Colegio: el refugio de los niños venezolanos en Colombia

Para el momento en que comience a leer este artículo ya serán más de 13.000 niños venezolanos registrados en el sistema educativo colombiano desde 2016. Esta cifra, sin embargo, puede alcanzar una dimensión mayor. Las matrículas en los colegios oficiales ubicados en la frontera con Venezuela se han triplicado. En Cúcuta, por ejemplo, la Secretaría de Educación tenía registrados 1.483 niños venezolanos para 2017. En febrero de 2018 ese número ya había ascendido a 3.179 y lo más probable. según los expertos, es que siga creciendo.

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Con el pasar de los años, el sector educativo colombiano ha tenido que superar reformas estructurales, crisis en su financiación, desorden estatal, entre muchos otros obstáculos. Hoy, de cara a un fenómeno de migración como consecuencia del déficit económico en el que está inmerso el país vecino, y que ha afectado incluso a su sistema educativo, las escuelas y colegios de Colombia han respondido, literalmente, “con las uñas” para evitar una crisis humanitaria mucho peor.

Sin excusas, los rectores y profesores están haciendo hasta lo imposible para que ningún niño, sin importar su nacionalidad, se quede sin estudiar. Una labor titánica que están tratando de superar a pesar de que la falta de presupuesto les ata las manos. Las cifras de Migración Colombia registran la entrada de 550.000 venezolanos a diciembre de 2017, de los cuales muchos vienen con sus hijos y con la intención de empezar de cero en nuestro país.

Además, según los resultados emitidos en mayo sobre el primer mes del Registro de Migrantes Venezolanos en toda Colombia se inscribieron más de 203.000 personas. Las cifras entregadas contabilizan a 106.476 familias de las que 98.516 son mujeres, 3.914 de ellas se encuentran en estado de embarazo, y existen 48.164 niños, niñas y adolescentes, de los cuales menos de la mitad esta estudiando, solo el 13.549 están adscritos a algún plantel educativo.

Pero la realidad es que en ese proceso muchas veces las familias tienen que trabajar, incluidos los niños. De hecho, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha identificado 31 casos de trabajo infantil; aunque la mayoría de venezolanos intentan por todos los medios encontrarle un cupo a sus hijos en algún colegio. Ese es el caso de Mariana Aguilar, quien huyó del Estado de Carabobo hace más de un mes con sus cuatro hijos y su esposo. Ella, sin pensarlo dos veces, decidió cambiar su casa propia por una vivienda pequeña en alquiler en Cúcuta. Abandonó su agencia de modelaje, en la que también daba clases de protocolo y glamour, para trabajar como mesera en un restaurante. Su esposo, un contratista de una empresa privada, pasó a ser un comerciante informal. Todo para asegurarle un futuro mejor a sus hijos. “Nunca pensamos que emigrar fuera tan difícil. He tenido que manejar la situación, porque mis hijos se apoyan mucho en mí.

En el caso de los dos pequeños, el de nueve años y el de cuatro, debo ayudarles a entender la situación poniéndole un poquito de fantasía a lo que estamos viviendo”, explica esta venezolana a la que le robaron el poco dinero que traía en sus bolsillos el primer día que llegó a Colombia. Sin familiares ni conocidos en Cúcuta, tuvo que pasar una noche en la calle con toda su familia. “El niño de cuatro años lloraba porque, en su cabeza, solo los ‘locos’ duermen en la calle. Para evitarle un trauma emocional, tuve que decirle que íbamos a acampar. Así pasó la noche y se durmió en mis brazos”, cuenta.

