JULIÁN DE ZUBIRÍA SAMPER
La educación seguirá en el centro del debate en 2019
El profesor Julián De Zubiría analiza los temas educativos que seguramente sean debatidos en 2019. Invita a la nación a pasar de la discusión sobre las finanzas al debate sobre el tipo de educación que les deberíamos dar a niños y jóvenes y a la reflexión sobre la revolución pedagógica pendiente en Colombia.
Durante todo el 2018 la educación estuvo a la orden del día. Gracias a las diez movilizaciones de estudiantes y al histórico acuerdo celebrado con el gobierno, el tema estuvo presente en las redes, los editoriales, las columnas y las entrevistas de los principales diarios, revistas y noticieros. En el 2018 el personaje del año en Colombia fue el movimiento estudiantil que organizó gigantescas y pacíficas movilizaciones. Se ganaron el corazón de los colombianos ya que su causa fue justa y porque la supieron defender con argumentos. En el 2019 la educación volverá a ocupar un lugar de privilegio en el debate público. De eso se encargarán los estudiantes, FECODE y el propio gobierno nacional.
Siguiendo el ejemplo de los estudiantes chilenos, los colombianos definiremos en un referendo si la educación superior debe ser considerada como un derecho fundamental y ser atendida por el Estado de manera gratuita y universal. Esta es una idea muy ambiciosa y por ello demandaría un enorme esfuerzo fiscal en caso de ser aceptada. En 2017, Chile estableció el derecho a la educación superior. En consecuencia, decretó gratuidad y universalidad. Sin embargo, en el país austral ya había sido derecho hasta 1981, cuando el general Pinochet decidió entregarle el sistema educativo por completo al sector privado.
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Hay poca discusión sobre la conveniencia de considerar la educación como un derecho fundamental, pero mucha sobre la viabilidad, ya que es una decisión en extremo costosa; en particular, si se tiene en cuenta que el 50% de los ingresos de las universidades oficiales colombianas proviene actualmente de la venta de servicios y del cobro de matrículas. Hoy, en el país, el 52% de los jóvenes recibe educación superior. Podemos y debemos pensar en elevar gradualmente esta cifra, particularmente en los sectores de menores ingresos. Para el estrato 1, en Colombia, tan solo el 10% de los jóvenes llega a educación superior. Allí hay que focalizar los esfuerzos, entre otras, porque termina siendo altamente regresivo en un contexto de recursos escasos otorgarles gratuidad a los estratos 4, 5 y 6 que accedan a la educación pública. De todas maneras, no hay que olvidar que en Colombia una cosa es lo que establece la ley y otra lo que sucede en la realidad. En educación inicial, por ejemplo, la Ley General de 1994 estableció tres años de educación para todos los niños. Hoy, 25 años después, sigue siendo letra muerta, ya que tan solo el 80% alcanza un año de educación inicial. Seguimos en deuda con los menores del país para garantizarles la educación establecida en la ley, la cual es esencial para su desarrollo futuro. Gobernar es elegir y ésta sigue siendo la prioridad. No sólo legal, sino, principalmente, ética y política.
Lo segundo que agitará el año educativo es que hay algunos sectores de estudiantes que consideran que se hubiera podido alcanzar más en la negociación con el gobierno. En general, están equivocados. El acuerdo logrado es histórico. Si se suman todos los rubros, se alcanzaron 5,85 billones adicionales para la educación. Entre estos, se destacan los recursos para Colciencias que para 2017 tan solo habían llegado a representar un 50% de lo invertido en 2012. Así mismo, más de 1,3 billones van a la base presupuestal. En consecuencia, habrá un punto de inflexión en la historia de las finanzas de la educación superior y se revertirá la caída en sus recursos que venían teniendo las universidades oficiales durante los últimos 25 años.
El movimiento estudiantil tendrá que estar muy pendiente de que el gobierno cumpla con la palabra empeñada y tramite en el congreso los nuevos recursos para la educación superior, continúe la mesa técnica sobre la reestructuración del ICETEX y los docentes ocasionales, y dé todo el respaldo legal al acuerdo alcanzado. Es esencial que se presente una ley de modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, para que lo acordado no dependa de la voluntad del gobernante de turno. Hay condiciones políticas para ello, ya que un sector amplio de parlamentarios respaldó las causas que se argumentaron en las movilizaciones estudiantiles. Todos seremos vigías y garantes de que se cumpla lo acordado. No sólo los estudiantes, ya que ellos no son los beneficiados; lo es el país y el desarrollo nacional.
