¿Es hora de replantear la financiación de las universidades?

No solo la disrupción tecnológica y la incertidumbre del mercado laboral tienen pensando a las instituciones de educación superior (IES). La coyuntura económica también las tiene nerviosas por el reto que significa equilibrar sus gastos y sus ingresos, cuando el crecimiento del país no fue el esperado y el nivel de desempleo completa algunos meses en doble dígito.

Actualmente, la educación superior se financia a través de la oferta y la demanda que, si bien han funcionado, hoy tienen profundos desafíos en su estructura. Veamos: por vía oferta, el Estado ha asumido una parte del presupuesto que llega a las universidades públicas, mientras la otra parte la asumen ellas mismas. Por vía demanda, son las familias las que financian el sistema mediante el pago de las matrículas, en especial por medio de los créditos educativos que ofrecen la banca privada, distintas cooperativas y el Icetex, entre otras fuentes.

La tensión es mayor por cuanto el número de estudiantes viene creciendo con el paso de los años: en 1993, la matrícula en educación superior era de 159.218 estudiantes, pero hoy la cifra se ha incrementado y son más de 611.800. Y, además de registrar este crecimiento, las universidades no solo se quedan en tareas de enseñanza, sino que cubren otros frentes como la investigación, proyectos de impacto social y desarrollos tecnológicos, nuevas exigencias que les han generado una gran presión sobre los costos de operación.

En el caso de las instituciones públicas, el impacto se evidencia en la limitación que tienen para ofrecer cupos en el país y en la contratación de docentes calificados, que se refleja en los indicadores de calidad. Y al funcionar en completa austeridad, al filo de una crisis, no han tenido otra salida que exigirle al Gobierno de turno más recursos, como ocurrió con las manifestaciones de los estudiantes de finales del año pasado. En ese momento, alcanzaron compromisos del Gobierno por 4,5 billones de pesos adicionales para este cuatrienio. 

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Pero si en el caso de las públicas la situación es compleja, en las privadas no es muy distinta. Uno de los mecanismos para atender sus costos operacionales es el incremento en el precio de las matrículas cada año. De acuerdo con el Observatorio de la Universidad Colombiana, en 2007 el costo de la matrícula para un alumno de primer semestre de cualquiera de las primeras 30 universidades privadas colombianas en el ranking QS era de 13,1 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), en promedio; para 2014 pasó a 14,44 (SMMLV). Aunque no se tienen datos más recientes, la tendencia parecería ir al alza.

Pero las universidades viven hoy una realidad compleja, que aún no se define si es estructural o coyuntural: en 2017 se matricularon 487.511 estudiantes nuevos, 7 % menos que en 2016, cuando fueron 529.534, según los datos más recientes del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

¿Qué explica esta situación? Por una parte, una economía desacelerada, en la que el desempleo de las cabezas de hogar hace que las decisiones de estudiar se aplacen, que se complementa con la visión de algunos rectores que consideran que el número de alumnos nuevos se frenó, precisamente, por el incremento en el valor de las matrículas. Y, por otra, si esto evidencia el resultado del Censo de población, que reflejó un número de habitantes menor al esperado.

¿Problemas de caja?

Para ayudar a las IES tanto públicas como privadas a solucionar esos problemas financieros, se creó el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep). Actualmente, el patrimonio del Fodesep se compone en 30 % de aportes realizados por el Gobierno nacional.

34 % de aportes hechos por las IES públicas afiliadas y otro 36 % de recursos provenientes de las IES privadas afiliadas. Cuando las instituciones hacen estos aportes, que van desde 50 SMMLV hasta 550 SMMLV, y cumplen los requisitos de la entidad pueden solicitar un crédito.

Entre las tres líneas que ofrece Fodesep, la que más incentiva es la de aseguramiento a la calidad y bienes y servicios. Así ayudan a financiar una nueva infraestructura, a cumplir con los requisitos para obtener un registro calificado, etc. Sin embargo, el crédito de libre inversión para las universidades es uno de los más usados (34 %).

Esto es importante, porque revela la necesidad de recursos que viven las instituciones, lo cual las lleva a recurrir a créditos de libre inversión. Las que se están endeudando cada vez más son las privadas, a las cuales el ingreso por concepto de matrícula les estaría resultando insuficiente; en consecuencia, su participación en los créditos que otorga el Fodesep es del 82 %, mientras que la participación de las IES públicas es apenas de 18 %.

