Jardines infantiles, el sector de la informalidad

Las trasformaciones sociales que ha vivido Colombia en las últimas décadas son claves para entender la relevancia que se le ha otorgado al cuidado de la primera infancia (niños entre 0 y 5 años), por lo menos en el marco jurídico. 

La incursión de la mujer en el mercado laboral (79 % según el Dane) —a la que tradicionalmente se le asignó el rol de cuidadora del hogar—, la disminución de la tasa de mortalidad infantil y la vinculación del país a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niños en 1989 son tres de los factores que inciden en este cambio de paradigma, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Es en ese contexto donde cobra relevancia la figura de los jardines infantiles como garantes de la educación de los menores. Sin embargo, el país no cuenta todavía con una legislación que regule formalmente estos establecimientos ni en temas de infraestructura, de tarifas, ni de pedagogía. Y aún cuando en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 del presidente Juan Manuel Santos se estableció este mandato como prioritario.

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En agosto de 2015 la cartera que dirigía la ex ministra de Educación Gina Parody puso en marcha un plan para formular la "reglamentación de la educación inicial" en el país, que un año y medio después todavía no tiene fecha de promulgación. Como subrayó Parody durante el anuncio de la medida, “hoy no existe un marco normativo que regule la prestación de los servicios de educación inicial, no existen las herramientas para hacer seguimiento y control, particularmente en el sector privado”.

El vacío legal que define el funcionamiento de estos centros es notorio. “Tenemos problemas con las licencias que expiden las entidades territoriales, no hay control. Es un mercado altamente informal”, indicó a esta publicación Víctor Saavedra cuando todavía era viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media. También aseguró que el decreto al respecto “debería estar listo en diciembre de 2015”, algo que no sucedió. 

Según cifras del Dane, en Colombia hay 5.141.872 de niños con edades comprendidas entre 0 y 5 años. Lo que se corresponde al 11,4 % de la población. Bogotá es el ente territorial con el mayor número: 716.718.

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De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), hay 18.632 instituciones educativas dispersas por el territorio, 10.855 oficiales y 7.777 no oficiales. En estas se atiende a un total de 955.907 niños. De ellos, más de 802.000 pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, y cerca de 650.000 están matriculados en establecimientos oficiales. Lo lógico es que los niños pasen tres años en la educación inicial no oficial, mientras que las instituciones públicas solo brindan un año de preescolar.

El Instituto de Bienestar Familiar (Icbf) cuenta con centros propios que no están regulados por el MEN, como parte de su estrategia de Educación Inicial, integrada en el marco de la Atención Integral a la Primera Infancia. En diciembre de 2014, brindaba educación inicial, cuidado y nutrición en sus hogares a 925.529 niños. No existen datos actualizados de cuántas guarderías y jardines infantiles opera.

Así pues, combinando los datos de las dos entidades y confrontándolos con los del Dane, no llegan a dos millones los niños inscritos en jardines infantiles en el país. En otras palabras, menos de la mitad de los niños en edad de estar en un jardín infantil en Colombia asiste a uno.

Unicef concibe la primera infancia como “el periodo de la vida en el que se fundamenta el posterior desarrollo de la persona”. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), por su parte, asegura que “los niños que participan en los programas de educación inicial tienen mayores probabilidades de asistencia escolar, mejoran sus destrezas motoras y obtienen resultados superiores en las pruebas de desarrollo socioemocional”.

La falta de currículo en jardines infantiles es otra de las consecuencias de la ausencia de un marco legal que lregule estos establecimientos. No existe consenso a la hora de establecer un programa pedagógico unitario porque la ley no obliga a las intituciones a tenerlo.

El gobierno cuenta, dentro de la política ‘De Cero a siempre‘, con una guía y diversos documentos técnicos para orientar las acciones curriculares de los jardines infantiles con el fin de garantizar un desarrollo integral de los niños. Pero, de nuevo, nada obliga a estas insituciones a implementarlo. Estos manuales se organizan, a grandes rasgos, en tres temáticas. La primera, las experiencias: situaciones que se planean con el propósito de generar interacciones entre los saberes y capacidades de los niños. Segundo, los ambientes en los que se construyen las interacciones entre los adultos, niños y objetos. Tercero, la generación de rutinas. A la fecha existen 121.609 agentes educativos cualificados en el país encargados de brindar educación inicial. Alrededor de 44.000 están formados por el MEN.

La importancia de destinar recursos en la primera infancia y, por lo tanto, a una educación inicial y desarrollo integral pertinente ha sido reiterada por diferentes especialistas internacionales una y otra vez. Uno de los que más ha incidido en esta necesidad es el premio nobel de Economía James Heckman. En una intervención en un foro educativo en Estados Unidos se mostró tajante al asegurar que invertir en la educación de los más pequeños genera más beneficio económico y social para los estados que el mismo gasto en programas sociales o de infraestructura. Para el economista, "la intervención temprana fomenta la escolaridad, reduce la delincuencia, promueve la productividad de la fuerza laboral y disminuye el número de embarazos entre adolescentes”.

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