Jóvenes en América Latina: ¿creen en las urnas o en las calles?

Uno de cada seis jóvenes está hoy sin trabajo en todo el mundo, debido a la crisis provocada por el coronavirus, alerta la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

“La proporción de jóvenes sin empleo, educación o formación (tasa NEET juvenil) se ha mantenido persistentemente alta en los últimos 15 años”, y es ahora del 30 % para las jóvenes y del 13 % para los jóvenes en todo el mundo, advierte Naciones Unidas en su llamado a celebrar este Día Internacional de la Juventud.

Pero, ¿quiénes son estos jóvenes en América Latina y hasta qué punto están efectivamente excluidos de la participación política en la región? ¿Deciden en las urnas? ¿Creen en las urnas? ¿O en las calles?

Quiénes son jóvenes en América Latina

Con fines estadísticos, la ONU considera “jóvenes” a quienes cuentan entre 15 y 24 años de edad, y “niños” a los menores de 14. Aunque la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño protege como tal a toda persona menor de 18.

Por su parte, el PNUD -que monitorea la relación entre gobernanza y participación juvenil en la región-, así como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), extienden sus investigaciones sobre la población joven latinoamericana hasta los 29 años.

Cuándo adquieren derechos y deberes ciudadanos

En América Latina, “la edad en que se considera que una persona se vuelve adulta es a los 18 años. Eso significa que a esa edad desaparece toda limitación para ejercer derechos o realizar actividades que son consideradas riesgosas (por ejemplo, manejar un automóvil) o dañinas (por ejemplo, consumir alcohol)”, así como para cumplir obligaciones frente a la sociedad y el Estado, explica a DW Pablo Marshall, profesor del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, que ha investigado sobre “El derecho a sufragio de los menores de edad: capacidad y edad electoral”.

Los 18 años representan, legalmente, la “mayoría de edad”, frente a la que el Estado dejar de actuar “paternalistamente con la finalidad de proteger a los menores de edad de sus propias decisiones o de la influencia perniciosa de terceros”, aclara el jurista chileno.

Votar: ¿derecho o deber?

En lo que respecta a los derechos de participación política, la edad en que son reconocidos en América Latina suele coincidir con la adultez: a los 18 años. Pero esta “es una norma en proceso de cambio”, recuerda Marshall. Y es que esta es la región del mundo en la que más países han rebajado la edad mínima para votar hasta los 16 años: Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador y Nicaragua.

“Para la democracia, la participación política de personas más jóvenes representa una mirada más progresista de la política”, afirma a DW la socióloga brasileña Jayane Maia, investigadora del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo. En su país, el voto joven ha impulsado derechos de las personas LGBTI o derechos femeninos como el aborto, ilustra.

Además, según la encuestadora Data Folha, más del 50 % de los jóvenes brasileños rechaza hoy la política del ultraconservador presidente Jair Bolsonaro, mientras apoyan las medidas de distanciamiento social frente a la pandemia de COVID-19 y se preocupan por la baja percepción de riesgo entre sus coterráneos, menciona la investigadora del GIGA.

En este minuto, “en un país caracterizado por una gran desigualdad social, principalmente los jóvenes más pobres se han quedado sin escuela y sin ingresos para sobrevivir con sus familias; pero están atentos a sus derechos y quieren un país mejor", resume.

En Argentina y Brasil, el voto adolescente (entre los 16 y 17 años) es voluntario, pero a partir de los 18 y hasta los 70 es incluso obligatorio, y su incumplimiento se sanciona, con excepción de las personas analfabetas.

Algo similar sucede en Ecuador, donde el voto es facultativo desde 2009, para adolescentes de entre 16 y 17 años de edad. Allí, los adolescentes representan el 25 % del electorado y su participación se ha mantenido constante, por encima del 60 % en cada elección, señala el diario local El Universo.

Otros países donde, además de un derecho, el voto es obligatorio para los jóvenes mayores de edad y se sanciona su incumplimiento son: Bolivia, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. En Costa Rica, México y República Dominicana, mientras tanto, votar a partir de los 18 años también es considerado un deber, pero no se sanciona su incumplimiento.

Asociarse o postularse a cargos electivos

Comparativamente, el derecho a asociación “es un derecho de contenido muy amplio, se reconoce a los niños/as y adolescentes para organizar sus propias iniciativas e incluso asociarse a partidos políticos”, recuerda a DW el profesor de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile.

El derecho a postularse como candidato, al contrario, es el de acceso más restringido para los jóvenes latinoamericanos. Así, en Chile, por ejemplo, se requieren 21 años cumplidos para ser candidato a diputado, y 35 para senador o presidente. Mientras, los argentinos pueden postularse como diputados con 25 y como senadores o presidente con 30, contrasta Marshall.

En su país, ilustra la socióloga brasileña Jayane Maia, la edad mínima para ejercer cargos públicos varía también: 18 años para concejal, 21 para diputado federal, diputado estadual, alcalde y vicealcalde; 30 para gobernador y vicegobernador, y 35 para presidente, vicepresidente y senador.

Asumir responsabilidad penal 

Por otra parte, la responsabilidad penal completa se adquiere, por regla general, entre los 16 y los 18 años. “Sin embargo, en Latinoamérica se han creado estatutos de responsabilidad penal especiales para adolescentes”, que se aplican a los mismos hechos que en los adultos, aunque con medidas diferentes, explica el jurista chileno.

Así, en Chile, Paraguay, Colombia y Perú la responsabilidad penal adolescente se adquiere a los 14 años. En Brasil, Costa Rica y Ecuador, a los 12. Y en Uruguay a los 13, precisa Marshall. Estas rebajas se justifican, por un lado, con la necesidad de prevenir y sancionar el delito. “Otras veces, y algunas de ellas demandadas por los propios jóvenes, se busca reconocer su capacidad en asuntos para los cuales se los considera competentes”, agrega.

A más deberes y derechos, más participación, ¿o viceversa?

¿Cómo influye esta adquisición de deberes y derechos en la participación de los jóvenes en la vida política de nuestros países? 

“Los jóvenes, menores y mayores de edad, no necesitan un reconocimiento formal para manifestarse políticamente”, opina Marshall. Y aunque considera que es un tema pendiente de estudio, su experiencia vital en Chile apunta a que “los jóvenes, transversalmente, muestran desprecio por las instituciones, a las que ven como corruptas e inauténticas. Tienden a no creer en la representación y desarrollan prácticas de acción directa, como manifestaciones masivas, protestas y tomas, como una forma legítima, auténtica y necesaria de expresión política.” Algo que ha ocurrido recientemente también en Colombia, Perú o Ecuador.

Pero esas formas de acción "no van dirigidas normalmente al reconocimiento de derechos de participación sino al reconocimiento de derechos sociales u otros derechos”, insiste. Particularmente en su país, donde las protestas estudiantiles, feministas y el más reciente estallido social, con un visible protagonismo joven, han sido vitales para los cambios sociales experimentados en los últimos años, observa Marshall, los jóvenes “no creen en la participación electoral, lo que se demuestra con sus bajas tasas de participación, no les interesa ser incluidos en ese ámbito.” ¿Es hora de renovar la democracia?