MinEducación estrena dientes

La propuesta de esta ley surge y es presentada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), que insistentemente ha reclamado la necesidad de tener más mecanismos para supervisar a todas las universidades. Ante la alarma que suscitó el escándalo de la Universidad San Martín, intervenida por las irregularidades en el manejo de sus recursos y la inversión de dinero en causas ajenas a la educativa, este gabinete argumentó la premura de crear medidas para evitar que se repitieran casos similares. De hecho, cuando el proyecto de ley se radicó ante el Congreso tenía el carácter de urgente. Por eso, su aprobación en Senado y Cámara solo demoró tres semanas.

Sin embargo, el debate por las nuevas facultades que otorga al Ministerio de Educación está lejos de acabar. Quienes defienden la ley aseguran que es un control para las universidades de garaje y que fortalece al Estado en su tarea de proteger la educación; mientras que sus detractores sostienen que es un atentado contra la autonomía universitaria y que no le hace ni cosquillas a la corrupción que reina en algunas instituciones de Educación Superior.

Lo cierto es que de ahora en adelante el gabinete de Educación tiene el poder de sancionar a los centros educativos de educación superior cuando infrinjan las normas o pongan en riesgo la prestación del servicio. Además, podrá establecer medidas de vigilancia especial para aquellas instituciones que considere están en peligro. Están pueden variar desde establecer un inspector permanente que custodie la gestión administrativa y financiera del centro educativo hasta la potestad de reemplazar a directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales, en caso de que alguno de estos se opongan o entorpezcan las disposiciones dictadas por el MEN en la vigilancia especial.

La aplicación de la ley en la San Martín

Luego de la sanción presidencial, Natalia Ariza, viceministra de Educación Superior, hizo un llamado al presidente de la Fundación San Martín para que facilite su intervención. La nueva ley permite el acompañamiento y la vigilancia in situ, con el aval del Ministerio, de un equipo de expertos en temas académicos, financieros, administrativos y jurídicos en el sector educativo. Entre todos deberán presentar un plan para mejorar las condiciones de la Institución.

Entre las prioridades de esta cartera está en que los estudiantes puedan culminar el semestre académico en la San Martín, pagar las deudas pendientes con los docentes y el personal administrativo, así como normalizar la prestación del servicio con calidad.

“Este equipo, conformado por cinco personas y liderado por el señor Rodrigo Acosta, será quien verifique que se den todas esas condiciones para que se cumpla con el derecho que tienen todos los estudiantes de continuar y culminar sus estudios profesionales”, enfatizó la Viceministra.

Adicionalmente, el Ministerio de Educación revisó el contrato de la Fiducia Mercantil de Administración y Pagos-Fidecomiso Fundación Universitaria San Martín, suscrito entre la Alianza Fiduciaria S.A. y esta Institución.

Pero el Ministerio encontró al menos tres anomalías dentro del contrato. “Por una parte, la fiducia está constituida solo para acceder a los recursos por el pago de matrículas, pero no otros derechos pecuniarios ni otros bienes de la fundación”, afirmó la Viceministra. Es decir, según la funcionaria, la fiducia no le permite a la Alianza Fiduciara acceder a recursos provenientes de los pagos por derechos de grado, certificados de notas, carnetización, cursos de extensión, entre otros.

Segundo, Ariza resaltó que este contrato no le permite al Ministerio una participación más activa para auditar la fiducia. Según la Viceministra, el MEN debería verificar que los recursos se apliquen para los fines académicos, administrativos y financieros de la institución. Y no solo recibir información sobre los giros y movimientos del fideicomiso.

Finalmente, la Viceministra afirmó que la Fundación Universitaria San Martín solo se compromete a pagar las deudas que adquirió en el segundo semestre de 2014 y el Ministerio le exige a la institución que subsane también las obligaciones anteriores a ese periodo.

La funcionaria pidió a los estudiantes que no paguen la matrícula a la institución, ni a la Fiducia recién constituida, hasta que el Ministerio no tenga control total de la San Martín y se tenga plena seguridad de la prestación del servicio.