Diez millones de votos por la educación

“Un país que destruye la escuela pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la educación, las artes o las culturas, está ya gobernado por aquellos que sólo tienen algo que perder con la difusión del saber”. Esta frase, atribuida en redes a Italo Calvino, pero que en realidad es de la filósofa italiana Gabriella Giudici, evidencia que el problema de la baja calidad de la educación se genera porque fuertes intereses en el interior del Estado hacen que los recursos se desplacen a otras “prioridades”. Al fin y al cabo, la peor amenaza para gobiernos ligados a la corrupción y a las culturas mafiosas es un pueblo educado, culto y crítico. Pero si ello es así, la solución al problema también tendrá que ser política. Oppenheimer añade un nuevo elemento cuando dice que “la educación es algo demasiado importante como para dejársela a los políticos”.

Diversos países del mundo, de tiempo atrás, han conformado movimientos nacionales en defensa de la calidad. Polonia, Brasil o Chile son tan sólo un ejemplo de ello. Por el contrario, en Colombia hemos carecido de la decisión política para transformar la escuela y no contamos con movimientos civiles que actúen como interlocutores ante la política pública trazada desde el MEN. Pese a ello, muy seguramente, tenemos una oportunidad de oro para revertir esta situación con la firma de los Acuerdos de paz y la construcción de un nuevo Plan Decenal.

Después de un millón de consultas, decenas de foros regionales y especializados, y arduo trabajo de las Comisiones Académica y Gestora, estamos por culminar la redacción del Plan Decenal de Educación 2017-2026 y por conocer los grandes desafíos que se han construido en la consulta educativa más grande que hayamos tenido en el país. Mi invitación es a que discutamos estos desafíos en las urnas y a que definamos qué tendríamos que hacer desde la sociedad civil para garantizar su cumplimiento. Es por ello que desde esta columna quiero invitar al país a votar por una “octava papeleta” en marzo de 2018, mediante la cual nos comprometamos a apoyar e impulsar la transformación de la educación; algo que ya en octubre de 2011, en lo local, realizó Manizales.

La Ley General de 1994 es, hasta el momento, el mayor consenso alcanzado en la educación colombiana. Gracias a ella, establecimos que cada diez años el país construyera la política para la siguiente década. Se trataba de definir la política de Estado en materia educativa, algo que había sido imposible hasta entonces, pues habíamos contado con 119 ministros en el lapso de los últimos 100 años, para un promedio de 10 meses para cada uno de ellos, tiempo insignificante para construir política pública y aun para que el propio ministro comprendiera la naturaleza y las características del sector, las cuales, por lo general, no comprendía cuando era nombrado. Ha sido la maestría en educación más costosa en la historia nacional y la pagamos casi cien veces.

Hoy, los ministros duran más, pero, salvo este detalle, nada esencial ha cambiado: seguimos careciendo de política pública educativa. Es así como durante el mismo gobierno del presidente Santos se pueden evidenciar dos políticas por completo diferentes en materia educativa: Durante los cuatro primeros años, María Fernanda Campo enfatizó en el apoyo a las instituciones educativas con peores balances y con niños con privación socioeconómica y cultural. Para ellas se elaboró un completo programa de formación y acompañamiento in situ, conocido como PTA (Todos a Aprender).

En la educación superior se firmó un importante acuerdo con las diversas fuerzas sociales para garantizar mejoras en el derecho y la calidad. Sin embargo, para el segundo periodo, la ministra Gina Parody cambió de políticas y se dedicó a impulsar la jornada completa y a apoyar las universidades privadas de élite y a los jóvenes con mejores resultados, mediante el programa Ser Pilo Paga, que es una manera disimulada de privatizar la educación universitaria y de garantizar su derecho tan sólo al 2% de la población. Son dos enfoques educativos y políticos diametralmente opuestos frente a los problemas del derecho y de la calidad. Una vez más se ratifica que el problema es político; más exactamente, que carecemos de una política pública de largo aliento y de un movimiento ciudadano amplio que impida que se cambie de ruta al vaivén de los intereses electorales de quien ocupe el ministerio, como de manera dramática sucedió para el segundo periodo del presidente actual.

