¿Cómo resolver el problema de las universidades públicas?

El diez de octubre de 2018 será recordado como un punto de inflexión en la lucha por el derecho a la educación en Colombia. Las agencias internacionales estiman que más de medio millón de personas salieron a la calle en diferentes ciudades a defender las universidades públicas, hoy amenazadas por el abandono, la estigmatización y la desidia de los últimos gobiernos. No cabían los estudiantes en la Plaza “Che” de la Universidad Nacional y, como muy pocas veces, tampoco la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, alcanzó a albergar a los miles y miles de manifestantes. En hechos sin precedentes, las marchas estuvieron encabezadas por los rectores de las universidades oficiales, fueron acompañadas por miles de estudiantes de las universidades privadas y, durante el día, grandes grupos de jóvenes limpiaron las consignas que habían pintado previamente pequeños grupitos de estudiantes encapuchados. Sin duda, será un día histórico para la educación colombiana y si bien la gran mayoría de marchantes eran estudiantes, también lo hicieron profesores y ciudadanos que saben que la universidad pública tiene la llave maestra para disminuir la inequidad, fortalecer la movilidad social en el país y generar riqueza social.

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Como muchos otros, agradezco a la vida el haber podido estudiar en la Universidad Nacional de Colombia. Recibí clase de los mejores docentes de la época, lo que me ayudó a desarrollar la pasión por la lectura, el pensamiento crítico, el compromiso social y una perspectiva más diversa y compleja del mundo. Pero son pocos los que tienen ese derecho, porque debido a la asfixia presupuestal en la que la han mantenido, de 75.000 aspirantes para el año 2019, sólo 5.000 fueron admitidos, aunque 14.000 habían aprobado el examen. Algo muy similar sucede en las otras 31 universidades públicas en las diversas regiones del país.

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La humanidad no conoce una mejor manera para salir de la pobreza que la educación. Miles de vidas han sido transformadas por completo gracias a la muy alta calidad que ofrecen la mayoría de las universidades públicas colombianas. Más de la mitad de ellas cuentan con acreditación. Hoy, más de 650.000 jóvenes estudian en sus aulas. El 81% pertenece a los estratos 1, 2 y 3, en un bello ejemplo de integración y diversidad social. Sin educación pública, los estratos más bajos estarían condenados a vivir en las mismas condiciones de pobreza en la que vivieron sus padres. No hay duda: las universidades oficiales han sido el más importante mecanismo de movilidad social en la historia del país.

Rápidamente, el gobierno salió a ofrecer a los manifestantes una adición de 500 mil millones para las 32 universidades públicas para el 2019. Ignacio Mantilla, ex rector de la Universidad Nacional, calificó la medida como un “conejazo”, ya que dichos recursos no serán necesariamente para las universidades públicas y tan solo 55 mil de ellos serán manejados por ellas. El SUE consideró que los recursos ofrecidos tan solo equivalen al 2,8% de la deuda acumulada con las universidades; los representantes de los profes concluyeron que la decisión era una “mentira” y los estudiantes decidieron iniciar un paro indefinido al considerar que la propuesta del gobierno desconocía la magnitud y la raíz del problema. Estos últimos tampoco aceptaron la invitación a dialogar que les cursó el MEN y la condicionaron a la presencia de rectores y profesores. De la marcha salió enormemente fortalecida la alianza tripartita en defensa de la universidad oficial. Posición que también es respaldada por un muy amplio sector de la nación que ve con buenos ojos que se fortalezcan las universidades públicas.

Lo que está en juego en Colombia es cuál es la prioridad que vamos a asumir como nación. Hay un sector que considera que la prioridad debe seguir siendo la guerra. Ellos ya han alcanzado una adición presupuestal de 3,5 billones en el 2019 en defensa y armamento, de manera que supuestamente podamos enfrentar el conflicto armado que ellos mismos están impulsando contra Venezuela. En Colombia, un sector se ha beneficiado política y económicamente de la guerra y quiere seguir nutriéndose, pero ahora en una guerra contra el hermano pueblo venezolano, hoy sumido en una dramática crisis política, social, humana y económica. No quieren reconocer que la guerra es la expresión más primitiva del ser humano y la expresión más clara de que somos incapaces de dialogar y de resolver pacíficamente los problemas que genera la convivencia. Pero no se detienen porque saben que no son sus hijos los que morirán en ella.

