La vida por educar: al menos 1.000 maestros fueron asesinados entre 1986 y 2010, dice informe entregado a la JEP

¿Ser profesor es un trabajo de alto riesgo? Aunque en el imaginario de muchos la profesión docente no representa un riesgo para la integridad de las personas que la ejercen, a diferencia de carreras militares o relacionadas con el servicio en la Fuerza Pública, un informe que presentó la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), es la clara evidencia de que ser profesor en Colombia es un riesgo latente, más aún si se hace parte de un grupo sindical.

‘La vida por Educar: crímenes de lesa humanidad, persecución y exterminio contra maestros y maestras sindicalistas, miembros de Fecode entre 1986 y 2010‘, es el nombre del informe que el gremio docente más grande del país entregó esta semana a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para demostrar que los profesores que han sido activistas sindicales han sido víctimas de un crimen de lesa humanidad de persecución y exterminio.

De acuerdo con el informe que fue elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de Fecode, con la asistencia técnica de la Escuela Nacional Sindical y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), entre el 1 de enero de 1986 y el 1 de diciembre de 2016, la Federación fue víctima de al menos 6.119 violaciones a la vida, libertad e integridad de los docentes sindicalizados.

De las más de 6.000 violaciones registradas, 990 corresponden a homicidios de maestros sindicalizado y 78 desapariciones forzadas. Además, dentro de la cifra 3.170 casos fueron amenazas, 1.549 desplazamientos forzados, 124 detenciones arbitrarias, 89 hostigamientos, 40 secuestros, 22 casos de tortura, siete allanamientos ilegales y 49 atentados con o sin lesiones.

Uno de los agravantes que expone el informe es la alta impunidad en estos casos, pues alrededor del 94% de estas situaciones se encuentran impunes.

"Cuando la brutal represión y los dolores juntos llevan a cerrar los recuerdos y olvidar nuestros muertos, nos atrevimos a abrir viejos archivos y recoger testimonios de los sobrevivientes, que estaban dispersos por todo el territorio nacional; la mayoría en manos de los familiares de los docentes víctimas, quienes han esperado por décadas que se haga justicia, que el sindicato asuma su historia de vidas truncadas, de sueños asesinados y de luchas que aún reposan en cada movilización que se convoca", señaló el Comité Ejecutivo de Fecode durante la entrega del informe al magistrado de la JEP, Gustavo Salazar.

El documento, que también fue entregado a la Comisión de la Verdad, precisa que los departamentos donde mayor cantidad de hechos en contra de los docentes son Antioquia, Valle del Cauca y Santander. A estos tres departamentos les siguen Magdalena, Nariño y Cauca.

Según lo expuesto, esta situación de violencia sistemática generó una desconfianza contra Fecode y sus sindicatos filiales por parte de los familiares de los docentes asesinados o desaparecidos. "En varios casos, se acusa la organización sindical de las pérdidas que han tenido, normalizando el hecho de que, en Colombia, persiguen y asesinan a los sindicalistas por realizar su labor, lo que ha contribuido a la ruptura del tejido social y ha sembrado graves prejuicios y estigmas a la acción sindical", dice el documento.

¿Quién los mató?

En el curso de los 25 años transcurridos entre 1986 y 2010, la justicia ordinaria ha avanzado muy poco en cuanto al esclarecimiento de los presuntos responsables de los crímenes de maestros y maestras, dice el documento.

De ahí, destaca Fecode, nace la necesidad de establecer la responsabilidad penal individual de los máximos responsables del ataque sistemático en contra de los sindicatos de educadores y señalar la responsabilidad de los diferentes actores.

En consecuencia, la Federación se propuso identificar y señalar la responsabilidad penal individual, por acción u omisión de garante, de al menos 411 presuntos responsables. Según las cifras del Sistema de Información en Derechos Humanos (Sinderh), el mayor peso de casos son los cometidos por grupos paramilitares; seguidos por la guerrilla y por la Policía.

A la guerrilla se le atribuyen 138 casos; a las Fuerzas Militares, Policía y DAS, 143; a los grupos paramilitares, el 16 % del total de las violaciones: "En el periodo 1986-2010, es claro que la lógica de exterminio y persecución se enmarcó en el proceso de expansión y consolidación del proyecto paramilitar, sus alianzas con élites locales y regionales y la aquiescencia (consentimiento) de los agentes estatales", señala el informe.

¿Qué se busca con la entrega del informe?

Desde Fecode precisaron que con la entrega del informe a la JEP, se busca abrir un macrocaso sobre el crimen de lesa humanidad de persecución y exterminio ejercido contra los docentes activistas sindicales: "Este informe y su investigación debe romper el ciclo de violencia establecido contra los sindicalistas y líderes sociales, y así contribuir a garantizar medidas de no repetición".

Una fuente de la JEP informó a SEMANA que al recibir este informe hay dos opciones de lo que puede suceder: primero, que con este informe se encuentren los datos suficientes como para abrir un macrocaso relacionado con la persecusión, exterminio y violencia sistemática contra los docentes tal y como busca Fecode; o la segunda posibilidad es que el informe sirva de insumo y se adhiera a uno de los siete macrocasos que ya está manejando la JEP.

La JEP determinará el destino de este informe de Fecode en febrero de 2020.