Frenar la megaminería desde la educación

Solo después de que los habitantes de Cajamarca, Tolima, respondieran con un contundente “No” sobre si querían que se llevaran a cabo procesos de minería en su municipio, se conoció de verdad el poder que tiene en Colombia el activismo ambiental.

Detrás de los 6.165 votos de los habitantes del municipio tolimense que rechazaron los planes mineros en su territorio, que equivalen al 97 % del total del escrutinio, están varias universidades, fundaciones y estudiantes que han formado a sus habitantes en educación ambiental.

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Aunque en su momento el ministro de Minas, Germán Arce, aseguró que el resultado de la consulta no era determinante para acabar con el contrato que tiene la minera AngloGold Ashanti con la Agencia Nacional de Minería para explorar y determinar si hay oro en el municipio, esto no fue impedimento para celebrar en Cajamarca una votación decisiva a nivel de movilización social.

Y así como el Ministerio de Minas ha venido trabajando en un proyecto de ley para evitar que las consultas previas frenen macroproyectos mineroenergéticos, en el municipio tolimense, sus habitante también continuaron su lucha por “la protección del agua, la vida y el territorio”, como algunos de ellos explicaron a Semana Educación.

Con esta determinación, la Universidad del Tolima y el Comité Ambiental y Defensa de la Vida, una organización social del departamento que busca movilizar a los sectores populares frente a los problemas ambientales, llevan desde hace más de dos años formando a la población en temas sociales, jurídicos, económicos y políticos para defender su territorio de la minería. Lo logran por medio del Diplomado Gestión Ambiental y Territorial, totalmente gratuito.

Este año se han graduado 600 personas en este diplomado con una duración de 120 horas por cada nivel. En el primero se enseña Sección ambiental y territorial, en el segundo Análisis territorial, conflictos ambientales y movimientos sociales, y en el tercer nivel, innovación territorial.

Foto: Comité Ambiental en Defensa de la Vida.

No se requiere ningún tipo de formación académica previa para su inscripción, por lo que llegan, según Jaime Andrés Tocora Lozano, miembro del Comité Ambiental y Defensa de la Vida a Semana Educación, “desde amas de casa, personas de la tercera edad, chicos de colegio, profesores de universidad, hasta chicos del Sena”.

Los instructores del diplomado son algunos líderes en materia de defensa del territorio y especialistas en modelos de desarrollo extractivos de universidades como la Nacional, la de Ibagué y la del Tolima, entre otros. Buscan cualificar y profesionalizar el movimiento ambiental del departamento para tomar decisiones responsables en relación con temas medioambientales que les afectan.

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El diplomado que volverá a dictarse el próximo semestre, cuenta el apoyo de instituciones y organizaciones como el Observatorio Ambiental de la Facultad de Ciencias de la institución de educación superior tolimense, la Biblioteca Darío Echandía, la Corporación SOS Ambiental, la Fundación Rosa Luxemburg y el Grupo Semillas.

Pero, ¿cuál es la pertinencia de este tipo de formación? Antes de que los medios registraran la decisión que tomó Cajamarca contra la explotación minera, varios sectores calificaron a sus ciudadanos de “extremistas que no sabían lo que le convenía al país”, explica Jaime. Pero este tipo de diplomados, además de contradecir estas descalificaciones, les brindan a los votantes “los argumentos necesarios para defender el ‘No’ de la explotación minera”, concluyó.

El de Cajamarca no es el único proceso que se ha gestado para luchar contra los efectos de este ‘Goliat‘ del desarrollo económico del país. En este momento hay más de 39 procesos de consulta popular de extracción minera, según la Asociación Colombiana de Minería. El próximo se celebrará en el municipio de Pijao, Quindío, en donde María Fernando Florez, encargada del componente pedagógico de la Marcha Carnaval, un evento pedagógico que se ha realizado en varios municipios para hablar de las consecuencias de la megaminería, espera obtener el mismo resultado que en el municipio tolimense.

Foto: Comité Ecológico de Pijao

“Para que la gente salga a votar el 9 de julio en la consulta popular sobre si desean que se haga explotación minera en el municipio, hemos ido a todas las veredas y al casco urbano capacitando a las personas a través de vídeo, carillas y testimonios de otros pueblos sobre qué significa la entrada de esas empresas al territorio, ya que muchos no creen que esto suceda porque aún no sienten la presión que sí había en Cajamarca”, explicó Florez a esta publicación.

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La Marcha Carnaval también cuenta con una gran estrategia de comunicaciones en la que recogen algunas memorias de los encuentros que se han realizado en el Quindío, Ibagué y Cajamarca. En estos videos, algunos ciudadanos de esta región hablan sobre su visión de la megaminería. Ese es el principal problema: muchos aceptan que no saben cuáles son los puntos negativos y positivos de la extracción mineral, de ahí la pertinencia de brindar formación para que los ciudadanos puedan tomar decisiones desde el conocimiento sobre aspectos que seguramente influirán en sus vidas.

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