"Hacemos un llamado a retomar actividades": la carta de la Universidad Nacional a sus estudiantes

La Universidad Nacional y sus estudiantes llevan meses adelantando diálogos con medios de comunicación y entes del Estado para mirar con detenimiento la desfinanciación que aqueja a las Instituciones de Educación Superior. Tan solo a la Nacional le hacen falta cerca de 68.000 millones de pesos para cerrar este año. La situación de las otras universidades públicas es similar a esta.

Pese a los esfuerzos por hacerse escuchar, todavía no hay un punto de encuentro entre ellos y el Gobierno: los 18.2 billones de pesos para saldar el déficit de funcionamiento e inversión de todos los centros de pensamiento, entre otras peticiones, no logran un punto de encuentro con el presidente Duque.

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Por ello y luego de las marchas estudiantiles del 10 y 17 de octubre, 15 de las 32 universidades públicas se encuentran en paro, entre ellas los de la Nacional. Sus estudiantes se reúnen actualmente en asambleas para continuar con el debate sobre cuál debería ser el siguiente paso, y algunos de ellos acampan actualmente en la Plaza de Bolívar como forma de protesta.

Frente a estas acciones, los directivos de la Nacional se pronunciaron públicamente para enviar un mensaje conciliador a sus estudiantes:

La Rectora, Vicerrectores y Directores de Sede de la Universidad Nacional de Colombia, reiteramos el compromiso que hemos asumido para avanzar en un diálogo propositivo con los diferentes sectores de la sociedad, el Estado y el actual gobierno nacional, en procura de encontrar vías que permitan el fortalecimiento de la educación superior pública como una política de Estado, capaz de garantizar el derecho de miles de jóvenes que sueñan con construir una mejor sociedad desde la cultura, el conocimiento y la creatividad.

En ese sentido, exaltamos el rol de la comunidad universitaria liderada por estudiantes, profesores y administrativos, que, con claridad y comportamiento ejemplar, aportan a que la compleja situación de la universidad pública ocupe un espacio en la agenda nacional.

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La situación financiera de las universidades del estado, documentada en numerosos estudios del Sistema Universitario Estatal (SUE) y de la Universidad, corresponde a un acumulado histórico y estructural, que requiere hoy ser atendida de manera integral y con prioridad por parte del Estado.

Al respecto, la rectoría ha presentado un documento de conceptos y propuestas, (por una Política de Estado para las universidades públicas colombianas) como instrumento del diálogo que, desde el pasado mes de mayo, y de manera continua y cotidiana, el equipo directivo ha venido adelantando con Ministerios de Educación y de Hacienda, Comisiones legislativas de Cámara y Senado, medios de comunicación y sectores académicos.

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Entre otras acciones adelantadas tanto por los rectores del SUE como por el equipo directivo de Universidad, cabe señalar: la solicitud al Ministerio de Hacienda para asignar recursos adicionales que permitan el cierre financiero del presente año, la solicitud a los Ministerios de Hacienda y de Educación que reglamente la distribución y destinación directa a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas de los recursos del artículo 142 de la Ley 1819 de 2016, la exhortación al legislativo para modificar los artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 en el sentido de garantizar un crecimiento real de mínimo 4 puntos porcentuales adicionales al IPC, y la invitación al Estado y a los actores del sistema de educación en su conjunto para que el país adelante un consenso alrededor de una Política de Estado en educación del que se derive un modelo de financiación sostenible, que entre otros aspectos, garantice recursos adicionales para el cierre de brechas que mejore la participación del gasto en educación superior con relación al PIB. El equipo de rectoría asume la tarea de mantener informada a la comunidad sobre las acciones y resultados de las gestiones que se adelanten alrededor de esta problemática.

Sin embargo, las medidas de hecho tomadas en algunas sedes y facultades, orientadas a impedir el desarrollo de las actividades misionales y administrativas, son contrarias al espíritu de los diálogos propositivos que se adelantan, afectando la integridad e imagen institucional.

Algunas consideraciones incluyen: la necesaria afectación del calendario académico para finalizar las actividades del 2018 y su efecto sobre el calendario del 2019; la suspensión que deberá realizarse en concordancia con la ley de los contratos de docentes ocasionales; el incumplimiento de los compromisos adquiridos con estudiantes internacionales y las implicaciones para los intercambios estudiantiles recíprocos; los sobrecostos para estudiantes de provincia; los riesgos jurídicos por incumplimiento de contratos y proyectos de investigación y extensión acarreando graves lesiones presupuestales y de confianza para los grupos de trabajo y la institución; el riesgo de investigaciones y seres vivos implicados en ellos a quienes no se les puede proteger adecuadamente (animales de producción e investigación); etc.

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Como responsables de la Universidad y de los diversos campus de la institución estamos obligados a garantizar la seguridad de las personas y de la infraestructura física y el cumplimiento de la misión de la Universidad, por ello no podremos permitir actos de vandalismo, invasión, uso inadecuado de las instalaciones o violencia contra las personas. Por lo tanto, hacemos un llamado a la comunidad académica a retomar las actividades académicas y administrativas que permitan el normal funcionamiento de la Universidad sin perder nuestro compromiso de defensa de la Educación Pública.