El gobierno también agitará el tema porque presentará el Plan de Desarrollo y aspira llegar a un Acuerdo sobre educación y el desarrollo nacional con las diversas fuerzas sociales. Tarea casi imposible en un país tan polarizado si no se cuenta con enorme liderazgo y establece compromisos serios ante la población. Aun así, mostró temprano sus cartas y lanzó el programa Generación E de manera apresurada y con menos revisión de la necesaria. Mejora frente a las lesivas condiciones que le impusieron las universidades privadas al gobierno anterior. El gobierno de Santos pagó el 100% de las matrículas en las universidades privadas más costosas en el programa Ser Pilo Paga. De esta manera, 4 billones de pesos, que deberían haber fortalecido la educación oficial, terminaron beneficiando tan solo a 39.000 estudiantes y a las diez universidades privadas más costosas e importantes del país.
Generación E tiene otros aspectos positivos como la búsqueda de la gratuidad. A pesar de ello, hay que garantizar que en el Plan de Desarrollo mejoremos significativamente este programa, de manera que todos los seleccionados vayan a las universidades públicas, que la gratuidad se concentre en los estratos 1 y 2, que comience en las universidades públicas regionales y que dejemos de apoyar individuos para orientar los recursos financieros e institucionales a las universidades comprometidas con la calidad en las regiones.
De otro lado, FECODE tiene convocado un paro nacional para marzo. Se trata de exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno anterior en materia de salud, nivelación salarial, primas extralegales y cobertura en educación inicial. Para ello se requiere elevar los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales han venido cayendo en el país. En eso tienen la razón ya que, contrario a lo que escuchamos tantas veces por intermedio de delegados del anterior gobierno, Colombia no ha aumentado su inversión en educación. El dato es muy sencillo y claro: en 2018 invertimos el 4,2 del PIB, cifra idéntica a la que invertíamos veinte años atrás.
Así mismo, el paro busca bloquear cualquier intento de evaluación por competencias que esté pensando el nuevo gobierno. En eso, el interés gremial de FECODE riñe con los esfuerzos que como nación tenemos que hacer para mejorar la calidad de la educación.
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Como puede verse, el gobierno, FECODE y el movimiento estudiantil hablan de educación, pero no de pedagogía; se refieren al derecho a educarse, pero no al derecho a recibir una educación de calidad. Ninguno de ellos está abordando propiamente los temas pedagógicos. Ninguno se refiere a los gravísimos problemas que presenta el país a nivel curricular, institucional o al modelo pedagógico centrado en la fragmentación y la descontextualización. Ninguno habla de los gravísimos problemas que presenta la formación de docentes en Colombia. Ninguno está pensando en una estructura por ciclos que supere la fragmentación por grados que hoy mantenemos vigente en la educación básica.
A nivel curricular, tenemos en Colombia una “colcha de retazos”. Conviven lineamientos, que van por un lado, estándares, que van por otro, y Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), por uno adicional. Este último es uno de los mayores retrocesos en la conceptualización pedagógica en Colombia en las últimas décadas. Sinceramente, deberíamos abandonarlos, porque retrocedimos en lugar de avanzar. Lo anterior explica por qué todavía hoy en el país domina un currículo fragmentado, descontextualizado y muy impertinente. Lo que se enseña no es lo que necesitan saber los niños o jóvenes, ni lo que requieren las regiones, ni lo que corresponde a las competencias del siglo XXI. Currículos y modelos tradicionales para mediar y evaluar siguen siendo ampliamente dominantes en los colegios y universidades del país.
En este contexto, mi invitación es a pasar del debate educativo al pedagógico. Debería ser más claro que los problemas del currículo, la evaluación, el modelo pedagógico y la formación de docentes en colegios y universidades no se resuelven con plata, sino con medidas tomadas a partir de reflexiones e investigaciones que cuenten con amplia participación de docentes, pedagogos e investigadores.
Acompañé a los jóvenes en todas sus movilizaciones. Comparto con ellos y con los maestros la necesidad de luchar por ampliar los recursos para la educación, pero ahora que hemos logrado un acuerdo y que lo estamos ratificando en las regiones, mi invitación a los jóvenes, al gobierno y a FECODE es a que pensemos en serio en la revolución pedagógica que les debemos a las nuevas generaciones de colombianos. Una tarea que nos debería involucrar y comprometer a todos, pero de la que casi ninguno habla.
(*) Director del Instituto Alberto Merani y Consultor en educación (@juliandezubiria)