Como si no fuera suficiente, esta familia estuvo a punto de ser deportada por Migración, porque no tenían pasaporte. Sin embargo, cuando las autoridades se dieron cuenta de que tenían hijos menores de edad, desistieron. Migración les indicó que si querían continuar con el proceso de legalización de su estadía, los niños debían ingresar al sistema educativo. “El menor ya está matriculado en preescolar. El de nueve ya ingresó a cuarto de primaria. Espero que el de 20 años continúe sus estudios en Ingeniería en Alimentos, porque tuvo que retirarse en sexto semestre de la universidad; asimismo intentaremos que mi niña de 16 años, que está recién graduada del bachillerato, también pueda ingresar a la universidad”, explica Aguilar.

Los colegios como centros humanitarios

En medio de tanta zozobra, Mariana Aguilar ha encontrado un poco de tranquilidad al ingresar a sus dos niños más pequeños a la Institución Educativa Pablo Correa León, uno de los colegios de Cúcuta que más estudiantes venezolanos ha recibido por estar cerca de la frontera con el municipio de Ureña, en el Estado Táchira. De acuerdo con Julio César Delgado, rector de la institución, de los 3.300 alumnos que tiene matriculados, 244 son venezolanos. Están distribuidos desde preescolar hasta noveno grado.

A pesar de que la institución fue diseñada como un megacolegio –tiene 84 aulas y 120 profesores y directivos– los salones están a reventar. En promedio albergan entre 45 y 50 estudiantes, un número que sobrepasa la norma (40 por salón), una situación que está perjudicando la calidad de la institución.

De acuerdo con Delgado, las valoraciones que les hacen a los niños que quieren ingresar a primaria y secundaria identifican un gran atraso en los conocimientos de las materias básicas. “En Venezuela han visto materias como Ciencia Política o activismo político, pero ven muy poca Matemática, Lenguaje, Ciencias Naturales, Química y Física”, dice. Algunas familias han manifestado que esto se debe a que las instituciones educativas de Venezuela no están ofreciendo clases debido a la inseguridad en la que viven.

Aunque Cúcuta sigue siendo el principal destino de los venezolanos –ingresan 45.000 personas diarias– el departamento de Arauca también es otra de las entradas más frecuentes hacia Colombia. Según Migración Colombia, 1440 venezolanos afirmaron vivir en ese departamento en 2017. El Malecón Ecoturístico, el barrio Los Libertadores y diferentes escenarios deportivos alrededor del río Arauca son centros de refugio para los migrantes venezolanos que se encuentran en esta capital.

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Para este caso, el Ministerio de Educación asegura que no existen cifras claras sobre el número de niños venezolanos en el departamento. Se estima que en el sistema educativo hay 474 niños, quienes al momento de hacer su registro no contaban con un documento, y que “podrían” ser venezolanos. Por otro lado, también existe un registro de 966 niños que están inscritos con documentos extranjeros, de los cuales aún no se conoce cuántos son venezolanos. Para Luz Alcira, directora de Save The Children, quien ha recorrido el departamento de Arauca registrando la crisis humanitaria, la razón para que la matrícula no se haya disparado aquí como sí ha ocurrido en Cúcuta y en general en Norte de Santander, es que los padres creen que a través de sus hijos pueden ser identificados y luego deportados.

“Muchas de estas personas son campesinos desplazados de Colombia que un día se fueron a Venezuela, pero siguieron siendo campesinos de muy bajos niveles académicos. Al regresar a su país no encuentran más que ubicarse en la informalidad. Estas personas nunca consiguieron un pasaporte para sus hijos, entonces prefieren no enviarlos a estudiar, porque los pueden deportar. En ese sentido, la educación pasa a ser una segunda prioridad, lo importante es al menos tener dos platos de comida”, explica Alcira.

En otras ciudades del país, donde también hay un número elevado de venezolanos, las Secretarías de Educación hacen todo lo posible para que los niños se matriculen en las instituciones educativas. En Bogotá, entre 2017 y lo corrido de 2018, se han recibido cerca de 2.759 niños y al cierre de esta edición contaban con 40.000 cupos disponibles (sin importar la nacionalidad de los niños) en todas las instituciones educativas del Distrito y en todos los niveles de escolaridad.

