Salvar el pacto por la educación

Culminó la primera vuelta y el candidato con mayor posibilidad de liderar la anhelada transformación educativa no alcanzó a llegar a la segunda. Sus cerca de 4,6 millones de votos son una muestra de la fuerza que comienza a tomar la esperanza en un país que lleva décadas de convivencia con la cultura del “vivo”, la cizaña y la desconfianza.

Sergio Fajardo, en campaña, levantó algunas de las ideas más importantes para enfrentar los graves problemas de la educación en nuestro país: fortalecer la educación inicial, aumentar en un 50% los recursos del sector, cerrar las enormes brechas entre la educación urbana y la rural, y trabajar la ética, la cultura de paz y la formación de mejores ciudadanos. Son propuestas indispensables si queremos salir del subdesarrollo.

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El país perdió la oportunidad de elegir a alguien que trabaje para enfrentar los problemas generados por la cultura mafiosa que hemos heredado de la guerra y el narcotráfico, y que priorice la educación como motor del desarrollo. Aun así, quien llegue a la presidencia tendrá que llevar a cabo una de sus propuestas de campaña. Se trata de garantizar un gran pacto para que de manera conjunta el país nacional y el país político se comprometan en la construcción de una política pública educativa de largo aliento en Colombia, que retome los desafíos establecidos en el Plan Decenal de educación 2017-2026. Se trata de aumentar la inversión en ciencia y de comprometer los esfuerzos de todo el país en torno al derecho y la calidad de la educación que reciben hasta hoy diez millones de niños y jóvenes en Colombia.

Paradójicamente, la propuesta política que tuvo más votos en Colombia fue la que presentó el programa educativo de menor nivel de elaboración, sustentación y desarrollo. Fue la única que no elaboró un diagnóstico del sector, una síntesis de las variables involucradas, ni un análisis del estado del derecho y de la calidad en cada uno de los niveles del sistema educativo. Elaboró un listado de acciones sueltas pensadas al fragor de la campaña y carentes de sustentación. No hay duda, Iván Duque, no ha estudiado el tema educativo. Por el contrario, tomaron fuerza a nivel directivo de la campaña, sectores de fanáticos religiosos que desconocen la diversidad de las familias actuales y que presionan por retroceder en derechos, garantías y libertades.  

Al triunfar en la campaña, en su primera declaración pública, el candidato Duque informó que volveríamos a las clases de cívica y urbanidad, como si una medida tan simplista fuera la solución al problema generado por una cultura mafiosa que convenció a una parte del país de que “sin tetas no hay paraíso” y que “todo vale” si de lo que se trata es de alcanzar los fines.

Hay que desconocer mucho de educación para creer que los problemas éticos se disminuyen con cátedras aisladas y que los embarazos de niñas se eliminan poniéndolas a trabajar.  De la misma manera, y en un acto de irresponsabilidad pocas veces visto, en campaña incorporó la tesis de Alejandro Ordóñez: “Menos condones y más valores”, una consigna que no es propia de un estadista y que podría generar muy graves consecuencias en enfermedades de transmisión sexual y en las ya altas tasas de embarazo juvenil.

A cualquier demócrata debe producirle enorme miedo que personajes que días atrás invitaban a la quema de libros, pueden convertirse, de la noche a la mañana, en nuevos ministros de educación o que extremistas religiosos asuman el ministerio de la familia o el de justicia, y que, en políticas de justicia, cultura y familia, retornemos a soluciones de siglos pasados a problemas del siglo XXI. Es lo contrario a la fuerza de la esperanza. No hay que olvidar el dicho popular: “Cuando el pasado te llame, no lo atiendas… no tiene nada nuevo para decirte”.

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En Colombia, un grupo cada vez mayor de niños y jóvenes llega a la escuela. No hay duda de que hemos avanzado al respecto. Sin embargo, en calidad prácticamente estamos en el mismo nivel que alcanzamos en el año 2000. Los niños siguen sin aprehender a pensar, leer críticamente y convivir. La explicación es muy sencilla: Desde el año 2000 no se ha realizado ninguna reforma importante que toque los factores esenciales asociados a la calidad de la educación.

