Hace unas semanas los docentes realizaron un paro de 48 horas porque no reciben un buen servicio de salud. ¿Han logrado verificar si existe un incumplimiento?

Jaime Abril Morales (J.A.M.): Hacemos reuniones mensuales con los diez operadores que prestan el servicio de salud a los maestros para informarles cuál es el comportamiento del contrato y de los servicios que prestan a los afiliados. Tenemos el registro de algunos presuntos incumplimientos en términos de represamiento del servicio y entrega de medicamentos, que son disímiles dependiendo de la región. Estamos revisando los informes de las auditorías integrales y las quejas de los docentes. Es importante, además, establecer la sistematicidad o recurrencia de los incumplimientos. Actualmente estamos terminado de consolidar la información que tenemos para iniciar un proceso sancionatorio, si es el caso, respetando el debido proceso.

S.E.: Los operadores dicen que la Fiduprevisora no les ha pagado contratos anteriores. ¿Puede explicarnos por qué no se han liquidado?

J.A.M.: Quiero aclarar que Fiduprevisora se encuentra al día con el pago a los operadores de salud respecto de los contratos vigentes, lo ha estado durante la vigencia 2019 y lo estará durante la del contrato. Cuando llegué a esta administración en diciembre del año pasado, había un rezago de cerca de 90.000 millones de pesos por efecto de la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a precio de 2018, y procedí a pagar antes de finalizar dicho año. Otra cosa son las obligaciones que se generen con los cinco operadores que suscribieron contratos en 2012 y terminaron entre noviembre de 2017 y principios de 2018, producto de la liquidación de tales contratos. Desde que llegué al Fondo nos pusimos a la tarea de hacer la liquidación de manera rápida, pero resulta que no son contratos simples; tienen ciertas complejidades.

S.E.: ¿Qué tipo de complejidades?

J.A.M.: Por ejemplo, si bien los contratos cuentan con unos plazos para liquidar, estamos hablando de contratos que fueron ejecutados durante cinco años. Se trata de contratos que se financian con recursos públicos, aportes de los mismos docentes y fiscales. Por lo tanto, tenemos que aplicar las medidas para no pagar de más. También debemos depurar la base de datos de afiliados. Eso requiere verificar una base de los cerca de 850.000 afiliados mes a mes, durante los casi cinco años de ejecución, y llevarlo a la Registraduría Nacional del Estado Civil para verificar fallecidos. Por otro lado, también significa ir a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y establecer los casos de multiafiliación con el Régimen Contributivo y Subsidiado, entre otros temas complejos.

S.E.: ¿Dificultades financieras?

J.A.M.: También había un tema de financiamiento por revisar. Los recursos que se le asignaron al Fondo en 2019 están destinados a financiar los contratos de salud vigentes y, por lo tanto, era necesario complementar el financiamiento de la liquidación. Entonces gestionamos un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo con el fin de que el Ministerio de Hacienda nos asignara recursos adicionales para liquidar estos contratos. Aún no sabemos cuánto es, porque no se ha finalizado el proceso de la liquidación. Cuando terminemos este proceso este año, le haremos saber al Ministerio de Hacienda el monto de recursos que necesitamos.

S.E.: Fecode asegura que por esa falta de pago los operadores no están prestando el servicio…

J.A.M.: Los contratos vigentes son producto de un proceso de licitación pública que realizó Fomag. Esa invitación señalaba unas condiciones financieras mínimas para que pudieran afrontar las exigencias del pliego de condiciones por cuatro años. Entiendo que los operadores a los que se les adjudicó el contrato acreditaron esas condiciones financieras. En ese sentido, no es aceptable que digan que no prestan los servicios porque hay unas deudas de contratos anteriores. Creo que están señalando abiertamente que están incumpliendo los contratos actuales. No obstante, no desconocemos que tenemos obligaciones con algunos de ellos, de acuerdo con los resultados de la liquidación de los contratos.

S.E.: ¿Usted cree que el Fondo necesita más recursos para funcionar correctamente? 

J.A.M.: No es un tema de recursos. Tengo entendido que la remuneración de estos contratos es suficiente y por lo tanto no requerimos mayores recursos para mejorar. Es un problema de gestión. Y eventualmente, en algunas regiones se presentan obstáculos como que la oferta hospitalaria y de recursos humanos no está alineada con la demanda de servicios. Pero en general es un asunto de modelo y de gestión de los servicios. De hecho, es algo que vamos a revisar con el Ministerio de Educación y Fecode en el marco de los acuerdos, con el objetivo de buscar alternativas para optimizar el servicio de salud.

S.E.: Hace algunos meses la Contraloría denunció que hay casos en mora de pago de pensiones y cesantías de hasta 15 años, generando sobrecostos que hacen ineficiente a la entidad. ¿Qué han hecho frente al tema?

J.A.M.: Ya hemos adoptado algunas medidas para proteger al Fondo. Le propusimos al Ministerio de Hacienda la inclusión de varias disposiciones en el Plan Nacional de Desarrollo para optimizar los procedimientos de reconocimiento y pago de las cesantías. También quedó establecido que la nación va a asignar los recursos para pagar la sanción moratoria ya causada. Pero lo más importante es que en el futuro el Fondo quedó blindado, se estableció que solo se pagarán las prestaciones económicas y los gastos en salud, y no habrá posibilidad de pagar sanción moratoria con cargo a los recursos del Fondo. De ahora en adelante, lo pagará quien genere la sanción, bien sea las secretarías de Educación o la entidad fiduciaria administradora.

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