Denuncian impunidad del Esmad en homicidios de estudiantes

El registro de nombres parece no terminar nunca. Oscar Salas es el primero en aparecer. Tenía 20 años y era estudiante de Lingüística en la Universidad Distrital cuando fue asesinado. Jhonny Silva, de 21 años, estudiaba Química en la Universidad del Valle cuando le alcanzó una bala. Carlos Giovanni Blanco se preparaba para ser médico cuando le mataron. Luego están Nicolás David Neira, Edison Franco Jaime, Yoel Jácome Ortiz, Hermides Jaime Téllez, Diomar Alfonso Quintero, Nicolás Valencia Lemus, Celestino Rivera, César Hurtado Tróchez y Jaime Alfonso Acosta.

Todos ellos eran estudiantes, y todos ellos perdieron la vida durante manifestaciones estudiantiles que fueron disueltas con gases lacrimógenos, balas y golpes por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

No existe una sentencia firme o un culpable procesado por estos casos. “Son casi 15 años de impunidad”, según la representante de la Cámara Ángela Robledo, quien hoy acusó a la autoridad antidisturbios de estar detrás de estas muertes. Lo hizo durante la Sesión de Comisión Accidental de Seguimiento a los directores de la Policía Nacional, del Esmad y de Medicina Legal, con el apoyo de los también representantes Alirio Uribe, Víctor Correa, German Navas, Inti Asprilla y Oscar Ospina.

El último en engrosar esta lista de muertes fue Miguel Ángel Barbosa. Murió el pasado 3 de junio tras permanecer casi dos meses en coma en el Hospital del Tunal de Bogotá. Al estudiante de Mecánica de la Universidad Distrital de 18 años le alcanzó un artefacto explosivo en la cabeza lanzada -presuntamente- por los antidisturbios en una manifestación en los alrededores de la institución.

De acuerdo con Robledo, “este despliegue de fuerza y violencia deja muchas preguntas sobre el rol del Esmad en la disolución de manifestaciones y en el papel que asumirá en el posconflicto, en el que se prevé un incremento de las movilizaciones sociales”. Para la representante, “se ha convertido en una unidad que ataca a los jóvenes colombianos que se movilizan para defender sus derechos”.

Más de 3.000 policías integran esta unidad para la que el año pasado se destinaron 327 mil millones de pesos. Según datos presentados durante el debate por el representante Alirio Uribe, entre 2002 y 2014 se registraron 448 casos de agresiones que dejaron alrededor de 3.950 víctimas y en las que presuntamente participó el Esmad. 

En la denuncia que ha interpuesto la representante en la Comisión pide la disolución del Esmad porque “fue creado en tiempos del presidente Andrés Pastrana y en el marco del Plan Colombia para combatir el narcotráfico, no para disuadir marchas estudiantiles”, explica. Propone remplazarlo por un cuerpo policial especializado que garantice el “cuidado de los derechos humanos de los manifestantes".

María Alejandra Rojas es estudiante de Fisioterapia en la Universidad Nacional y, además, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), plataforma desde la que desde hace años exige el desmantelamiento del cuerpo policial. Los describe como “una fuerza de choque y de represión” que actúa “incluso en protestas pacíficas con una fuerza desmedida”.

Está de acuerdo con que haya presencia y control institucional durante las manifestaciones. Habla de "acompañamiento estatal". Sin embargo, para ella el problema radica en que “el Gobierno Nacional no diferencia entre control y represión", por lo que "cualquier unidad que se consolide sin tener clara esa diferenciación, cometerá las mismas vulneraciones a los derechos humanos de los estudiantes que ya comete el Esmad”.

Esta publicación se puso en contacto con la Policía Nacional quien no se quiso pronunciar sobre el tema. 

PARA EL DEBATE

¿Está de acuerdo con el desmantelamiento del Esmad? Deje sus comentarios en @SemanaEd y @JuliaAlegre1