La infinita maraña de la San Martín

En noviembre pasado se reveló el estado de coma en el que se encontraba la Fundación Universitaria San Martín por cuenta de las supuestas irregularidades en su administración. Los problemas de la institución finalmente estallaron y sus esquirlas han superado lo estimado. Además de las denuncias sobre la desviación de dineros hacia otras empresas, las clases llevan suspendidas desde octubre por atrasos en los salarios de docentes y trabajadores. La calidad educativa tampoco se salvó de esta debacle: siete programas académicos ya habían sido cancelados en 2013. Los directivos de la San Martín ignoraron advertencias, sanciones, decisiones judiciales y se llevaron por delante a toda la comunidad universitaria.

Entonces el Ministerio de Educación anunció que no le permitiría a la fundación abrir las matrículas para el primer semestre del 2015. Dos días antes de finalizar el año pasado, esta cartera fue vehemente en que la prestación del servicio educativo en la San Martín se iba a reestablecer en enero. Sin embargo, a dos semanas de que finalice el mes existen más dudas que certezas sobre la situación actual. Ni los estudiantes, ni los docentes, ni los trabajadores tienen pistas sobre cómo el gabinete de Gina Parody va a normalizar la actividad de la institución. Mucho menos quién va a responder por las deudas y los salarios atrasados. Mientras el ministerio adelanta inspecciones en las diferentes sedes de la San Martín y anuncia oficialmente sus decisiones, en alma máter sienten que siguen en el limbo. Lo único que tienen claro es que van a aplaudir las medidas del ministerio.

“En este momento vemos como única alternativa, porque no hay voluntad política de parte de los directivos de la universidad, que el Ministerio de Educación por fin tome las riendas. Es la única salida que tenemos. Necesariamente tenemos que estar de acuerdo con ellos porque la San Martín ya no aguanta más. Si el ministerio no puede hacer nada definitivamente habría que cerrarla, cancelarle la personería jurídica y eso es lo que no queremos ni nunca hemos querido”, sostuvo en conversación con Semana Educación Ricardo Mejía, presidente del sindicato de la San Martín. Por eso, agregó, apoyarían sin titubear el nombramiento de un nuevo rector. Medida que está contemplada por la nueva ley de inspección y vigilancia para las instituciones de educación superior, la cual fue aprobada por el Congreso en diciembre pasado.

Como pudo constatar esta revista el Ministerio de Educación ya eligió a las personas que designará como rector e inspector para atender la situación en la San Martín y pronto hará el anuncio oficial. Los directivos de la San Martín entregaron el pasado jueves los 42 documentos que le había solicitado el gabinete. Ahora Parody y su equipo están en la tarea de evaluar y revisar los 1.260 folios que contienen información vital para conocer de primera mano lo que ocurrió en la fundación universitaria. Entre esos documentos se encuentran los estados financieros del 2011 al 2013 y un balance hasta septiembre de 2014, así como extractos bancarios de varias cuentas a nombre de la institución. Las actas de reuniones que sostuvieron los directivos y en los que se tomaron decisiones académicas, jurídicas, financieras y administrativas en los últimos tres años también fueron incluidas, junto con un inventario detallado de los activos fijos.

El ministerio estaba esperando estos documentos desde diciembre pasado y la demora suscitó dudas. En la víspera de año nuevo la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, aseguró que los pocos datos entregados para ese momento eran insuficientes y que “los trabajadores del área financiera a quienes se pidieron reportes en este campo alegaron no contar siquiera con las claves del sistema que les permite acceder a los estados financieros”. Lo que causa estupor es que los recibos de matrícula para el primer semestre del 2015 ya estaban listos para ser entregados, pese a la restricción que impuso el gabinete de Gina Parody.

Así lo denunció el presidente del Comité Estudiantil de la San Martín, Christian Alberto Sánchez: “Desde el 9 de diciembre yo me tomé las instalaciones (sede de la calle 80 en Bogotá) con candados y cadenas, pasé 24 y 31 acá, sin vacaciones, porque ahí está el montón de recibos que se iban a repartir para tumbar a los estudiantes. En Cali sí se repartieron y hubo compañeros que pagaron. Ese dinero ya no está en la cuenta. ¿Entonces quién va a responder?”. Sin embargo, el fundador y directivo de la San Martín, Mariano Alvear, le aseguró a Semana Educación que esos recursos están en la fiducia que el Ministerio de Educación les exigió crear y que de ahí no se van a mover ni a perder.

