La guerra abierta contra la educación pública

“Un país que destruye la escuela pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la educación, las artes o las culturas está ya gobernado por aquellos que sólo tienen algo que perder con la difusión del saber”. Con estas palabras, la filósofa italiana Gabriella Giudici caracteriza la guerra que, de tiempo atrás, se libra en algunos países del mundo contra la educación pública.

En Estados Unidos esta batalla va contra todo el legado de Obama en materia social. Recientemente echaron para atrás sus logros en salud y ahora van por el derecho a la educación. Para lograrlo, Donald Trump nombró como secretaria de la cartera educativa a Betsy Devos, quien afirma que la educación pública es "un sistema hermético, una industria resistente al cambio, un mercado cerrado […] un monopolio, un callejón sin salida". Por ello, propone tomar los recursos que se destinan a este fin y trasladarlos a entidades religiosas y con ánimo de lucro para la prestación del servicio.

En Colombia no hemos llegado tan lejos, aunque vamos en la misma dirección. Una y otra vez se dice que las universidades públicas son centros de formación de guerrilleros y desadaptados. Aunque a quienes quieren descalificarlas los contradicen los resultados en SABER Pro, en las evaluaciones internacionales y los estudios de valor agregado y en investigación, ellos no paran de reiterar que son costosas, de baja calidad y que sus profesores ganan demasiado y trabajan poco. La educación pública está sujeta a una guerra mediática de desprestigio y a una guerra económica que la estrangula financieramente.

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Recientemente, Rodrigo Lloreda, ex ministro de Educación, declaraba que “el deber del Estado no es sostener universidades sino garantizarles a los colombianos, en razón al mérito, acceso a la mejor educación oficial o privada”. Al decirlo, desconoce que la educación es un derecho y que el deber del Estado es garantizarlo no sólo a los que tienen “más mérito”. Como puede verse, algunos ven la educación como un servicio o una mercancía. Por el contrario, en las democracias verdaderas, la educación es un derecho que el Estado debe garantizar.

El problema financiero de las universidades públicas es estructural y creciente porque sus ingresos crecen a un ritmo menor que sus gastos. Esto es así porque la Ley 30 de 1992 estableció transferencias anuales incrementadas con bases en el IPC, en tanto sus gastos lo hacen a un ritmo superior: los estudiantes se multiplican, los docentes tienen cada vez más títulos e investigaciones y la población en posgrados viene en aumento. La Nacional, por ejemplo, tiene un 18 % de estudiantes en maestría, lo que cuesta, en promedio, tres veces más que un joven matriculado en pregrado. También tiene el 91 % de sus profesores con maestría y doctorado, lo que le genera pagos mayores por su salario.

En el 2012 se trató de incluir como política de Estado el ánimo de lucro en la educación superior colombiana, supuestamente para mejorar cobertura y calidad. La MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) la derrotó en las calles. ¿Se quedará quieta ahora que retorna la privatización disfrazada con el programa Ser Pilo?

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El programa SPP es la expresión en Colombia del subsidio a la demanda creado por Milton Friedman como estrategia para pasar el sistema educativo a manos privadas. Aun así, somos el único país del mundo en el que la cofinanciación en los programas de subsidio a la demanda es nula. Es decir, el Estado paga el 100 % del valor de la matrícula de los “pilos” y las universidades más costosas apenas asumen unos pocos almuerzos. En este contexto, de los recursos públicos, el 98 % en el 2015 y el 94 % en 2016 y 2017, han ido a parar a manos de las instituciones de educación superior más costosas para atender a los 30.500 “pilos” seleccionados hasta el momento.

A esto hay que añadir que los recursos del impuesto a la renta para la equidad, conocidos como CREE, y los dineros recaudados en la reciente reforma tributaria adquiridos con el incremento en el IVA se están destinando a financiar el programa SPP, el cual el gobierno quiere convertir en política pública. Si se hace sin reestructuración, cerca de un billón de pesos del Estado se comenzarán a trasladar anualmente, a partir de 2018, hacia las universidades privadas más costosas del país.

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Lo que está en juego no es un programa particular, sino la manera como el país garantizará el derecho a la educación de las próximas generaciones. En Chile, Bachelet se comprometió a la gratuidad en la educación universitaria para el 50 % de los jóvenes de familias de menores recursos. Ahora que ya lo cumplió, va por el 60 % en el 2018. En Argentina, la educación superior pública es gratuita desde hace tiempo. En Colombia hemos armado la más grande campaña publicitaria para un pequeño y costoso programa que atiende al 2 % de los graduados anualmente de la educación media.

Con muy pocas excepciones, la mejor educación en el mundo la tienen los colegios y universidades públicas. Pública es la educación de los países que acaparan los mejores resultados en las pruebas PISA como Finlandia, China, Canadá o Corea. Los países del norte de Europa saben que una educación pública de calidad es la mejor inversión posible para consolidar la democracia y el desarrollo de una sociedad.

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De otro lado, y como todos hemos visto nuevamente en días recientes, en múltiples ocasiones Fecode ha salido a las calles para protestar por las pésimas condiciones salariales y de salud del magisterio. Tienen toda la razón. El trabajo educativo es agotador física y emocionalmente y las condiciones laborales siguen siendo muy precarias para compensar el esfuerzo. Por eso, el país y la sociedad entera deben apoyar su lucha, sin reservas. Sin embargo, pocas veces los docentes han salido a la calle en defensa de las transformaciones pedagógicas y curriculares necesarias que nos conduzcan a mejoras en la calidad. Pocas veces han reconocido la necesidad de replantear por completo los programas de formación inicial y permanente de los docentes para que, por fin, logremos transformar las prácticas pedagógicas. Muchos extrañamos el liderazgo que tuvo este sindicato en el Movimiento Pedagógico de los años noventa, el cual se diluyó por completo en las últimas dos décadas. Ahora la lucha por la reivindicación gremial, profundamente justa, pero es sólo una parte del problema.

¿Qué futuro le espera a un país si en el Ministerio de Educación Nacional (MEN) comienza a tomar fuerza la tesis de que es mejor debilitar la educación pública y desplazar los escasos recursos hacia subsidios en las universidades privadas? ¿Qué futuro nos depara como sociedad si el movimiento sindical del magisterio levanta exclusivamente sus reivindicaciones gremiales, dejando de lado los aspectos propiamente pedagógicos? ¿Qué perderían quienes hoy gobiernan si las nuevas generaciones alcanzaran la tolerancia, lectura y el pensamiento crítico, gracias a que fueron formados en una educación pública robusta y de muy alta calidad?

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La educación pública mejoraría significativamente si los principales dirigentes del MEN, de las Secretarías de Educación y de Fecode matricularan a sus hijos en las instituciones de educación oficial, algo que la gran mayoría actualmente no hace. Ese día, todos ellos trabajarían conjuntamente para garantizar recursos, calidad e innovación para la educación pública. Como esto no se está logrando, tendremos que construir, entre todos, un amplio movimiento social y cívico en defensa de una educación pública de muy alta calidad.

*Director del Instituto Alberto Merani y Consultor en educación de las Naciones Unidas.
Twitter: @juliandezubiria

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