Las soluciones que plantean para erradicar la corrupción de la alimentación escolar

Tras los constantes escándalos de corrupción que rondaron al Programa de Alimentación Escolar (PAE), varios sectores se han pronunciaron buscando una solución. Convertirlo en política de Estado es una de esas propuestas.

Huevos a $900, panes a $400 y pechugas de pollo a $40.000 son algunas de las irregularidades que han salido a la luz y que han evidenciado en los contratos los sobrecostos de los alimentos. En un balance dado por la Fiscalía en noviembre del año pasado se reveló que son alrededor de 24 los departamentos afectados por la corrupción en programas del Gobierno destinados a los niños, Córdoba, Sucre, Chocó, Norte de Santander; Santander, La Guajira, Bolívar, Valle del Cauca y Amazonas, son algunos de ellos.

En la mañana del 15 de enero, se sostuvo una reunión donde el Ministerio de Educación, la Procuraduría, el Ministerio de Hacienda, Colombia Siempre Eficiente, y la Federación de Departamentos, acudieron para explorar caminos que ayuden a mejorar la operación del PAE.

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En esta reunión el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, afirmó que “existe un gran deber para los entes de control de poner este tema sobre la mesa, es un tema que debe ser una política de estado, un tema que no puede estar en la coyuntura electoral”.

A la misma conclusión llegó Edgardo Maya Villazón, contralor General de la República, quien también propuso convertir el programa en una verdadera política pública de Estado, “El PAE no puede seguir siendo un simple programa de Gobierno orientado a la permanencia educativa”.

Esto implicaría que el Programa de Alimentación Escolar dejara de ser una estrategia de carácter sectorial para convertirse en una prioridad de todos los sectores que comprenden el estado colombiano.

María Victoria Angulo, secretaria de Educación de Bogotá, explicó a SEMANA EDUCACIÓN lo que conllevaría la implementación de la propuesta, “los diferentes ministerios como cabezas de sector, se verán abocados a coordinar acciones en pro del programa, tales como la agricultura escolar, mecanismos de contratación transparentes, garantía de servicios públicos domiciliarios, pedagogía, control sanitario y demás”, afirmó.

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Sin embargo, lo que garantizaría el buen funcionamiento según Angulo, es la realización de un acuerdo interinstitucional que de lineamientos para la coordinación e implementación del programa.

“El país requiere una reforma estructural en materia de educación, particularmente en alimentación, porque exige un cambio en la asignación de los recursos para el desarrollo del programa y uno institucional donde se definan las competencias tanto de la Nación como de las Entidades Territoriales”.

Por su parte, Diego Fernando Echavarría, secretario de educación de Envigado, resaltó la labor realizada en el municipio, pues hace un año fueron considerados un caso de éxito a nivel nacional  por su buena ejecución del Programa.

“Nosotros tenemos un trabajo de articulación, la Secretaría de Obras Públicas, nos ayuda con la adecuación de infraestructura y la Secretaría de Salud, opera y desarrolla el programa, estos son ejemplos de la articulación que existe entre las diferentes dependencias para desarrollarlo de manera adecuada”.

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El municipio, según Echavarría, se ahorra el 30% de lo que cuesta el PAE pues en cada institución educativa se preparan los alimentos evitándose el transporte de estos.

“Yo creería que lo más importante es poder mirar las diferentes prácticas que hay en diferentes municipios y tratar de replicarlas en las regiones. Es más fácil replicar buenas prácticas que hacer políticas nacionales que en lugares como envigado tal vez no funcionen”.