¿En qué va la recuperación de la U. San Martín?

El 2015 empezó con uno de los mayores líos educativos aún en el ojo del huracán: el escándalo de la Fundación Universitaria San Martín. La situación, que tenía en vilo a toda la comunidad de la institución, no daba espera y el Ministerio de Educación se jugó todas las cartas que tenía a su disposición.  En enero de ese año designó  un inspector encargado y en febrero removió a todos los miembros directivos (incluido el fundador Mariano Alvear). Como consecuencia, nombró a un plenum que desde entonces está ejerciendo labores.

La Ley de inspección y vigilancia, sancionada en diciembre de 2014 y que permitió al ministerio tomar estas medidas, prevé que los nuevos encargados de la San Martín estén al frente de la institución por el término de un año, prorrogable por una sola vez. Esto quiere decir que en las próximas semanas la cartera en cabeza de Gina Parody debe anunciar si toma la decisión de mantener o no el plenum que designó. Por ahora, lo que está en juego es la viabilidad de la fundación universitaria, en cuanto a su situación económica y financiera. Incluidas las demandas, deudas y cuentas pendientes que dejó la administración anterior.

Los resultados del trabajo desarrollado por los nuevos directivos empezaron a rendir sus frutos en los primeros meses del 2015: el servicio educativo, interrumpido desde octubre de 2014, fue reestablecido. Además, se consolidó un proceso administrativo que permitió a la San Martín mantenerse a flote. En otras palabras: hoy la institución está funcionando bajo todos los estándares legales y de calidad. Así lo confirmó la ministra Parody el pasado 21 de diciembre cuando presentó el balance de la gestión.

Semana Educación conversó con el presidente del plenum designado por el ministerio, Roberto Zarama, y con la actual rectora de la San Martín, Mayra Vieira, para indagar sobre las condiciones en las que se encuentra la institución.

Ambos coincidieron en que el trabajo de estos meses ha permitido devolverle a la comunidad sanmartiniana certeza y tranquilidad. Aún así dejaron claro que la viabilidad a largo plazo del centro educativo depende de muchas variables, entre ellas el panorama económico y la capacidad que tenga en un largo plazo para sostener la operación que implica una institución de educación superior.

“Nosotros estamos en una administración temporal. Ahora, la tarea es construir y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que esto esté totalmente en orden. Si el ministerio considera que ya está concluido el trabajo, pues pasará a manos de los plenarios que removió en su momento, si no también hay procesos de selección. La fundación tiene en sus estatutos los mecanismos de elección de los plenarios”, explicó Zarama.

El parte de tranquilidad se concentró en todos los pasos que ha dado la San Martín para superar los hallazgos que justificaron la intervención en un primer momento. En palabras de la rectora Vieira “cada día estamos más cerca de construir un futuro de viabilidad para la fundación, porque ya no tenemos estudiantes sin registro calificado, hemos resuelto los problemas administrativos  de desvío de rentas, todos los centros de atención tutorial están en operación y tenemos todo para tratar de aportar a una decisión de levantamiento de inspección y vigilancia”.

De ahí la importancia que tiene el plan de mejoramiento que fue aprobado a principios de este año por el Ministerio de Educación con un concepto favorable. Parte de ese trabajo está enfocado en ir levantando poco a poco la medida de vigilancia especial que tiene la San Martín, por cuenta de todas las irregularidades en su administración original, como el presunto desvío de recursos hacia otros propósitos distintos al educativo. Esto implicaría la posibilidad de recibir nuevos estudiantes y garantizar el correcto funcionamiento de la institución en los próximos años.

“Estamos poniendo a punto la fundación universitaria para que esto se pueda dar. El objetivo de la Ley de inspección y vigilancia es resolver todas las dificultades en el menor tiempo posible. Es una responsabilidad que tenemos con los estudiantes actuales y con los que quieran estudiar en la San Martín, pero eso finalmente depende del Ministerio de Educación”, agregó Vieira.  Y resaltó que este plan se construyó de manera integral con un trabajo participativo de estudiantes, profesores, egresados, “e incluso agentes externos de la fundación en un proceso de autoevaluación”.

El plan recoge 14 dimensiones, las mismas que rigen todas las instituciones de educación superior en el país y que transitan por asegurar la calidad. En cada una se proponen acciones a desarrollar en un tiempo específico y tienen asignado un responsable a fin de que se pueda gestionar un mejoramiento y se superen los hallazgos que pusieron a la San Martín en la mira de las autoridades y la opinión pública.

En últimas, la labor del plenum se ha centrado en “dejar en la fundación las capacidades instaladas para una cultura del aseguramiento de la calidad. Es decir, unos procesos y una estrategia de calidad que van agarantizar que la fundación tenga un futuro y que no recaiga en los problemas iniciales”, recalcó Vieira.

Por su parte, Roberto Zarama sostuvo que por ahora la prioridad está en recoger y presentar todos los insumos necesarios “para que entidades como el Ministerio de Educación evalúen cuál es el posible futuro de la fundación. Tenemos un proyecto para acabar de levantar la información, hacer cálculos y mirar posibles escenarios. Es el ministerio el que tiene la responsabilidad de pronunciarse al respecto de la viabilidad”.

Llamado a acreedores

Zarama resaltó que está en marcha el proyecto de identificación de acreedores. El cual resulta vital para poder definir la viabilidad de la fundación. “Lo que estamos haciendo en este momento es recopilar la información de acreedores y para eso las personas que consideran que la fundación les debe están comenzando a informarnos y tienen un tiempo. El primer aviso se publicó en diciembre y vamos a publicar dos avisos más”, afirmó.

Para el presidente del plenum este proceso permite “mirar cuál fue el pasado de la fundación, hacer ajustes y comenzar a entender la situación real sobre lo que se debe y los que nos deben. El proyecto va a estar centralizado en Bogotá, es aquí donde nos tienen que informar”.

Más aún porque cuando los nuevos directivos asumen funciones no existía un “inventario de todas las demandas que había y que nosotros hemos venido atendiendo”. En sus términos, la situación jurídica es algo que aún se está “dilucidando”: “estamos haciéndonos cargo de todo, de problemas jurídicos que tiene la fundación, que se resuelven es mediante mecanismos jurídicos. Hay problemas jurídicos de orden laboral, de orden civil, administrativo, penal”.

En este sentido, aclaró que, paralelo a atender las demandas presentes desde el momento en que son nombrados, hubo un trabajo exhaustivo de “organización en el orden administrativo que tiene que ver con los procesos de contabilidad, de auditoría, financieros de la fundación”. Por eso, sostuvo que la fundación universitaria pudo operar, porque todos los recursos que ingresan se destinan únicamente a su funcionamiento y no hay que “responder por demandas de otras épocas. Tenemos esas medidas de salvamento”.

PARA EL DEBATE

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