El desafío del ICBF ante los 9.000 casos de violencia sexual contra menores este año

El pasado 20 de octubre Juliana Pungiluppi, directora del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), dio a conocer las cifras que maneja la entidad en términos de violencia contra menores para poner sobre la mesa la necesidad de contrarrestar estos delitos en un trabajo conjunto con diferentes entes.

De los 68 casos que por día recibe la institución, 47 de ellos tienen como víctimas a niñas y adolescentes mujeres y 21 afectan al género masculino. En total son 18.617 casos en lo que va corrido del año.

Entre todas las formas de violencia la más común es la sexual: para 2018 van más de 9.000 casos, es decir, 37 diarios, 11 más que en 2016. Las menores entre 12 y 17 años son las víctimas más comunes (representan el 54 por ciento), luego están las de 6 a 12 años (32 por ciento) y por último las de cero a cinco años (14 por ciento).

Le sigue el maltrato, del que se registran 7.486: 5.488 por negligencia (es decir, por omisiones intencionales que afectan la vida del niño), 1.573 por maltrato físico, 399 por afectaciones psicológicas y 26 por otros tipos de agresión.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), tiene sus propias cifras para América Latina y el Caribe, que complementan el panorama entregado por el ICBF.

A junio de 2018, 67 adolescentes fueron víctimas de homicidio, dos de cada tres niños sufren algún castigo violento en su hogar y 1 de cada 10 adultos en el continente cree que la vía para educar a un niño es la sanción y la humillación.

El contexto general refuerza la idea de que los niños siguen siendo una de las poblaciones más vulnerables y que es una urgencia inaplazable continuar el trabajo en favor de su bienestar. Sobre esto, Pungiluppi comentó que desde el ICBF contemplan una serie de propuestas y reformas para trabajar en conjunto con otros entes y la sociedad civil de manera que puedan cumplir con este cometido. Sin embargo, aún no es un proyecto formalmente presentado. En todo caso, la propuesta planteada, de llevarse a cabo, se desarrollaría en 2019.

La estrategia que propondría el ICBF contempla tres componentes: fortalecer el sistema judicial, brindar prevención y atención integral y continuar con la protección de los niños víctimas de violencia.

Una de los puntos que más llama la atención es el de la reforma judicial, que según la directora incluiría “establecer la imprescriptibilidad total de los delitos relacionados al maltrato y abuso de los menores. Esto es importante porque abre una ventana para que estos crímenes puedan ser investigados y condenados independientemente del tiempo en que ocurrieron o del momento en que son demandados por las víctimas”.

Esa propuesta también incluiría el endurecimiento de las penas para abusadores de menores y las medidas dedicadas a la no impunidad. “En este sentido, el rol de la Fiscalía es clave en asegurar tratamiento diferencial en los procesos probatorios cuando involucren niños”, puntualizó. La directora del ICBF dijo en un último punto que el país también debe trabajar en la forma en que se reprenden a los niños. “Otro tema crítico al que Colombia se debe sumar ahora que hace parte de la comunidad Ocde es la eliminación del castigo físico como método de crianza”.

Pese aunque las ideas que expresó la directora del ICBF aún son solo intenciones, hablan de una voluntad que no solo incentiva esta entidad, sino los padres y organizaciones de la sociedad civil.

Carolina Piñeros, directora de RedPapaz, entiende el abuso y la violencia contra menores como acciones normalizadas en la sociedad y por ello debe ser atendido por toda la ciudadanía. “Ahí hay un tema muy cultural, por eso el abuso sexual aún se sigue dando en entornos familiares. Lo mismo pasa con la negligencia y el maltrato que reciben los menores. Sin embargo, desde RedPapaz creemos que no es tanto de endurecer las penas, sino fortalecer toda la cadena de atención a los niños. ¿Por qué se dañan los procesos? por las personas encargadas de hacer investigaciones, recoger las denuncias. Entre las varias inconsistencias, lo que puede estar fallando es nuestra justicia, que no sabe atender estas situaciones”, dijo Piñeros.

Sin embargo, celebran la idea de que las denuncias no prescriban: “Tiene todo el sentido lo que dice la directora en ese sentido. Cuando un caso se da en un entorno familiar, puede ser que cuando la persona cuente lo que le pasó ya hayan pasado muchos años. Incluso, la gente que sufre de violencia o abuso cuando es niño, es cuando crece que entiende que lo que le sucedió era un delito. Pero este ya ha prescrito para ese momento. Entonces creo que es un gran acierto de la dirección del Icbf en proponer la no prescripción”.

Entre las 23 organizaciones que le están poniendo la lupa al tema que presentó el ICBF, está Save the Children. Ellas también han liderado la iniciativa de la que habla Pungiluppi. Explican que es crucial que estrategias enfocadas a resolver este problema se gesten de la mano con el gobierno.

“Esta es una iniciativa que viene desarrollando la Alianza por la Niñez Colombiana hace más de un año y en la que viene trabajando desde la anterior administración del ICBF y que recibimos con alegría que esta administración le dé continuidad, puesto que frente al flagelo de la violencia que azota a la niñez de nuestro país se requiere de un trabajo mancomunado de las familias, la sociedad civil, el gobierno y los organismos de control, teniendo en cuenta la activa participación de los niños, niñas y adolescentes”, expresó Luz Alcira Granada Contreras. Directora de Incidencia Política y Comunicaciones. Granada puntualizó que esta discusión se debe dar y ahí está el desafío.