Elecciones: ¿Qué le espera al campo en materia de educación?

De todos los desafíos que tiene Colombia, quizás el más importante tiene que ver con la necesidad de cerrar la enorme brecha que separa el país urbano del rural. Para muchos, la educación es la vía que permitirá acortar esa distancia. Sin embargo, la historia una vez más demuestra que el papel lo aguanta todo. El interés que tiene la clase dirigente por impulsar la educación rural sigue reducido a la formulación de políticas públicas. Ni siquiera cuando las Farc salieron de los territorios y el Estado tuvo el camino despejado para ejecutarlas se vio algo en la práctica.  

La violencia ha sido la justificación más recurrente para explicar el atraso y las dificultades que enfrenta la institucionalidad a la hora de ofrecer educación integral para los habitantes de las zonas más alejadas, donde solo el 20 por ciento de la población accede a educación superior. El escenario fue el mismo en 2017, cuando el país registró el menor número de homicidios en las últimas cuatro décadas y las autoridades lograron, por primera vez en mucho tiempo, que en 321 municipios no se presentaran muertes violentas. 

Colombia desaprovechó la oportunidad que abrió la coyuntura política. ¿La razón?, cuando el escenario era adecuado para desplegar las instituciones en las zonas históricamente abandonadas que había dejado la guerrilla, en el plano educativo, por lo menos, apenas se empezaron a formular los proyectos. De hecho, dos años después de la dejación de armas sigue la planeación. Tal como está pasando con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la construcción del Plan Especial de Educación Rural, que llegan en momentos en que las estructuras delincuenciales se están reacomodando. 

Una de esas estructuras es la que anunció Iván Márquez hace unas semanas, en el momento en que oficializó su decisión de alzarse en armas. El camino por el que optó el exjefe del equipo negociador de las Farc en La Habana, y por lo menos diez mandos medios de la antigua guerrilla, es determinante para el desarrollo del país rural. Si bien no son mayoría, su estrategia ambienta el reciclaje de la violencia y la amenaza de que muchos procesos planeados en el acuerdo de paz se paralicen. A principios de septiembre, 1.000 indígenas emberas quedaron confinados por los enfrentamientos y 500 estudiantes no pudieron asistir a clase por el miedo de sus padres a que quedaran en el fuego cruzado. 

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El reclutamiento de menores es otra de las problemáticas que su decisión pone sobre la mesa. A pesar de que algunos grupos armados se han comprometido a no recurrir a esta práctica, en la estrategia de guerra es cada vez más recurrente. Sin muchas opciones en los territorios, varios niños y jóvenes ven al Estado representado en su territorio por medio de un solitario maestro que funciona igual que el hombre orquesta. La oferta educativa inicial, básica y media enfrenta las mismas barreras de hace 40 años: accesos limitados a material educativo, transporte y alimentación; infraestructura precaria y falta de herramientas para garantizar calidad. En el mejor de los casos, es asignado un docente que no acepta la plaza. 

Tanto el enfoque como la apuesta financiera e institucional han fallado en la construcción de las políticas públicas de educación rural y hoy, sin el grueso de las Farc, los niños y los jóvenes siguen servidos en bandejas de plata a los grupos criminales que siguen en los territorios. De acuerdo con una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, a la práctica del reclutamiento se suma otro fenómeno preocupante: la utilización de jóvenes. Miles de menores de 22  años están vinculados a las cadenas criminales. Sea mediante las economías ilícitas, sirviendo como punteros que pasan información o en oficinas de cobro, están empezando a formar parte de la cadena de control del territorio. 

Lo que hay que hacer

Al tiempo que el Gobierno Santos daba vía libre a la fase de negociación exploratoria con las Farc, la Universidad de La Salle puso en marcha un modelo de educación superior para el campo colombiano, que podría replicarse en varias regiones del país. Esa apuesta de la comunidad educativa, conocida como el proyecto Utopía, surgió con el propósito de lograr un cambio significativo en la educación y aumentar el número de jóvenes profesionales en las zonas rurales de Colombia.

Más de 253 personas de los 185 municipios más afectados por la violencia han pasado por el campus universitario que hay en Yopal. Bajo la metodología de “aprender haciendo y enseñar demostrando”, los jóvenes acercan la teoría a la productividad en el campo. Los seleccionados tienen una beca que les cubre los costos de la matrícula, la residencia y la alimentación. Además de los 10 millones de pesos para ejecutar un proyecto productivo en su tierra, a donde regresan formados como líderes de cambios pero hoy podrían verse amenazados por la reconfiguración del conflicto.

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La ruralidad nunca había estado tan presente en la historia del país como ahora. El acuerdo de paz redirigió la mirada, prometió reformar el sector agrario y un Plan Especial de Educación Rural (PEER). Sin embargo, la apuesta por garantizar educación inicial, básica, media y superior de calidad; formar docentes; mejorar la infraestructura de las escuelas; modificar el currículo pedagógico, y rediseñar la forma en que son administradas las sedes educativas en ese otro país transita por la cuerda floja. ¿La razón?, la financiación. 

Aunque la educación sigue siendo el rubro más importante en el presupuesto general de la nación para 2020 con 43,1 billones de pesos, la plata no se ve en la Colombia rural. La asignación de recursos públicos nuevos para atender el déficit educativo de esta población apenas llegó al 1 por ciento de lo que se requería en 2017, y al 4 por ciento en 2018. “Se necesitan al menos 2 billones de pesos adicionales al año, del presupuesto público, para llegar a las zonas rurales de los 170 municipios prioritarios incluidos en los PDET que permitirán el nivel de educación de calidad desde el ciclo inicial hasta la formación profesional que hoy tienen las principales ciudades”, explica Óscar Sánchez, coordinador nacional de Educapaz. 

El dinero es determinante, pero también la estrategia. Por eso muchos vieron como un retroceso que el Plan de Desarrollo del Gobierno Duque haya marginado las iniciativas del Plan Decenal 2017-2026. Ahora se habla de “promover estudios de maestría y doctorado para apoyar la educación inicial y rural [...] ellos [los docentes] necesitan consolidar su pasión y sus competencias para impulsar el desarrollo integral de sus estudiantes”, reseñó Julián de Zubiría Samper hace unas semanas en una columna en la que aseguró que “este Gobierno acaba de botar a la caneca todo ese trabajo y desaprovechó la oportunidad para construir política de Estado en educación”.

Los cambios en materia de educación son notables pero insuficientes. Para “acabar con la fábrica de guerreros”, el país necesita aterrizar los PDETS articulados con el PEER, que lanzará el Gobierno en los próximos meses. Hay que mostrar resultados y estrategias en terreno. Sea bajo el argumento de una apuesta educativa o incluso en seguridad, el país necesita invertir en educación rural. Cada quien quiere dejar su impronta, pero por encima están los miles de menores y jóvenes que ven en la ilegalidad una ventana de oportunidad que los grupos armados aprovechan.