También se puede dar el caso de instituciones que no están usando bien sus recursos, como al parecer le sucedió la Universidad Incca de Colombia. En un primer momento, la Incca fue intervenida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) por la falta de pago a los docentes. Fodesep le hizo un crédito para que implementara un plan de mejoramiento, pero hoy nuevamente está en aprietos financieros.

Pero, más allá de la difícil situación, queda en evidencia una realidad: “La educación de calidad se ha concentrado en la gente que tiene las más altas capacidades para ingresar a la universidad pública o los más ricos que puedan entrar a las privadas, lo que nos lleva a incrementar la inequidad”, explicó Fabio Sánchez, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y experto en financiación de la educación superior.

Las opciones

¿Cuáles podrían ser, entonces, los caminos para recorrer y facilitar el acceso a la educación superior? Para Jorge Téllez, presidente de la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo (Ápice), entidad cercana al Icetex, la solución podría estar en aumentar los créditos educativos. “A pesar de que los datos dicen que anualmente el Icetex tiene una cobertura de hasta 600.000 estudiantes, no alcanzan a cubrir toda la demanda. De ahí que los bancos ofrecen sus créditos de consumo, que no son amigables con el bolsillo de los alumnos”.

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Para ampliar ese número, Téllez propone imitar el modelo usado en Costa Rica para incrementar los recursos. “El equivalente al Icetex en Costa Rica es la Comisión Nacional de Préstamo para Educación (Conape) que se financia de los aportes de los bancos, quienes entregan el 5 % de las utilidades anuales para el crédito educativo. Sería un gran avance si se implementara en Colombia, así sea, al menos, un 1 %”, explica.

Pero, el mismo presidente del Icetex, Manuel Acevedo Jaramillo, cree que esa no es la mejor opción.“La mejor vía es aumentar los aportes que el Gobierno nacional les hace a las IES públicas. Eso quedó claro en el plan de gobierno del presidente Iván Duque, materializado en los acuerdos con los estudiantes y profesores. En el caso de las privadas, el crédito educativo se convierte en una herramienta de suplemento”.

Sin embargo, la realidad es que los recursos públicos no serán suficientes. Según José Joaquín Brunner, exministro de Estado de Chile y experto en educación superior, en los próximos años, el número de jóvenes en el nivel profesional va a aumentar hasta llegar a una cobertura similar a la de la educación secundaria. “Eso ya está ocurriendo en Chile y Argentina, en donde las tasas de participación son muy cercanas al 90 %”.

En algunos países desarrollados como Australia vivieron una crisis similar en los años sesenta. Para resolverla, acordaron un modelo de crédito educativo que depende de los ingresos futuros del estudiante. En Colombia el instrumento se conoce como Financiación Contingente al Ingreso (FCI). Es decir, cuando el alumno se gradúe y consiga un empleo, puede empezar a pagar el crédito de acuerdo a su sueldo. Se eliminan los intereses y en caso de no tener empleo, no estará obligado a pagar.

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El año pasado el expresidente Juan Manuel Santos sancionó la ley que crea este modelo en Colombia. Pero, aunque tenía que iniciar en ese momento, aún no ha pasado nada. De acuerdo con Jaramillo, esta ley contiene algunos elementos que han dificultado su implementación. En la ley quedó establecido que los recursos para arrancar con los primeros 10.000 beneficiarios de los estratos más bajos podrían venir de fuentes que normalmente se destinan a las universidades públicas. “Pero el Gobierno es respetuoso con esos recursos. Por eso estamos analizando otros actores que permitan constituir el fondo,  sin afectar los compromisos de transferencias a las IES”, dijo Jaramillo, del Icetex. De llevarse a cabo este modelo, Brunner, Sánchez y Téllez creen que las IES podrían mejorar sus números.

El camino por recorrer todavía es largo. Se requieren mecanismos que se ajusten a las nuevas realidades, no solo económicas sino también sociales, y que faciliten el acceso de más jóvenes colombianos a la educación superior para empezar a cerrar brechas de inequidad.  

Este tema será discutido por el experto José Joaquín Brunner, exministro de Estado de Chile y experto en educación superior en la Cumbre Líderes por la Educación. No se pierda este evento el 19 y 20 de septiembre, el más relevante del sector a nivel nacional. 

Para mayor información de la Cumbre, visiste www.cumbrelideresporlaeducación.com o comuníquese al teléfono (1) 646 84 00 ext. 4310 o ext. 4301