En Atlántico, entre 2016 y los dos primeros meses de 2018, se han matriculado 1.046 estudiantes. Sin embargo, este departamento cuenta con poca infraestructura para recibirlos. En Medellín aseguran que han logrado escolarizar a más de 1.000 niños venezolanos entre 2017 y lo corrido de este año y también afirman contar con cupos para estos niños. Pero no solo las grandes capitales han sentido el impacto económico y social de la migración de venezolanos. De acuerdo con varios expertos consultados, las zonas rurales –los lugares menos desarrollados del país–, también sirven como refugio.

Migrantes en el campo

Según Doris Angarita, secretaria de educación de Cúcuta, cerca de 170 niños venezolanos han llegado a los corregimientos de Aguaclara, Palmarito, Guaramito, San Faustino y Buena Esperanza. Lo mismo ocurre en zonas rurales de la frontera entre Arauca y Venezuela. “Allá no existe un plan de contingencia, el sistema educativo no está preparado y las jornadas laborales son miserables para colombianos y venezolanos”, asegura Ariel Ávila, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Es precisamente en estas zonas donde el gobierno nacional tiene una deuda educativa de años, que no ha querido saldar. Aunque el país ya cuenta con un plan que puede ayudar a cerrar la brecha de calidad y cobertura que existe entre el campo y la ciudad, el gobierno lo ha hecho a un lado.

Se trata del Plan Especial de Educación Rural (PEER), que se construyó desde antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, y en el que quedó estipulado su implementación inmediata. Sin embargo, faltan tres meses para la salida del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el presupuesto que se necesita para su ejecución no aparece por ningún lado. Según Óscar Sánchez, director de Educapaz, una de las organizaciones sociales que ayudaron a construir el PEER, el proyecto tiene un costo anual de más de cinco billones de pesos, un dinero que, según él, no existe. Una afirmación que la ministra de Educación, Yaneth Giha, no pudo negar.

“Estuve tratando de sacar adelante dos grandes estrategias financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, pero es muy difícil al final de gobierno, porque hacer un préstamo de 200 millones de dólares para un programa de cinco años, para el que solo voy a trabajar durante el primero, no tiene mucho sentido”, expresó la mandataria.

Frente a las pocas acciones, el MEN le aseguró a Semana Educación que va a invertir 35.000 millones de pesos en el programa Manos a la Escuela, que busca mejorar la infraestructura física en instituciones educativas de las zonas rurales más afectadas por el conflicto. También planean adicionar 5.000 millones para modelos educativos, entre los cuales están los textos escolares de Escuela Nueva –especiales para escuelas multigrado–, y otros 24.000 millones de pesos para alianzas.

Sin embargo, a pesar de la adición de recursos para la educación del campo, todavía no hay una respuesta a los interrogantes que más preocupan: ¿de dónde van a salir los profesores que necesita el campo?, ¿cómo se va a garantizar su formación? Son dudas que no se están discutiendo, sobre todo cuando los campesinos están retornado a sus territorios y cuando la migración de venezolanos también está impactando las regiones. 

Poca plata y más voluntad

El rector del megacolegio en Cúcuta, Julio César Delgado, no ha dejado de ayudar a los niños que van a su plantel en busca de protección. Asegura que los menores de edad venezolanos llegan en condiciones lamentables. No tienen para comer, no tienen uniformes ni cuadernos. “Los profesores, los directivos y los padres de familia nos hemos organizado para ayudarlos, sin dejar a ningún colombiano por fuera del sistema. Estamos dando un trato justo a todos”, expresó.

Frente a este titánico esfuerzo, el MEN solo ha adicionado 6.572 millones de pesos desde 2016 para el transporte de los niños desde las zonas fronterizas hacia los colegios colombianos. Lo que se espera es que, una vez se caracterice a los nuevos niños venezolanos en el Sistema de Matrícula Estudiantil (Simat), el presupuesto incremente.

