La importancia de ponerles nombre a los crímenes de género

El pasado 6 de julio el presidente Juan Manuel Santos sancionó una ley que tipifica el feminicidio como un delito autónomo. La pena por asesinar a una mujer en razón de su género será hasta de 50 años de cárcel. La normativa lleva el nombre de Rosa Elvira Cely, la joven que en 2012 fue brutalmente torturada violada y asesinada en el Parque Nacional de Bogotá. Su verdugo fue Javier Velasco, un compañero del instituto donde ella estudiaba. Fue condenado a 48 años de cárcel.

Este caso puso en evidencia la necesidad de que en Colombia existiera un mecanismo para castigar los delitos de género. De acuerdo con Naciones Unidas, estos crímenes son  “la forma más extrema de desigualdad y discriminación contra la mujer”. Aunque el asesinato de Rosa Elvira generó una gran movilización e indignación, a diario se cometen feminicidios que no obtienen la misma repercusión mediática.

Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cada dos días y medio muere una mujer en Colombia a manos de su pareja o ex pareja. El año pasado la cifra fue de 145 mujeres, de acuerdo a Belén Sanz, representante de este organismo en Colombia. Por su parte, consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Ordóñez, aseguró que sólo en 2014, hubo 180 casos de homicidios de mujeres por razones de género.

Las dos funcionarias se refirieron a estos datos el pasado martes durante el Seminario Internacional de Leyes y Protocolos sobre Feminicidio, celebrado en Bogotá. Un encuentro organizado con el objetivo de contextualizar la Ley Rosa Elvira Cely y capacitar a los asistentes para su aplicación. Por eso reunió a funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría y Medicina Legal, entre otras instancias, de todo el territorio.

Semana Educación profundiza el tema y abre el telón para explicar sus implicaciones.

¿Qué es el feminicidio?

El término surge del vocablo inglés ‘femicide’, para definir el  asesinato de mujeres por razones de género.

La palabra fue empleada por primera vez en 1976 por la feminista sudafricana Diana Russell para referirse a las formas de violencia extrema contra la mujer. La activista redefinió el concepto en 1990 como “el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres”.

Rashida Manjoo, relatora especial de Naciones Unidas, sostuvo que los feminicidios “más que una nueva forma de violencia, constituyen la manifestación extrema de todas las formas de violencia que existen contra la mujer”. Según la alta funcionaria, “no se trata de incidentes aislados que ocurren en forma repentina e imprevista, sino más bien del acto último de violencia que tiene lugar en un continuo de violencia”.

¿Qué establece la Ley Rosa Elvira Cely?

Con la sanción de la Ley 1761, como se conoce jurídicamente, Colombia se suma a otros 15 estados de América Latina que cuentan con normativa en materia de feminicidio. De esta forma, se fortalece el marco jurídico ya existente que garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, establecido por la Ley 1257 de 2008.

La nueva norma obliga a investigar y sancionar los homicidios cometidos contra las mujeres por motivos de género. Es lo que se conoce como ‘la debida diligencia’: “obliga a todo el aparato estatal a priorizar la investigación, la sanción, la reparación y prevención de este tipo de delitos”, explicó a Semana Educación Andriana Quiñones, asesora regional de Naciones Unidas para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y una de las ponentes del seminario. 

Por otro lado, implica un aumento sustantivo de las penas de prisión, que puede ascender hasta los 50 años. Asimismo, la ley aclara que el victimario puede ser cualquier allegado o conocido de la víctima. Es decir, no sólo su pareja actual; también ex novios, ex maridos, conocidos, familiares, etc.

La Ley Rosa Elvira Cely también vinculó al Ministerio de Educación para que combata los estereotipos de género existentes con “proyectos pedagógicos transversales” desde los colegios, especialmente en instituciones para la primera infancia. “La verdadera prevención de la violencia empieza modificando las nociones de género en las mentes de las personas”, aclaró Quiñones.

Por su parte, el DANE tiene la responsabilidad de actualizar sus registros frente a los casos de feminicidio. La norma le exige que sus datos sean un reflejo fehaciente y contextualizado de la violencia de género del país.

Paralelamente, existe el Protocolo Latinoamericano para la Investigación del Feminicidio que sienta las bases sobre el procedimiento de policías, jueces, fiscales y médicos forenses para atender los casos de feminicidio. Su premisa principal, como explicó Quiñones, es que “todo asesinato de mujer debe ser tomado como un feminicidio hasta que se demuestre lo contrario”.

Retos de la ley

El mayor desafío de la Ley Rosa Elvira Cely es su implementación. Por el momento no existe ningún mecanismo de monitoreo que pueda a evaluar la efectividad futura de la misma. Adriana Quiñones le dijo a Semana Educación, que “crear esa herramienta es el siguiente paso, porque de otra forma la normativa puede quedar en el papel”.

Teresa  Incháustegui, directora del Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México, ha dedicado gran parte de su carrera a luchar para que el feminicidio se tipifique como delito en su país. Entre 2007 y 2012, esta nación experimentó un aumento del 138 por ciento de asesinatos de mujeres bajo sospecha de feminicidio, según el informe ‘Mapa da Violencia 2012’, elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Brasil.

Incháustegui le indicó a Semana Educación que la única debilidad de la Ley 1761 es que permite la interpretación subjetiva del juez a la hora de establecer si el homicidio se puede encuadrar dentro del feminicidio. “Es importante tener un tipo penal que sea muy operativo; que identifique muy bien las causales que son inmediatamente reconocibles como feminicidio”.

Para ella, el problema de dar un margen de interpretación amplia a los magistrados radica en que algunos, como sucede en México,  “se resisten a entender que existen móviles por los que se priva a una mujer de la vida que están relacionadas con el hecho de que es una mujer”. Es decir, se niegan a tipificar el feminicio, lo que podría empañar la implementación de la norma en Colombia.