¿Golpe a la autonomía universitaria?

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) se apuntó en solo tres semanas su primera victoria para reformar la Educación Superior en el país. Este martes, el Congreso aprobó el proyecto de ley que fortalece las facultades de inspección y vigilancia del gabinete en cabeza de Gina Parody. La última palabra la tenía el Senado que, durante el cuarto debate, le dio el visto a la iniciativa y la dejó lista para la sanción presidencial. Sin embargo, las críticas aún le llueven a esta propuesta porque, según sus opositores, lesiona gravemente la autonomía universitaria al darle más herramientas al Ministerio para intervenir instituciones.

El objetivo principal del proyecto de ley es justamente que este gabinete tenga suficientes mecanismos para supervisar minuciosamente lo que ocurre dentro de todos los centros de Educación Superior. De esta forma podrá sancionar las instituciones cuando incumplan la ley o pongan en riesgo la prestación del servicio de la educación, además de implementar medidas para evitar que estallen crisis como la de la Universidad San Martín, hoy intervenida por presuntas irregularidades en el manejo de sus recursos. En medio de esa coyuntura, cuando las alarmas aún siguen prendidas, el Ministerio de Educación argumentó la necesidad de ampliar sus facultades.

La pregunta que se hacen los detractores del proyecto es: ¿Hasta qué punto y cómo proteger la autonomía universitaria? Esta propuesta, que está ad portas de convertirse en ley de la República, estipula que el Ministerio puede interrogar a cualquier miembro de la institución de Educación Superior o incluso a terceros relacionados con los hechos objeto de investigación. Pero dentro del artículo no se especifica bajo qué condiciones se ejecutará este interrogatorio ni en qué casos resulta indispensable. Tampoco explica la metodología o el personal requerido para tal actividad. ¿Se podrá interrogar a estudiantes? Es la pregunta que queda sobre este punto.

El senador ponente Eugenio Prieto reconoció que la cartera de Educación “se tiene que preparar para asumir estos nuevos retos. Con el interrogatorio no se vulnera el derecho al debido proceso y hemos sido enfáticos en que debemos protegerlo y darles garantías a todos. Buscamos que el Ministerio no nos vuelva a decir que no tiene dientes, que no tienen el poder de garantizar la calidad. Ellos tienen que desarrollar la metodología y hacerlo bajo las leyes”. El representante ponente en Cámara, Jorge Eliécer Tamayo, coincidió en que, para asumir la función de interrogar, “el Ministerio tiene que vincular a más personal”.

Para Carlos Acero, representante estudiantil de Derecho de la Universidad de los Andes, el gran vacío de este proyecto está en que sus artículos no fijan con claridad las condiciones o requisitos que el Ministerio de Educación debe cumplir para poder intervenir las instituciones. “Se puede interpretar desde lo más amplio hasta lo más mínimo. No establece lineamientos para determinar en qué momento se presenta una crisis y es necesario intervenir. Entonces queda a consideración del Ministerio y eso es muy arbitrario. Cuando ellos quieran que algo sea muy grave pues intervienen libremente, pero la norma no establece qué”.

Vigilancia especial

El proyecto prevé unas medidas de vigilancia especial cuando alguna institución presente problemas en su servicio. Una de ellas es que la cartera de Educación está facultada para asignar un inspector permanente que custodie la gestión administrativa y financiera del centro educativo, “así como los aspectos que están afectando las condiciones de continuidad y calidad que motivaron la medida”, sostiene el artículo 13. Cuando los directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales se opongan o entorpezcan las disposiciones dictadas por el ministerio en la vigilancia especial, este podrá designar a una persona natural o jurídica que los reemplace por el término máximo de un año. Pero no se delimita el tipo de perfil que deberán cumplir estas personas o su formación académica.

Además, en casos de vigilancia especial, el proyecto contempla que el Ministerio pueda constituir una fiducia en la institución para garantizar que el manejo de sus recursos y rentas sea destinado a actividades propias de la educación.

Según María Alejandra Rojas, vocera de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), esta disposición “le quita autodeterminación a la universidades respecto a la administración de sus recursos, a su gobierno universitario y al cuerpo académico. El gobierno dice que va a intervenir para mirar la calidad, pero nadie nos asegura que no entren a inmiscuirse en los programas académicos. La puerta queda abierta y la interpretación permite cualquier tipo de control e influencia. Y eso es una clara violación a la autonomía universitaria”.

