Lo que no puede medir el ‘ranking’ de Shanghái, el que revela las mejores universidades del mundo

Un año más, la Universidad de Jiao Tong (en la ciudad china de Shanghái) ha presentado los resultados del Academic Ranking of World Universities (ARWU), más popularmente conocido como ranking de Shanghái. Y, como suele ocurrir cada año, su publicación suscita interés en los medios de comunicación, aunque no tanto en el seno de la comunidad académica.

Cualquier ranking expone a las instituciones universitarias frente al resto de centros y ante la opinión pública, algo que resulta muy sensible teniendo en cuenta que todas ellas compiten por recursos, alumnado y prestigio. Pero la metodología y parte de los criterios empleados para la elaboración de este en concreto son poco asimilables por el conjunto de las instituciones universitarias.

Arbitrariedad y sesgo científico

Para empezar, porque es la propia Universidad de Jiao Tong la que selecciona de forma arbitraria las universidades que se someten a su evaluación. En concreto, concibe que son 1.000, de las 25.000 universidades de todo el mundo las que cumplen los requisitos suficientes. Y esto lo hace sin ningún tipo de debate ni cooperación con organismos académicos internacionales, lo que genera ciertas controversias y relativa legitimidad.

Seguidamente, porque algunos de los criterios para establecer su ranking son difícilmente aplicables en la práctica al grueso de las instituciones universitarias. Por ejemplo, el número de egresados o profesorado galardonados con Premios Nobel o Medalla Fields y el número de artículos publicados en las revistas académicas Science y Nature, que dejan fuera de la producción científica a las ciencias sociales y humanidades.

Privadas y públicas

Sí resultan más generalizables los criterios relativos al número de investigadores citados de forma relevante y el número de artículos publicados en revistas situadas en los índices Science Citation Index (SCI) y Social Science Citation Index (SSCI).

No es menos relevante que no se puede comparar a universidades como las de Harvard, Stanford, Cambridge, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, etc., con la mayor parte de las universidades –entre estas, las españolas y latinoamericanas–, que tienen una clara vocación de servicio público. Las primeras dirigen su acción a incorporar a alumnado procedente en muchos casos de clases sociales privilegiadas y del propio entorno de las élites intelectuales, económicas y políticas mundiales. En cambio, las segundas desarrollan una función de cohesión social y económica, bien como ascensor social para muchas personas de clases medias y bajas, bien como garante de una suficiente mano de obra cualificada en el sector productivo.

Es decir, no se puede tratar con equidad universidades como la de Harvard u otras similares, cuyo presupuesto es de algo más de 39 mil millones de dólares al año, frente al resto. El presupuesto del conjunto de las 50 universidades públicas españolas juntas ronda los 10 mil millones de euros.

El costo de publicar

La capacidad del sistema universitario español y de otros países de habla hispana para posicionarse en mejores puestos del citado ranking es poco probable por varias razones.

En primer lugar, el grueso de los criterios empleados por el ‘ranking’ de Shanghái tienen que ver con el número de publicaciones en ‘Nature’ y ‘Science’, y otras similares de impacto en SCI y SSCI. Pero todas ellas conllevan un costo de publicación de hasta 3.500 dólares por artículo, y no en todas las Universidades españolas hay fondos destinados para asumir ese costo.

Una parte significativa de las plantillas universitarias en España tienen una vinculación laboral no estable o precarizada, lo que limita una mayor contribución a la producción científica. La situación es muy diferente para el profesorado a tiempo completo en universidades como Harvard, Yale, Princeton, etc. Allí los docentes pueden ingresar hasta 200.000 dólares al año y disfrutar de importantes ayudas para publicaciones científicas.

Por último, el número de egresados o profesores distinguidos como Premio Nobel o Medalla Fields en las universidades de España y otros países de Latinoamérica es muy reducido.

Una evaluación realista

A pesar de todas estas inconveniencias, hay que decir que la posición en este ranking del sistema universitario español es razonablemente positivo. De partida, ocupa el tercer puesto en número de universidades incluidas (55) en la clasificación, sólo por detrás de EE. UU. (con 144 universidades incluidas) y Reino Unido (con 70 universidades).

Cuarenta universidades españolas incluidas en el ranking son públicas, lo que demuestra la enorme capacidad y esfuerzo del sistema universitario público español para generar conocimiento y ofrecer calidad educativa. Además, una universidad española estaría entre las 200 primeras y diez entre las 300 y 500 mejores y el resto en distintas posiciones de esas 1.000 instituciones evaluadas.

Por ello, una lectura sosegada del ranking de Shanghái permite valorar justamente la contribución del sistema universitario español a la ciencia en el mundo, pese a que los criterios que se emplean para su elaboración actúan en contra. No se puede medir con los mismos criterios la posición de universidades que se encuentran en condiciones materiales de partida tan disimilares.

Cómo mejorar

Pese a todo, es posible mejorar la presencia de universidades de habla hispana en ese ranking si somos capaces de conseguir los siguientes objetivos:

• Garantizar una mayor estabilización de su personal docente e investigador, algo en lo que el sistema universitario español está haciendo grandes esfuerzos.
• Incrementar la inversión en ciencia. España destina en este momento un 1,41 % de su PIB en investigación, mientras que EE. UU., que es el país cabeza del ranking, destina un 3,45 % de su PIB.
• Aprender a innovar con el conocimiento tratando de que este tenga mayor impacto transfronterizo, algo que en España aún es una asignatura pendiente en muchas de sus áreas de conocimiento.

Por: David Moscoso Sánchez

Profesor Acreditado Catedrático de Sociología, Universidad de Córdoba

Artículo publicado originalmente en The Conversation