Paralelo a las actuaciones del Ministerio de Educación para normalizar la situación de la Fundación Universitaria San Martín, en la Fiscalía avanza una investigación por los delitos de fraude procesal y estafa. Lo que se ha podido establecer hasta ahora es que desde este centro educativo se falsificaron documentos de algunas entidades y autoridades públicas -como el Icetex, la Secretaría de Hacienda de Bogotá y varios juzgados- para levantar los embargos que tenían parte de sus bienes, por sus continuas deudas, y finalmente evadir la responsabilidad. Una vez desembargados los inmuebles podían venderlos, o “enajenarlos” y así se evitaban perderlos y entregarlos.

Según fuentes de la Fiscalía, habría por lo menos ocho fraudes de este tipo y es tan recurrente el tema que se evalúa la posibilidad de incluir el delito de concierto para delinquir. El ente investigador está afinando detalles y terminando de recopilar el material probatorio para determinar las responsabilidad de los implicados en estos hechos. De nombres propios todavía no se habla, pero sí está previsto que para inicios de febrero se tomen decisiones de fondo y la entidad empiece a llamar a imputación de cargos. El fraude procesal tiene una pena entre cuatro y ocho años.

Además, el órgano acusador también indaga por la presunta estafa de la que fueron víctimas los estudiantes de la San Martín, quienes se matricularon para cursar carreras que supuestamente no tenían registro calificado, necesario para ofrecer cualquier programa de educación superior. La entidad comparará el número de alumnos que se inscribieron y los programas que se cancelaron, así obtendrá el monto de cuánto habría percibido la San Martín irregularmente, y podrá determinar si hubo o no estafa masiva. Después la Fiscalía se concentrará en el delito de fraude a resolución judicial, por todas las veces que la fundación universitario ignoró o decidió evadir decisiones judiciales que le ordenaban cumplir ciertos requisitos y pagar tanto lo que debía como la multa.

Problemas de liquidez

En entrevista con Semana Educación, el fundador y directivo de la San Martín, Mariano Alvear, sostuvo que su centro educativo tiene activos por 270 mil millones de pesos, mientras que los pasivos solo ascienden a 40 mil millones de pesos. De ahí que, a su juicio, la crisis financiera se haya desatado cuando el ministerio canceló siete programas académicos en 2013, pues con esta decisión se le suprimieron parte de los ingresos a la fundación, pero los egresos se mantuvieron igual. “Es como si un funcionario tiene un millón de pesos de ingresos y le suprimen ochocientos de ingresos. Le quedan doscientos y tiene que seguir asistiendo los mismos egresos. Pagar pensiones, servicios, nómina. ¿Cómo quieren que haya dinero si nos dijeron hace 18 meses que no podíamos recibir un peso? Y luego se quejan”, insistió el directivo.

Vea la entrevista completa con Alvear en este vínculo

En pocas palabras, Alvear considera que todo el escándalo se reduce a un problema de caja que puede solucionarse si les permiten otra vez vender bienes y servicios, es decir, que puedan matricular estudiantes y recibir los pagos de los alumnos que ya están inscritos. Lo anterior porque la San Martín también tienen deudas adquiridas, como créditos destinados a la educación que deben pagar y que subsanaban con parte de la plata que ahora no perciben, según afirma Alvear.

“Nosotros somos la universidad del país con mayor cobertura en salud. Es la única de Colombia, e incluso de Latinoamérica, que maneja cinco programas diferentes de medicina a nivel nacional. Y éramos líderes en la salud. Los egresados nuestros son muy buenos, y lideramos un promedio de 140 hospitales en el país. En este mismo instante esos programas de salud, a pesar de la crisis financiera por la que atraviesa la caja de la institución, están al día. Los docentes están trabajando, los estudiantes están asistiendo”, añadió Alvear.