Por otro lado, estamos los que creemos que la única opción que tenemos como nación es la de fortalecer la inversión en ciencia y en educación. Los miles y miles de personas que se expresaron en las calles, han dado una respuesta contundente: Se agotó la paciencia para ver que los recursos de la guerra se desplacen hacia la educación. La solicitud es clara y directa: por lo menos 1 billón de dichos recursos deberá destinarse para 2019 a las universidades oficiales. En términos coloquiales, compartimos la tesis de Tola y Maruja cuando dicen que esperan que los recursos de la guerra “se destinen a la educación pública, pero para bombardear la ignorancia”.

Sin embargo, el problema es más complejo. Estamos ante una crisis estructural que se fue gestando en las finanzas de las universidades públicas desde 1992 y no la vamos a resolver con giros adicionales. Así sean mayores. La pregunta esencial es cómo vamos a afrontar el derecho a la educación de las nuevas generaciones. Para ello, es indispensable un cambio orgánico a la ley que define las transferencias del Estado hacia las universidades oficiales. Sin modificar la Ley 30 de 1992, no es posible salir de la crisis financiera estructural de las universidades oficiales.

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La nación tiene que recurrir a nuevas fuentes de financiamiento de la educación provenientes de regalías, nuevos tributos y gravámenes, recursos que antes se destinaban a la guerra y de diversas y creativas estrategias de financiamiento. En la práctica, hay que hacer una inversión masiva para cualificar la dotación de las universidades oficiales y ponerlas tecnológicamente a la altura de la calidad que ofrecen; algo muy similar a lo que hizo Ecuador en la década anterior y a lo que unos años atrás hicimos nosotros para enfrentar la guerra interna. En Colombia se buscaron nuevos recursos para avanzar en la lucha contra las guerrillas y, para lograrlo, se crearon impuestos excepcionales. En educación tendremos que hacer algo similar. Pero para ello es indispensable un acuerdo que exprese un amplio respaldo político: Un Acuerdo Nacional por la Educación. Éste debe involucrar a las más diversas fuerzas sociales, políticas y económicas de la nación.

Como hemos señalado y recomendado académicos y científicos en otro momento, la nación necesita un Consejo Nacional en educación y otro en ciencia para garantizar la política pública de Estado de la cual hemos carecido. Esa es una condición sine qua non para que las soluciones no sean espejismos con claros intereses políticos, sino que se recurra a medidas estructurales, de largo plazo, pensando en los intereses de las nuevas generaciones y no de las próximas elecciones.

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Las universidades públicas no pueden seguir mendigando o regateando sus recursos, ni deben tener que recurrir a mecanismos coyunturales para evitar que sus edificios se caigan. Como nación tendremos que asumir una financiación suficiente, acompañada de reformas administrativas y pedagógicas en su interior. No tiene ningún sentido que una universidad como la Nacional tenga más administrativos que docentes (3.000 frente a 2.993, respectivamente). Se requiere mirar con mucho más cuidado el decreto 1279 y los impactos que ha causado en la calidad de la educación, para determinar qué ajustes hay que hacer en el sistema de pago de los docentes.

La grave crisis financiera debe verse como una oportunidad para resolver de manera general los diversos problemas de las universidades públicas. Será la oportunidad para sanear estructuralmente sus finanzas, para reestructurar su administración y para repensar sus lineamientos pedagógicos. Al respecto de esto último, hay que señalar que son diversas las estrategias que se están estudiando en algunas universidades oficiales para repensar sus sistemas de evaluación, currículos y los modelos pedagógicos que las orientan.

Hay que intentar convertir la adversidad en una oportunidad para impulsar el desarrollo. Es claro que, si fortalecemos las universidades públicas con recursos, buena administración e innovación pedagógica, estaremos consolidando el tejido social, formaremos mejores ciudadanos, e impulsaremos el crecimiento económico, la creatividad, la ciencia, la investigación nacional, la equidad y la democracia. De esa manera, ayudaremos a resolver los problemas del país, a disminuir la iniquidad y a favorecer la movilidad social.

Como puede verse, lo que está en juego no es solamente el estudio de los jóvenes, sino el tipo de sociedad que estamos construyendo y el desarrollo nacional que alcanzaremos. Es por eso que miles y miles de personas salieron a la calle el 10 de octubre de 2018. Es condición de la democracia escuchar la voz del pueblo. Ojalá el gobierno le cumpla a la democracia en Colombia.

^{*Director Instituto Alberto Merani}