En las universidades oficiales no son bienvenidas ni las pedreas ni la fuerza pública

En los últimos dos años, 204 líderes sociales han sido asesinados en el país. La mayoría de ellos en las regiones en las que históricamente actuaban las Farc. Una vez los guerrilleros entregaron sus armas y se retiraron de la zona, la fuerza pública no llegó a proteger a la población y bandas de neoparamilitares, asociadas con narcotraficantes, han entrado a imponer su ley.

Sin duda, esta es una tragedia de dimensiones gigantescas, no atendida ni por el Estado, ni por la sociedad. Estamos ante lo que podría ser un escenario similar al que condujo al exterminio de la Unión Patriótica en los años noventa, cuando se intentó infructuosamente la transición de las FARC a la vida civil. El temor es que un proceso similar esté en marcha. Ante ello, la respuesta del Estado ha sido en extremo irresponsable. Desconociendo la gravedad de los hechos, el propio ministro de defensa se ha referido a posibles “líos de faldas” que estarían detrás de los asesinatos. Es indignante que lleguemos a tal grado de insensibilidad, que no veamos lo que una afirmación como ésta implica para la sociedad, para las víctimas y para los victimarios.

La protesta del 6 de marzo de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) tenía como fin el denunciar el asesinato de los líderes sociales en Colombia. Sin duda un motivo justificable, ya que la sociedad tiene que movilizarse cuando cualquier ciudadano es asesinado. Más aún cuando, como al parecer ocurre, se lleva a cabo un plan sistemático y relativamente organizado para desaparecer líderes sociales. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Responden los asesinatos a un plan nacional o regional? Estas son preguntas todavía sin resolver.

Sin embargo, la forma que eligen estudiantes aislados para expresar su rechazo es a todas luces reprochable. Recurrir a las piedras y las bombas caseras es agresivo, peligroso y contrario al sentido y la naturaleza de una universidad. Quien participe a nivel individual en actos de agresión a la fuerza pública debe ser judicializado. Es por ello que la propia comunidad universitaria debe impedir que eso pase en un lugar creado precisamente para fortalecer la conciencia crítica, la libertad y la autonomía.

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La protesta de los estudiantes de la UPN de la semana pasada terminó en tragedia, cuando a un grupo de los implicados se les explotó la bomba casera que fabricaban. Al parecer, un joven perderá un brazo, otro mutiló dos dedos de su mano y hay riesgo de pérdida de la visión para un tercero. Las redes fueron inundadas con la imagen de un estudiante, quien, desde la terraza, al parecer lanza papas bombas con una “bazuca” hecha con un tubo de pvc.

Lo primero que hay que aclarar es que, en una universidad con más de 10.000 estudiantes, no suelen ser más de 20 ó 25 jóvenes quienes participan en las pedreas. En el propio video de la discordia se observa a un solo estudiante utilizando el aparente “lanza bombas casero”. Esto significa que estamos hablando de un pequeño grupo de estudiantes aislados. El rechazo de los estudiantes a las actividades vandálicas es generalizado en todas las universidades oficiales. Sin excepción. Así ha sido por décadas.

Lo segundo que hay que tener presente es que las universidades en el mundo son autónomas, lo que quiere decir que se autogobiernan y que están en capacidad de elegir sus propias autoridades sin injerencia de los poderes externos, decidiendo sus propios estatutos, su administración y sus programas de estudio. La autonomía universitaria es un antiguo principio que rige las universidades europeas desde el siglo XIII. En América Latina las luchas por la autonomía universitaria están cumpliendo un siglo, desde que se convirtieron en ley con el impulso que le dio el movimiento estudiantil en 1918 en Córdoba (Argentina). Desde entonces también es ley que la fuerza pública no puede ingresar a un campus universitario sin la autorización de sus directivas.

La justificación de la autonomía es evidente: evitar la injerencia de los poderes políticos, económicos y religiosos en la vida universitaria. Se trata de proteger las universidades de la influencia política, que podría echar al traste con las funciones esenciales de la universidad: formar mejores ciudadanos, científicos, artistas e investigadores. La autonomía está en la esencia de la vida universitaria, porque gracias a ella, en su interior, se fortalecen las voces críticas, reflexivas e independientes. Si el fin último de la educación es la autonomía, como sostiene Kant, sería un contrasentido que fuera violado en las propias instituciones educativas. Por ello, solo las dictaduras la han desconocido.