De acuerdo con Doris Angarita, secretaria de Educación de Cúcuta, desde el puesto Alcabala de Ureñas, en límites entre Colombia y Venezuela, están transportando 3.179 estudiantes venezolanos con los recursos que ha podido adicionar el MEN. Sin embargo, Luz Alcira, directora de Save The Children Colombia, asegura que en Arauca la adición de recursos para el transporte escolar de los niños venezolanos se retiró. “En Arauca la situación se torna más insostenible. Esto se convertirá en un caldo de cultivo para el reclutamiento de jóvenes por parte de las bandas criminales. Y es que, sin servicio de transporte escolar, no podrán asistir a la escuela porque el departamento no tiene recursos”, denuncia.

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Esto no es una sorpresa. El Sistema General de Participaciones (SGP), la bolsa de la que sale el presupuesto para la educación de más de 10 millones de niños que están en edad escolar en el sistema oficial, está desfinanciada. De la totalidad de estos recursos, el 58,5 % va para la educación (el dinero llega a las alcaldías y departamentos) el 24,5 % para salud pública, el 5,4 % para agua potable y el 11, 6 % restante para rubros adicionales (vivienda, cultura, empleo, entre otros).

Sin embargo, para Ilich Ortiz, uno de los abogados de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), “actualmente más del 70% de los recursos para educación se destina para pagar la nómina docente, la cual viene creciendo rápido porque el gobierno aceptó la nivelación salarial de los maestros hasta 2019. Por este motivo, mientras la nómina aumenta se produce un deterioro del crecimiento de la bolsa que ya está en crisis”, le explicó a Semana Educación.

Con todo esto, lo que resulta claro es que para responder al tránsito de venezolanos hacia nuestro país “nos hace falta presupuesto”, asegura Ariel Ávila. De acuerdo con el director de la Fundación Paz y Reconciliación, lo verdaderamente preocupante es que Colombia no tiene un plan socioeconómico que evite una crisis humanitaria más grande. “Los venezolanos seguirán ingresando al país, ya sea de manera legal o ilegal, y lo seguirán haciendo por unos años más. Lo que hace falta es un plan, pero como estamos con un gobierno de salida, terminaremos respondiendo a la ‘colombiana’, es decir, apagando incendios donde aparezca la crisis”, aseguró.

El PAE, un auxilio que  no da abasto

Muchas familias venezolanas ingresan a sus hijos en el sistema educativo colombiano porque creen que recibirán al menos dos comidas al día. Así ocurre en la Institución Educativa Pablo Correa León, en Cúcuta, donde los niños reciben un desayuno y un almuerzo, que la Secretaría de Educación y la alcaldía compra con sus propios recursos. Lamentablemente, estos alimentos solo alcanzan para 2.000 alumnos, quienes deben cumplir con unos requisitos para poder recibir un bocado de comida.

El rector Julio César Delgado asegura que debe atender primero a hijos de desplazados, hijos de reinsertados, hijos de desmovilizados, niños en condiciones especiales y posteriormente a niños con otras necesidades. “Este es un colegio que tiene 97 niños con alguna discapacidad, muchos hijos de desplazados, e incluso muchos niños de padres amenazados. Queda muy poco para los niños venezolanos”, asegura.

Para nadie es un secreto que el PAE necesita más recursos, y los que tiene caen en los bolsillos de los corruptos que juegan con la comida de los niños. Las cifras hablan por sí solas: según la Contraloría, en 2017 la malversación de fondos ascendió a 63.000 millones de pesos en todo el territorio. La Fiscalía, por su parte, tiene abiertos 12 procesos penales sobre 16 contratos en los que se habrían perdido 17.107 millones de pesos. Debido a esto, 73 personas ya fueron capturadas.