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La experiencia de los dos planes decenales anteriores también nos ratifica la tesis de Giudici: fracasaron en el cumplimiento de sus fines, porque carecieron de apoyo político y de movilización social de respaldo. Debido a ello, los recursos del Estado fueron absorbidos por la guerra, y la educación, la ciencia y la investigación se quedaron sin recursos para garantizar el desarrollo humano, integral y sostenible. Los planes anteriores no fueron vinculantes y los nuevos ministros que llegaron, terminaron por desconocerlos. No podemos permitirnos volver a fracasar en esta tercera oportunidad.

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La reciente firma de la paz y las movilizaciones juveniles que la acompañaron generan un nuevo escenario en la vida nacional. Ahora tenemos mejores condiciones para construir el verdadero sistema educativo articulado y descentralizado, del cual hemos carecido. Ha crecido la conciencia y la participación de la ciudadanía en los temas educativos. Sin ninguna duda, tendremos que retornar al Acuerdo por lo superior con la mira puesta en el 2034 y debemos dar cumplimiento al compromiso ético y político para cerrar las brechas con la educación rural y para adecuarla a las condiciones y necesidades del contexto. P

ara lograr estos cambios, necesitamos una profunda transformación en los lineamientos curriculares y en la formación de los maestros, de manera que el desarrollo sea el eje del proceso y no la transmisión de informaciones, como hasta ahora sigue siendo dominante.

En conjunto con los docentes de las normales y las facultades de educación, tendremos que replantear lo que actualmente estamos haciendo en materia de formación. También tendremos que consolidar el derecho a la educación, en especial, de los más pequeños y de los jóvenes. En 1994 establecimos en la ley que todo niño tendría tres años de educación inicial. Veintitrés años después, sólo garantizamos uno; todavía les debemos dos, aunque todos sabemos que esta es la inversión más rentable que conoce la historia humana. Nuevamente: No es un problema de recursos, sino de política pública.

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Necesitamos un acuerdo en torno a lo fundamental en materia educativa. Lo más importante es que lo hemos logrado entre investigadores, científicos, estudiantes, académicos y docentes. Después del millón de consultas, discusiones y foros, ese acuerdo se ha plasmado en el Plan Decenal 2017-2026. Ahora necesitamos que el país entero entienda que las decisiones educativas no las puede seguir tomando exclusivamente la clase política y que debemos ser conscientes de que los padres de familia, los medios masivos de comunicación, los empresarios, los artistas, las iglesias y aun los partidos políticos también educan y también son responsables de la calidad educativa.

La educación es una responsabilidad de todos y por ello todos tenemos que participar al definir sus fines y prioridades. Sin educación de calidad no saldremos del subdesarrollo, ni ampliaremos la democracia, ni generaremos mejores condiciones para la convivencia ciudadana, ni crearemos la tecnología que necesitamos para resolver nuestros problemas. Hoy somos el producto de la educación y la cultura que recibimos ayer. Si queremos impulsar de manera sensible el desarrollo artístico, cultural, tecnológico y científico, necesariamente tendremos que jalonar un cambio cultural y replantear de manera más innovadora los modelos pedagógicos que hasta el momento han dominado la educación nacional.

La propuesta es que todos nos pronunciemos en materia educativa. Que la sociedad participe en la definición de la política pública y que los ciudadanos no sigamos siendo invitados de piedra al definirla, como hasta el momento ha sucedido. Los invito a que voten por la calidad y a que colectivamente construyamos la política de Estado en materia educativa. Para ello, la consigna es alcanzar diez millones de votos en defensa de la educación.

Pero esta propuesta no tiene ninguna viabilidad si los jóvenes no la impulsan en las calles y la asumen como propia. Su derecho a la educación ha sido amenazado por una política que privatiza a escondidas y de manera disimulada y populista. No pueden alcanzar la universidad sólo los más “pilos”, como si sólo ellos tuvieran derecho a la educación. Necesitamos que los jóvenes defiendan su sagrado derecho a estudiar, porque como resonó en todo el país en 2012: ¡La educación es un derecho, no una mercancía! La paz y la educación vuelven a convocar a la MANE en las calles. Ojalá los jóvenes escuchen su llamado.

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El ex ministro de educación, Jaime Niño Díez, nos acompañó seis años atrás en la fase inicial de esta cruzada y hoy queremos reivindicar su nombre con la consigna que hicimos propia después de que se la escuchamos: ¡Si es necesario, tiene que ser posible!

*Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación de las Naciones Unidas. 
Twitter: @juliandezubiria

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