Lo tercero que hay que resaltar es que, paradójicamente, el efecto que generan estas protestas es contrario al que buscan. Debido a ellas se aumenta la estigmatización de la universidad oficiales, se cierran sus aulas, se resquebraja la relación entre la universidad y la sociedad, se refuerzan las voces que piden la intervención militar, mientras que el tema denunciado, la mayoría de las veces, ni siquiera se menciona.

Ante los violentos hechos presentados en la UPN, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, amenazó con que en la siguiente oportunidad ingresará a la universidad con la fuerza pública a detener a quienes participen en las manifestaciones violentas. Su propuesta es equivocada e impertinente, ya que viola la autonomía universitaria, algo que hemos logrado mantener durante décadas en el país y durante siglos en el mundo. La presencia de la fuerza pública no puede aceptarse si no es solicitada directamente por el rector y el Consejo Superior de la universidad.

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Los efectos de la prolongada guerra que hemos vivido son más largos y perversos de lo que solemos creer. Ha causado estragos en la cultura y en la estructura ética de la sociedad. Las universidades no son ajenas, pero no son las causantes del problema. Es lamentable que, en pleno siglo XXI, los estudiantes colombianos lancen a la sociedad piedras en lugar de ideas. Sin duda, toda la comunidad universitaria debe rechazar e intervenir para que ningún acto de violencia se presente en sus instalaciones. Es algo propio de su naturaleza y misión educativa.

Aun así, la solución a los problemas sociales no está en reforzar la policía e invadir con la fuerza pública los campos universitarios, sino en fortalecer la educación para impulsar el cambio cultural que con urgencia requiere el país. Si invertimos más en educación y ciencia, los jóvenes, en lugar de piedras, lanzarían preguntas, argumentos e investigaciones. Esa es la única solución estructural y a largo plazo. Esa es la intervención que hoy requieren las universidades: académica, pedagógica y financiera, para que se garanticen la calidad y el derecho a la educación.

Es necesario censurar a los jóvenes que, de manera agresiva e irresponsable, se enfrentan a piedra a la policía. Hay que judicializarlos a nivel individual, pero también hay que cuestionar al alcalde cuando pretende resolver a bolillo un problema de naturaleza social y cultural y cuando, de hecho, desconoce la autonomía universitaria.

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Lo que necesitamos es que la propia comunidad encuentre las maneras de resolver los problemas que se generan en el interior de las universidades. Lo lógico es que sean las directivas, los profesores y estudiantes quienes de manera activa aíslen a los estudiantes que se involucran en estos procesos que degradan la acción política. Ellos los conocen y saben quiénes son. Hay que empoderar nuevos liderazgos estudiantiles para que ayuden a orientar un trabajo conjunto que permita la superación de estos problemas. Hay que debatir y argumentar en las universidades sobre cómo vamos a ayudar a interpretar y a resolver los problemas nacionales; y hay que garantizar que en las universidades circulen ideas creativas y argumentos, en lugar de piedras y enfrentamientos con la fuerza pública. Hay que invitar a debates y votaciones internas en las que se evidencie el enorme aislamiento en el que están los extremistas.

No tiene sentido que ahora que el país debería estar preparándose para construir la paz, convirtamos las universidades en nuevos campos de combate. Eso no lo puede permitir la sociedad.

La juventud es sinónimo de rebeldía y esperanza. Bienvenida su voz crítica y reflexiva, siempre y cuando se sigan las reglas del debate argumentado, el respeto al otro, la integridad de quienes participan y el análisis de sus ideas y no de las personas que los defienden. La universidad cumple un papel insustituible para pensar de manera crítica e independiente la manera de interpretar y resolver los problemas de la sociedad. Hay que garantizar que lo pueda seguir haciendo.
Si el alcalde no echa marcha atrás en su declaración, los jóvenes tendrán que salir en defensa de una de las más grandes conquistas de la educación: la autonomía universitaria. Pero si la comunidad interna no es capaz de impedir la violencia, el Consejo Superior y el rector tendrán que permitir la intervención de la fuerza pública. Por ello, ni las pedreas ni la fuerza pública son bienvenidas en la universidad. Hoy es necesario fortalecer los sistemas y mecanismos de autocontrol y de control social en las universidades. Directivas, profesores y estudiantes deben ejercer su voz. Sus ideas son garantía para consolidar el espíritu universitario y el desarrollo nacional, ambos hoy amenazados por ideas autoritarias.