Paradójicamente, a los departamentos con más corrupción llega la mayoría de niños venezolanos. De acuerdo con “El mapa de la vergüenza” publicado por Semana Educación en la edición de diciembre de 2017, la malversación de fondos llegó a 20.500 millones de pesos en La Guajira; 1.766 millones en Norte de Santander; 2.258 millones en Atlántico y 498 millones de pesos en Arauca.

A esto se suma que 533.000 niños, que ya empezaron clases, no están recibiendo su complemento alimenticio. En departamentos como Cundinamarca, Sucre y Quindío, y específicamente en ciudades como Santa Marta, Montería, Sincelejo, Armenia, Yopal, Piedecuesta, Girardot, Lorica, Pitalito y Sahagún no han iniciado el proceso de contratación o deben empezarlo de nuevo porque se declaró desierto. En otras palabras, cerca del 10 % del total de los niños reportados en el Simat no reciben ningún alimento.

El programa se salió tanto de control que los alcaldes y gobernadores le han solicitado al MEN que les quite la carga de esta contratación –que al año cuesta 1,6 billones de pesos–, porque no cuentan con los recursos suficientes. Proponen entregárselo a un organismo del gobierno que se dedique a administrar la alimentación de los niños. Al cierre de esta edición, el MEN estaba presentando a los gobernadores y entes de control una propuesta que promete salvar el PAE. Uno de los cambios que proponen se relaciona con los recursos del programa, que no irían a los 1100 municipios –como se hace actualmente–, sino a 95 entidades territoriales certificadas, es decir, a los 32 departamentos y algunas capitales, ciudades y municipios que tienen la capacidad para manejar el dinero, realizar la contratación y administrar el programa. También se planea crear una agencia especializada en alimentación escolar.

Desde este organismo se darían los lineamientos para la contratación, entre los cuales estarían estudios de mercado para lograr una estandarización de precios y una regulación por regiones: dos de las grandes dificultades que tiene el PAE.

El rostro de los  más vulnerables

Perdidos en una avalancha de estadísticas de migración y delito, aparecen los rostros de los niños venezolanos entre 0 y 5 años, de los que poco se habla. Según el ICBF, en 2017 atendieron a 26.349 niños venezolanos, de los cuales 3.346 son menores de 5 años. A pesar de las escandalosas cifras, es un tema que pasa de agache, en especial cuando muchos de ellos llegan con desnutrición crónica. En el Hospital Nuevo de Maicao hay 18 niños internados por desnutrición, 9 de ellos venezolanos. Para la directora del ICBF, Karen Abudinen, muchos llegan en estado de desnutrición porque sus madres, cabeza de familia, tienen que dejarlos solos para ir a buscar un trabajo, en muchos casos informal.

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En este tipo de situaciones tan graves, en las que los niños necesitan una mayor protección, el ICBF trata de atender a la primera infancia en los Centros de Desarrollo Integral que existen en el país. Allí reciben alimentación, formación cognitiva, cuidados de salud y acompañamiento a sus padres. Paralelo a esto, la directora del ICBF asegura que: “hemos activado las rutas de atención, articulados con otras entidades como la Registraduría y los sectores Salud y Educación. Además, hacemos parte del Grupo Especial Migratorio, que busca articular las capacidades institucionales con Migración Colombia, DIAN y la Policía Nacional. El propósito es adelantar acciones conjuntas de control, protección y verificación”, explica.

Y es que, ante el tema de primera infancia, el país sabe muy bien cómo responder. Desde hace ocho años existe la estrategia de Cero a Siempre, que hace casi dos años se convirtió en política de Estado. Hoy la protección de los niños se trata de coordinar de la mano del gobierno nacional, departamental y municipal. Sin embargo, a pesar del avance en materia de inversión para su funcionamiento, todavía queda mucho camino por recorrer. En 2010 se invirtieron 1,1 billones de pesos, para 2017 la cifra se cuadruplicó y llegó a 4,2 billones. Lastimosamente el número bajó a 3,9 billones para 2018. Aunque el presupuesto ha logrado aumentar la cobertura, pues se pasó de 386.000 niños atendidos integralmente a 1.260.000, también preocupa la calidad y continuidad de la política.