En esta línea, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, sostuvo que lo único que logra esta reforma es el “aumento de la injerencia del gobierno en todas las universidades, porque una cosa es perseguir la corrupción y otra es lesionar la autonomía universitaria”. Según el congresista, el hecho de que el Ministerio tenga más control y vigilancia sobre las universidades no resuelve la crisis de la Educación Superior.

“Aquí hay que llamar a las cosas por su nombre: solo se le está metiendo más burocracia al problema. Estamos ante un 'falso positivo' anticorrupción. ¿Por qué no darles más voz a los estudiantes, profesores y trabajadores? Ellos son los que saben qué pasa dentro de las universidades. Mientras los directivos que hacen lo que se les da la gana y se gastan la plata en otras cosas, la comunidad universitaria no tiene cómo reclamar. Acá no necesitamos más funcionarios sino una democracia interna”, agregó Robledo.

Otra de las grandes críticas de esta reforma es que fue exprés y se tramitó en un abrir y cerrar de ojos. Para Robledo, esto obedece a una intención de evitar la participación activa de la comunidad universitaria que en estos momentos se encuentra en vacaciones. Sin embargo, el senador ponente Prieto explicó que fue así ya que “se necesitan soluciones rápidas para los estudiantes de la San Martín que siguen 'en el aire'. Los instrumentos de la Ley 30 de 1992 no son suficientes y el Ministerio de Educación estaba sin dientes para asegurar los recursos que deben ser destinados al servicio público de educación y no a otros fines, como sucedió en este caso”.

Por eso, Prieto insistió en que el proyecto no pretende lesionar la autonomía universitaria. Todo lo contrario: estas medidas son necesarias para garantizarla.

Por su parte, el representante Tamayo enfatizó en que la autonomía es una conquista de la sociedad y “proteger esa ganancia consiste justamente en orientarla, para eso se creó esta reforma. Si no garantizamos que haya buenas prácticas administrativas y no controlamos eso, la autonomía universitaria va a salir herida. Cuidamos que no se cercene pero otra cosa es la mala administración y estamos detrás de eso. Quienes estén haciendo bien la tarea no tienen de qué preocuparse”.

Superintendencia de Educación

La reforma aprobada no se quedó únicamente con otorgarle mayores facultades al Ministerio de Educación. También le ordenó presentar, en el plazo máximo de un año, un proyecto de ley que cree la Superintendencia de Educación, cuya finalidad será “garantizar el derecho a la educación, los fines constitucionales y legales de la educación, la autonomía universitaria, los derechos de los diferentes grupos de la comunidad académica y la calidad, eficiencia y continuidad en la prestación del servicio”, como está explicado en el artículo respectivo.

Una determinación que para la vocera María Alejandra Rojas no resuelve el problema de fondo. “Aquí se debe luchar es contra la corrupción y el ánimo de lucro. Las medidas aprobadas no son efectivas porque la proliferación de las universidades de garaje obedece es a que la educación superior en este país es un negocio y hasta que eso no deje de ser así, los mecanismos de inspección y vigilancia serán ineficientes. Si la lógica de lucro se mantiene, lo mismo va a suceder con la corrupción. Acá quieren tener más poder sobre las universidades y lo lograron”.

Ahora el debate deberá darse frente a la política pública de Educación Superior que el gobierno presentará el otro año y sobre la cual ya existen inconformidades y reticencias. El Acuerdo por lo Superior 2034 carga con la sombra de haber sido construido luego de que una movilización estudiantil gigantesca sacara la reforma a la Ley 30 por la puerta de atrás del Congreso.

Frente a la autonomía universitaria, que siempre será protagonista en el curso que debe tomar la Educación Superior en el país, es prudente recordar las palabras de Moisés Wasserman en su columna del diario El Tiempo: “Hoy, la autonomía está recibiendo ataques (incluso de quienes, tratando de defenderla, la desvirtúan). El más reciente se debe a la irresponsabilidad de una institución universitaria que abusó de ella. Pero pretender que la autonomía debe desaparecer porque se abusó de ella es como decir que debe abandonarse la presunción de inocencia porque hay culpables que se aprovechan”.