Hemos tenido una clase política miope para entender el decisivo papel de la ciencia y de la educación en el desarrollo. Por ello, no invierte, ni se la ha jugado por la educación ni por la ciencia. A pesar de que acabamos de ser admitidos en la OCDE, la inversión en ciencia para el 2018 apenas alcanza el 0,26%, una de las más bajas del mundo; y Colciencias, la entidad impulsora de la investigación, ha tenido ocho directores en los últimos ocho años. Las cifras hablan solas.

Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002 – 2010) el problema fue muchísimo más grave ya que es el periodo en el que más aumentaron las desigualdades entre los colegios privados de élite y los colegios públicos, particularmente los rurales. Dicho de otra manera, durante sus dos gobiernos, la educación cumplió el papel contrario que debería cumplir: En lugar de disminuir las inequidades, el sistema educativo agravó, año a año, las inequidades sociales, como puede verse comparando los resultados obtenidos por los estudiantes de los colegios privados y los públicos (ver al respecto la gráfica No. 1). Una verdadera tragedia para la democracia y para los millones de familias en los estratos más bajos de la población.

Este grave panorama anterior obliga a todo el país a pensar en serio en ampliar el derecho a recibir una educación de calidad. La tarea le corresponde a toda la sociedad y no solo a los educadores, porque la educación de calidad genera un beneficio individual, pero es aún más importante el beneficio colectivo. De allí que se requiere un pacto en el que se involucren los diversos sectores sociales, políticos y económicos. La pobreza disminuye con educación de calidad, la productividad aumenta, lo mismo que la creatividad, el trabajo en equipo y las competencias ciudadanas. Todos salimos ganando al mejorar la calidad de la educación; en especial, la equidad y la democracia.

Fajardo no pasó a segunda vuelta. Sin embargo, el país debe implementar su propuesta de un acuerdo nacional por la educación. Se requiere una gran movilización de la sociedad para construir la política pública educativa de la cual hemos carecido. Llegó la hora de cualificar los sistemas de formación docente e impulsar las innovaciones; debemos empoderar a los maestros y garantizarles reuniones pedagógicas y acompañamiento in situ. Hay que construir un lineamiento curricular que priorice las competencias transversales. Debemos asegurar los recursos para la educación y la ciencia, replantear el modelo pedagógico en las aulas de clase y fortalecer la autonomía, pero garantizando el acompañamiento a los docentes y las instituciones educativas que lo requieran.

La última gran reforma al sistema educativo se hizo durante el gobierno de Ernesto Samper. Allí, de manera conjunta con el movimiento pedagógico, se impulsó una profunda reforma que implementó la participación de la comunidad en la dirección de las instituciones educativas, orientó el Proyecto Educativo Institucional (PEI), estableció la autonomía institucional y consolidó las formas democráticas del gobierno escolar.

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En contra de ella y sin consultar con la sociedad, durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe se llevó a cabo una verdadera contrarreforma educativa que limitó la participación y la democratización, y que estableció criterios esencialmente administrativos, debilitando los pedagógicos. Los planes decenales que les correspondió llevar a cabo a los gobiernos de Pastrana y Uribe fueron desconocidos olímpicamente por el Ministerio de Educación: no contaron con el apoyo político, ni con los recursos, ni con el soporte legal, para impulsar los cambios educativos necesarios.

Al no estar Fajardo en contienda, la pregunta es: ¿Cuál de los dos candidatos actuales pone en mayor riesgo la paz, la democracia, la equidad, la ética, el derecho y la calidad de la educación? Ese es el dilema de quienes seguimos creyendo en la fuerza de la esperanza. El país podría exigirle a Gustavo Petro que incluya las propuestas de Fajardo y De la Calle, que renuncie a ideas de corte autoritario como la Constituyente y que garantice un total respeto a la constitución de 1991. A Duque no se le pueden solicitar estos cambios. Él tiene un jefe, a quien llama el “Presidente eterno”; la misma denominación con la que conocen en Corea del Norte a Kim II-sung, fundador del país y abuelo de su actual dictador, el joven Kim Jong.

*Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación de las Naciones Unidas. Twitter: @juliandezubiria