Colombia solo destinó el 0,5 % del PIB de 2013 a la protección de los niños, un número muy bajo comparado con los países de la OCDE, que llegaron a emplear el 1% del PIB aproximadamente. Para Cristina Gutiérrez de Piñeres, directora de Genesis Foundation, el país cuenta con una política sólida de primera infancia. Sin embargo, aún no es muy claro cómo podrían darle continuidad y cómo van a mejorar la calidad en la atención. “El 20 % de los agentes educativos, quienes cuidan a los niños, no han terminado la secundaria.

Además, aunque existen lineamientos para su cuidado y formación, no hay un plan de acción que permita ver los resultados de fondo a futuro”, explica.  Por otro lado, aunque todos los municipios y departamentos en sus planes de desarrollo deben destinar recursos para atender a los niños, según la consejera presidencial para la Primera Infancia, María Cristina Trujillo de Muñoz, no todos están comprometidos. “En este momento tenemos cerca de 354 municipios en los cuales ya hay un compromiso muy claro, pero tenemos un gran desafío en los demás”, afirma.

El desafío es enorme. Con el incremento de niños entre 0 y 5 años que proviene de Venezuela y que son atendidos en los 2.269 centros de desarrollo integral que hay en Colombia, es muy probable que ocurra lo que los expertos temen: la cobertura seguirá siendo la prioridad y la calidad, una adición.

Lo que queda de la educación venezolana

Los niños no son los únicos que están desertando del sistema educativo venezolano. De acuerdo con Orlando Alzuru Mendoza, presidente de la Federación Sindicato de Maestros Venezolanos (Sinvema), los docentes también han dejado de asistir a los colegios. “En los tres últimos años, los profesores están abandonando las escuelas sin renunciar, simplemente se van. Por eso no tenemos una cifra de esta migración, simplemente piden un tiempo, se van y no regresan”, explica. Y no es para menos.

Un docente de una institución educativa oficial venezolana recibe mensualmente entre 600.000 y 1.100.000 de bolívares. “Eso es menos de un dólar diario. De acuerdo con los organismos internacionales, quienes devengan un sueldo de este tipo viven en pobreza extrema”, denuncia Alzuru y agrega que quienes se van ingresan a colegios de otros países como Colombia, Argentina, Brasil y Perú.

Aunque todos los sindicatos del mundo se crean para ayudar a sus agremiados, en especial para exigir mejoras salariales, Alzuru asegura que el déficit salarial es producto de la hiperinflación que vive su país y, en ese sentido, es muy poco lo que pueden hacer para ayudar a sus colegas. “Sin embargo, nos hemos reunido con el gobierno y el Ministerio de Educación venezolano para concretar mejoras en el sistema de la protección social de los maestros”, explica.

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Mientras logran acuerdos con su gobierno, batallan con otro problema: hoy nadie quiere formarse como docente y el país no tiene educadores en las asignaturas de Matemáticas, Física, Química, Biología e Inglés. “Desde 2006 los niños no han visto estas materias en toda su extensión. El gobierno ha priorizado más la enseñanza de Historia, tratando de ideologizar a los alumnos. Desde que Hugo Chávez asumió el poder, se cuenta la historia de una manera totalmente sesgada y desde un punto de vista meramente político”, dice. Frente a esta crisis en su sistema educativo, no es extraño escuchar entre profesores que, si el presidente Nicolás Maduro sigue en el poder, corren el riesgo de quedarse sin escuela y sin educación.

(*) Periodista Semana Educación 

Este artículo hace parte de la edición 32 de la revista Semana Educación. Si quiere informarse sobre lo que pasa en educación en el país y en el exterior, suscríbase ya llamando a los teléfonos (1) 607 3010 en Bogotá o en la línea gratuita ?018000-911100.

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