Sin embargo, los estudiantes tienen una opinión muy diferente. Christan Alberto Sánchez, presidente del Comité Estudiantil de la San Martín, afirmó que los problemas de la institución ocurrieron antes de que se cancelaran los programas académicos. Lo que terminó siendo en realidad la consecuencia de todas las irregularidades de la administración. “Los directivos abandonaban las facultades, aparecían a última hora para recibir un certificado, esperaban hasta los últimos 20 días en que se vencía el plazo del registro, y no hacían los ajustes correspondientes a los puntos que les señaló el Ministerio de Educación como la contratación docente. Por eso es que cancelan los programas y ahora el señor Alvear sale diciendo que no tiene flujo de caja, pero lo que no dice en los medios es que no tiene estudiantes nuevos por culpa de él y su mala administración”, sostuvo Sánchez.

El sindicato de la institución comparte esta posición. De acuerdo con su presidente, Ricardo Mejía, “todo parte de una crisis económica y financiera porque el señor Alvear dejó ilíquida a la institución. Recordemos que esto es una fundación sin ánimo de lucro. La plata no se puede ir a otras empresas como lo ha hecho la administración de esta universidad, sino que tiene que reinvertirse”. Mejía hace referencia a la presunta desviación de recursos, que se ha venido denunciando desde noviembre.

Al parecer, la plata de los estudiantes no fue destinada a mejorar la San Martín sino que terminaron en otros negocios de la familia Alvear como Qualité Burger Market, Centro Internacional de Biotécnica Reproductiva (Cibre), Quality Fish Meat, Fondo de Fomento para la Educación y Foneducar. “El problema no viene de hace año y medio cuando le negaron esos registros, el problema viene de hace 14 años cuando se inventó el Cibre porque para allá se fue el 70 por ciento de los recursos de la universidad. Ese es el verdadero problema”, concluyó Mejía.

El pasado 8 de enero la Superintendencia de Sociedades decidió someter a control a cuatro compañías de la familia Alvear que le prestaban servicios a la fundación universitaria. Se trata de C. I. Gloma S. A., Prodomed Ltda., Gráficas San Martín y Alvear Orozco S., esta última en liquidación. El órgano de control encontró que en estas empresas se presentaban una serie de anomalías: los libros de contabilidad estaban desorganizados, así como los estados financieros, estas empresas no tenían una sede propia e incluso hacían falta personas encargadas que respondieran las dudas de la SuperSociedades.

Deudas con empleados

Según Ricardo Mejía, la Fundación Universitaria San Martín tiene en su contra más de 1.500 demandas laborales por situaciones como no pagarle liquidación a los trabajadores que eran despedidos o por no hacer los aportes en salud y pensión a sus empleados. Desde marzo del año pasado las deudas crecen y se acumulan porque ya ni siquiera les han pagado los salarios. Hay empleados y docentes que desde ese mes no reciben el pago por lo que han trabajado. “Lamentablemente, en la comunidad laboral de la San Martín nos acostumbramos a que no nos pagaran seguridad social y se nos demoraran con los salarios. A veces se demoraban un poco, eso sí hay que reconocerlo, como dos o tres meses, pero nunca diez y doce meses como ahora”, explica Mejía, y agrega que de los sueldos les descontaban el dinero de las prestaciones, pero que no se hacían los aportes y muchas veces esta plata se perdió.

Para Mariano Alvear las deudas se originan porque “la institución tiene unos déficit y cuando en tesorería iban a tomar la decisión entre pagar la nómina y los parafiscales, le daban prioridad a la nómina. Pero eso normalmente se cerraban los semestres y venían bien. Se colgaban y después se pagaba”, situación que para él, de nuevo, se complicó cuando el Ministerio de Educación cancela los programas en 2013 y en noviembre evita que haya nuevas matrículas. A su consideración ahí empieza a reinar la iliquidez. “Sí hay pasivos, correcto, pero también hay que tener en cuenta que hay unos activos. Y que no hay caja, no hay liquidez. ¿Por qué no hay liquidez? Porque el gobierno nos dice que no podemos recibir un peso, pero que tampoco podemos dejar de pagar profesores”, sostuvo Alvear en entrevista con Semana Educación.

El fundador de la San Martín cree que la situación es menos grave de lo que lo que ha dicho el Ministerio. Mientras Alvear alega que los problemas se pueden solucionar si los dejan hacer su trabajo, el gabinete de Gina Parody sostiene que las medidas deben ser urgentes y se apresta a tomar decisiones. En el medio están los dolientes de este escándalo: 20.000 estudiantes que confiaron su formación profesional en un proyecto educativo y pagaron por él, junto con 4.000 trabajadores que dependían de su empleo en la San Martín. Todos siguen esperando respuestas.